etcétera. Revista sobre medios de comunicación y periodismo

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Rendición de cuentas

27 de octubre, 2006
José Ramón López Rubí Calderón

La democracia es el régimen político en el cual los ciudadanos eligen por medio de elecciones periódicas, competitivas, equitativas e imparciales a sus representantes y en cuyo interior, además, pueden existir mecanismos institucionales y extrainstitucionales para hacerlos responsables (make them accountable) frente a la sociedad toda por sus acciones públicas.

En este sentido, la relación entre la democracia y la rendición de cuentas (accountability) es clara e indiscutible: en presencia de la primera existe la segunda1 y la acción de la segunda refuerza y agrega valor a la primera. Evidentemente, la calidad de una democracia está dada en función del grado de rendición de cuentas alcanzado: un sistema en el que los agentes públicos rinden cuentas es campo fértil para la representación política democrática y la legalidad (y el Estado de derecho), elementos que, por su parte, son campo fértil para la reciprocidad (responsiveness) de las autoridades para con los gobernados y el crecimiento económico. Pero, ¿cuáles son los factores de la generación de rendición de cuentas? Los más claros, en términos empírico-históricos, son las particularidades y cualidades institucionales del sistema de gobierno y del sistema electoral, así como su interacción con el sistema de partidos. Sin embargo, las últimas décadas de vida del mundo democrático han arrojado como nuevo factor un elemento y práctica cuya presencia está en expansión: el acceso a la información pública.

Lamentablemente, y de forma un tanto paradójica, el acceso a la información pública no ha sido merecedor de la mejor atención académica dentro de las ciencias sociales. La ciencia política, en especial, lo ha ignorado sistemáticamente, no obstante su relación con la rendición de cuentas, uno de los objetos de estudio preferidos de los politólogos de inspiración neoinstitucionalista. Este texto es, simple y llanamente, una reacción politológica a dicha situación, con un enfoque y un objetivo teóricos.

La rendición de cuentas: ¿qué es?
De acuerdo con el notable politólogo Andreas Schedler, la rendición de cuentas tiene una definición bastante asequible: “A rinde cuentas a B cuando está obligado a informarle sobre sus acciones y decisiones, a justificarlas y a sufrir el castigo correspondiente en caso de mala conducta” (Schedler, 2004). Y siguiendo los términos de la conocida taxonomía del politólogo Guillermo O’Donnell (1994 y 1999), la rendición de cuentas presenta dos modalidades: la horizontal o entre iguales y la vertical o entre no iguales. De esta forma, la rendición de cuentas no es sino un mecanismo(s) de provisión de datos y argumentos de arriba hacia abajo y a los lados, así como de emisión de sanciones en las mismas direcciones.

La rendición de cuentas horizontal suele reducirse a la división de poderes en tanto que plataforma de lanzamiento del control interinstitucional de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Gracias a ella, entre todos los poderes públicos existe una relación de supervisión y limitación.

Por su parte, la rendición de cuentas vertical es de dos tipos: social (Smulovitz y Peruzzotti, 2000) y electoral. El tipo social consiste en el desempeño de los medios de comunicación y la sociedad civil2 como fiscalizadores de los detentadores del poder políticopúblico mediante la investigación y denuncia sobre sus actividades.3 El tipo electoral remite al castigo retrospectivo de los ciudadanos a sus representantes a través de la reelección legislativa inmediata: dar o negar la reelección por medio de los votos.

Situación del acceso a la información pública
Una centena de países (Villanueva, 2004), sean democracias nuevas o consolidadas, electorales o liberales, ha legislado el derecho fundamental de acceso a la información pública, en 62 de ellos (Banisar, 2004) se han aprobado leyes reglamentarias que aseguran el ejercicio del derecho a saber de la res publica4 y existen alrededor de 30 proyectos nacionales de ley en espera de aprobación. El caso pionero y paradigmático es el de Estados Unidos: tras diez años de discusión en el Congreso y de los medios con el Legislativo, en 1966 se promulgó la avanzada FOIA o Freedom of Information Act (Ley de Libertad de Información).5

En México, a partir de 1977 el artículo sexto de la Constitución enarboló una promesa: “el derecho a la información será garantizado por el Estado”. Pero dicha cláusula fue letra muerta desde su creación hasta después del final de la transición del autoritarismo a la democracia. En 2002, el Congreso de la Unión aprobó por unanimidad la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dotando al citado artículo de pleno significado en el idioma democrático.6 Asimismo, en 29 estados se han creado disposiciones que, en mayor o menor medida, ofrecen garantías del acceso a ella.7

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