Unefon y el tribunal de los medios

Los medios de comunicación no emiten resoluciones legales sino que, más bien, en la esfera de sus funciones las comentan desde la perspectiva que sea. Con esa definición ética y profesional, etcétera abordó el litigio entre la empresa Unefon y el Gobierno Federal difundido en los primeros meses de 2008 y que usted puede consultar aquí mismo.

 

Los hechos son:

 

-- El 20 de abril de 2006, una sentencia definitiva emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa determinó que fue ilegal el cobro de intereses que el Gobierno Federal fijó a Unefon durante el respectivo proceso de licitación, ocurrido entre junio de 1998 y el último trimestre de 1999. A diferencia de esa resolución legal, los funcionarios implicados en esas decisiones consideraron que su actuación fue apegada a derecho, como consta en el documento que etcétera publicó en mayo de 2008.

 

--En la fecha señalada, el ya dicho Tribunal mandató al gobierno para que regresara el pago de intereses que hizo Unefon. En noviembre de 2006 la telefónica obtuvo un primer monto de 500 millones de pesos y los faltantes 46 serían entregados un año después. La nueva administración federal, en particular, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, heredó un problema generado en años anteriores y debió cumplir con ese mandato de ley.

 

--Otro asunto tiene que ver con la demanda que entabló Unefon el 6 de junio de 2007, con la que buscó que se actualizara el monto del pago de intereses y lo fijó en tres mil millones de pesos.

 

--La Auditoría Superior de la Federación revisó todo este proceso y concluyó, a finales del año pasado, que el pago hecho por la SCT era un mandato de ley, es decir, que no existió alguna anomalía al respecto.

 

--Esas resoluciones forman parte del ámbito legal cuyas resoluciones en última intancia son definitivas.

 

-- En la esfera mediática ocurrió otra dinámica, como es natural, y en ésta se suscitaron diversas opiniones condenatorias o absolutorias de la

responsabilidad de los funcionarios, en particular, de quienes en 1998 integraron la Comisión Federal de Telecomunicaciones, entre quienes se encuentra Javier Lozano, ahora titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. En ese tribunal mediático también fueron involucrados otros funcionarios, como Jorge Álvarez Hoth, quien fuera subsecretario en la SCT. Un ejemplo representativo de lo que en etcétera consideramos como excesos ocurrió el viernes 8 de enero en El Universal, en el texto de Gabriel Sosa Plata:

 

“*EXONERAN A FUNCIONARIOS DE SCT *

“Resulta que, contra todos los pronósticos, el grupo de funcionarios de la SCT, encabezados por Jorge Álvarez Hoth, que participaron, dos días antes que terminara el sexenio de Vicente Fox, en la entrega de 550 millones de pesos por concepto de devolución de impuestos cobrados a la empresa Sistemas Profesionales de Comunicación, S.A. de C.V., conocida actualmente como Unefon, han sido exonerados.

 

“La polémica decisión se tomó a fines del año pasado bajo la sombra de una serie de intereses personales, profesionales y relaciones familiares sobre las cuales le platicaré próximamente”.

 

En nuestra opinión el término “exoneran” es incorrecto ya que ni Jorge Álvarez Hoth ni los ex funcionarios de la Cofetel como Javier Lozano Alarcón, fueron sujetos de algún proceso legal. Además consideramos que no es adecuado afirmar que eso sucedió “contra todos los pronósticos”, porque hasta donde sabemos no existieron pronósticos al respecto, al menos no en la esfera pública. No obstante tales inconsistencias, el suspenso con el que termina la nota abre paso a la responsabilidad del periodista de probar lo que afirma.