Falla el tribunal sobre UNEFON

El pasado 8 de enero en El Universal, Gabriel Sosa Plata escribió:

“...el grupo de funcionarios de la SCT, encabezados por Jorge Álvarez Hoth, que participaron, dos días antes que terminara el sexenio de Vicente Fox, en la entrega de 550 millones de pesos por concepto de devolución de impuestos cobrados a la empresa Sistemas Profesionales de Comunicación, S.A. de C.V., conocida actualmente como Unefon, han sido exonerados”.

Y luego aseguró:

“La polémica decisión se tomó a fines del año pasado bajo la sombra de una serie de intereses personales, profesionales y relaciones familiares sobre las cuales le platicaré próximamente”.

A la fecha, han transcurrido 14 días sin que Sosa Plata documente su acusación aunque, el 22 de enero en El Universal, implícitamente reconozca su error al haber empleado el término “exonerar”, como aquí lo señalamos, dado que ninguno de los funcionarios implicados fueron procesados legalmente:

“La SFP inició la investigación, pero sus resultados no se han dado a conocer. En todo caso, aun cuando la SFP hubiese fincado responsabilidades a Jorge Álvarez Hoth, María de la Luz Ruiz Mariscal, Genaro Jiménez Montúfar y Leonel López Celaya, se cumplieron tres años del hecho y el periodo legal para establecer las sanciones correspondientes. Todo indica que el caso fue archivado. Le seguiré informando.”

Con todo, el término “hubiese” ahora se emplea con el cuidado de ya no asegurar lo que antes el articulista informó con contundencia. Además, Sosa Plata no menciona que el informe de la Auditoría Superior de la Federación, que etcétera tiene en sus manos, señala 21 recomendaciones y que 20 de éstas se refieren a la administración de Javier Lozano y una a las autoridades de la SCT en el periodo presidencial de Vicente Fox por no haber recabado un finiquito que, en realidad, si existió porque ante la ley aplicable la transferencia electrónica con que se le devolvió el dinero a UNEFON constituye un recibo, además de que la empresa reconoció por escrito que le habían devuelto el monto de 550 millones de pesos y que le faltaban por recibir 46 millones de pesos. Esto, insistimos, derivado de la sentencia que decretó ilegal el cobro de intereses hecho por la administración de Javier Lozano.