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¿Por qué es necesario un nuevo marco legal?

17 de marzo, 2010
Javier Esteinou

El contexto de “apertura política” que creó en las últimas décadas en México el proyecto económico político modernizador de la globalización, especialmente de 1980 a la fecha, modificó sustancialmente diversas áreas estratégicas para resolver las contradicciones que se presentaban entre el marco jurídico vigente y el proceso de desarrollo interno para producir nuevas condiciones favorables para la expansión económica nacional y mundial. Así, se transformaron las relaciones entre el Estado y la Iglesia, la regulación del ejido, la inversión extranjera, la transparencia del gobierno, la innovación educativa, la reforma política, la legislación electoral, el marco ecológico, los procesos fiscales, las reglas electorales, la organización del gobierno, etcétera, excepto la estructura de la comunicación electrónica colectiva del país.

Durante más de 35 años, diversos sectores académicos, organizaciones sociales, comunicadores, trabajadores de los medios, legisladores y ciudadanos, a través de diversas instancias, propusieron múltiples vías para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRyTV) y la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT); no fueron consideradas por el Estado. Hasta la primera década del siglo XXI en México, ninguno de los reclamos básicos de la sociedad civil al respecto fueron contemplados por el proyecto del mercado y del poder. Lo único que aceptó parcialmente el Estado fue el introducir algunas transformaciones lights como fueron la reglamentación para la oferta de nuevos servicios de telecomunicaciones, el parche a algunas realidades jurídicas menores de la radiodifusión, la protección parcial a los comunicadores, la precisión jurídica para la incorporación de nuevas tecnologías, la difusión de temáticas novedosas, la inclusión de un débil y condicionado derecho de réplica, el impedimento para que los partidos políticos no compren directamente tiempo a las empresas de comunicación en los procesos electorales, pero que no modificaron la médula de la estructura monopólica, concentrada y autoritaria del sistema de comunicación nacional. Nunca se consideraron los diagnósticos, las demandas e iniciativas democratizadoras fundamentales que presentó la sociedad civil para propiciar el cambio plural e incluyente de las políticas de comunicación, pues la enorme mayoría de ellas fueron negadas, menospreciadas, desconocidas y marginadas por la esfera del poder gubernamental.

Con ello, el Estado desconoció que en la sociedad moderna los medios de difusión colectivos son la base de la existencia del principal espacio público contemporáneo, y que por consiguiente, dichas instituciones debían estar normadas por las necesidades e intereses de crecimiento de la sociedad, y no sólo por los apetitos del mercado autorregulado o por los intereses del poder político en turno.

La imposición de la Ley Televisa

Pese a la existencia de diversas iniciativas ciudadanas, sorpresivamente el 1 de diciembre del 2005 se aprobó en la Cámara de Diputados, vía fast track, un proyecto de Reforma a la LFRyTV y a la LFT denominado popularmente Ley Televisa que fue presentado y dictaminado en 8 días, apoyado por la unanimidad de los diputados, aprobado en 7 minutos, sin mociones a favor o en contra, ni abstenciones y sin destacar la trascendencia de la misma.

Más adelante, sin tomar en cuenta la existencia del anterior proyecto ciudadano de Iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión que ya se encontraba desde hacía tres años en el Senado en proceso de análisis y discusión por las Comisiones Unidas de Comunicaciones, Gobernación y Estudios Legislativos; la Cámara de Diputados envió a la Cámara Alta la nueva propuesta denominada Iniciativa que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión que ya había sido aprobada, vía fast track, por la unanimidad de su pleno. Así, el 30 de marzo del 2006, un sector mayoritario de legisladores a favor de la Ley Televisa aprobó el mismo proyecto de reforma en el Senado sin ninguna cirugía mayor, ni discusión de las severas intervenciones en contra que presentaron los legisladores de oposición que la cuestionaron profundamente.

Posteriormente, haciendo caso omiso de las numerosas peticiones de los múltiples grupos sociales que demandaron que el Poder Ejecutivo vetara la Ley Televisa, el presidente Fox publicó el 11 de abril del 2006 en el Diario Oficial de la Federación la nueva LFRyTV y la LFT para dar reconocimiento oficial y colocarla en plena vigencia jurídica. De esta forma, siguiéndola misma estrategia que adoptaron los gobiernos priistas durante muchas décadas al aprovechar la “Semana Santa” como momento protegido para anunciar las fuertes devaluaciones del peso, se utilizó este mismos período vacacional donde la población se encontraba muy distraída por el descanso y la celebración de las ceremonias religiosas, para publicar dicha Ley.

Así emergió en México un marco jurídico desigual regido por la lógica salvaje de la acumulación que protegió a los monopolios privados y que formuló que la radiodifusión y las telecomunicaciones debían de regirse exclusivamente por los mecanismos autorregulatorios de la mano invisible del mercado, que fija la relación de oferta y demanda entre productores y consumidores y no por los principios rectores del Estado. Pero el Poder Judicial de la Federación cobró conciencia de ese gravísimo error y detuvo su avance. El 7 de junio del 2007, la Suprema Corte de Justicia anuló los aspectos centrales de la Ley Televisa y colocó el mandato de la Constitución en el terreno de la comunicación social por encima de los intereses de los poderes fácticos. Con esa resolución la sociedad no asistió a un hecho coyuntural más de la burocracia legal, sino que presenció un evento de enorme trascendencia que contribuyó significativamente a colocar nuevamente al Estado como instancia rectora del proceso de comunicación del país.

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