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Índices delictivos: datos oficiales

04 de agosto, 2010
Rubén Aguilar Valenzuela

El gobierno federal suspendió su acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), para medir los índices delictivos del país. Los datos oficiales serán generados en el futuro de manera exclusiva por el INEGI.

El gobierno federal suspendió su acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), para medir los índices delictivos del país. Los datos oficiales serán generados en el futuro de manera exclusiva por el INEGI.

La autoridad está en su derecho y nadie duda de la seriedad del INEGI, pero esta decisión, en las actuales condiciones del país, se presta a la sospecha de que tiene como objeto “controlar” las cifras que se producen en esa materia.

El ICESI está integrado por especialistas de instituciones como la UNAM y el ITESM. Desde el 2002 elabora las encuestas nacionales de inseguridad con una metodología avalada por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD).

La decisión inesperada (el punto no estaba en la agenda del Consejo Nacional de Seguridad Pública del pasado 3 de julio) provocará que los índices “oficiales” sean puestos en duda por los investigadores, los medios, la ciudadanía y los organismos internacionales.

Una docena de organizaciones ciudadanas que trabajan los temas de la inseguridad, entre ellas México Unido, Causa Común, México SOS, Transparencia Mexicana y el Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, publicaron el pasado 29 de julio un desplegado donde se oponen a la decisión.

En él expresan su “absoluto desacuerdo con la decisión de excluir a la sociedad civil de la medición de la criminalidad, para dejar que sean sólo las autoridades las que se evalúen a sí mismas en materia de seguridad pública”. Tienen razón.

La medida muestra la incomprensión del gobierno al papel de la sociedad civil organizada en la construcción de lo público. Esta falta de claridad lo ha llevado ya en otras ocasiones a tomar decisiones que atentan contra el desarrollo de la sociedad civil, actor fundamental en la sociedad del siglo XXI.

La exclusión de las organizaciones ciudadanas es señal, como lo aseguran los firmantes del desplegado, de que “deliberadamente se busca terminar con el contrapeso que la sociedad civil representa para la confiabilidad de las mediciones del fenómeno criminal”.

El gobierno del presidente Calderón con su decisión pierde una herramienta confiable, que le era útil, para medir los índices delictivos del país y de cada una de las entidades federativas. Pierde también, eso es más grave, la confianza de las organizaciones ciudadanas que trabajan en el tema.

En el mundo, sobre todo en los países desarrollados, la sociedad civil organizada ocupa cada vez, con el beneplácito de los gobiernos, mayores espacios en el diseño, seguimiento, ejecución y evaluación de las políticas públicas. El gobierno mexicano camina en la dirección contraria.

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