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Carmen Aristegui

30 de enero, 2008
Miguel Ángel Granados Chapa



Es de esperar que concesionarios inteligentes planteen a la periodista cuyo contrato no fue renovado por XEW el 4 de enero, condiciones admisibles para que reasuma su tarea, cuya interrupción no fue sólo un acto de censura sino un agravio para los radioescuchas

Carmen Aristegui se encuentra hoy en Madrid. Es miembro del jurado que anunciará mañana los ganadores de los premios internacionales de periodismo Rey de España, en su vigesimoquinta edición. Al certamen convocan la Agencia Española de Cooperación Internacional, a cargo de la secretaria de Estado, Leire Pajín, y la agencia EFE, encabezada por Álex Grijelmo, un gallardo promotor de la lengua que nos es común, y que antes de presidir la empresa estatal de noticias fue director de contenidos del Grupo Prisa.

Además de la periodista mexicana integran el jurado, presidido por Pajín y Grijelmo, Lucy Molinar, de la W panameña; Silvia Miró Quesada, de El Comercio de Lima; Jaime Abello, director ejecutivo de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (la iniciativa de Gabriel García Márquez patrocinada por Lorenzo Zambrano); el diplomático israelí Shmuel Hadas, y Elarbi El Harti, del Instituto Cervantes en Casablanca, Marruecos.

Carmen Aristegui fue invitada por su trayectoria propia, no por su pertenencia a W Radio en México. De lo contrario, se habría cancelado su participación en el jurado, ya que el 4 de enero la emisora manejada por el grupo español Prisa (según confesó paladinamente su socio mexicano Televisa) resolvió no renovar el contrato anual que cuatro veces antes se había revalidado sin problema y con pleno asentimiento de las partes. La presencia de la comunicadora mexicana en Madrid es una muestra más del respeto que en los ámbitos nacional e internacional de la información se profesa a su persona y a su trabajo.

En México, la conclusión de sus tareas cotidianas en W Radio ha dado lugar a una reacción amplia y firme del auditorio que se manifiesta agraviado por la decisión empresarial que lo privó de una voz confiable, rasgo no frecuente en un medio donde abunda el mercenarismo. En miles de mensajes dirigidos a la propia periodista o incluidos en páginas de la red destinadas a conocer la posición del público respecto de temas cruciales se ha expresado, además de indignación por lo que se juzga un acto de censura, dada la calidad y la independencia del programa encabezado por Carmen, desazón y desconcierto por las torpes decisiones empresariales de la administración española. Cuando hace siete años Prisa incluyó a México en su plan de crecimiento en América Latina y Estados Unidos, y se asoció para ello con Televisa, se explicó que su participación de 50 por ciento (en una industria donde está prohibida en lo absoluto la inversión foránea) se había hecho mediante la fórmula de acciones neutras, admitidas en la Ley de Inversión Extranjera y que por definición no participan en las operaciones sino sólo reciben rendimientos. En una comunicación destinada a su propia defensa, a rechazar "injerencia alguna en la terminación de la participación de Carmen Aristegui en W Radio", campanuda, explícita, cínicamente Televisa reconoció que en esa emisora "las decisiones editoriales... se han acogido a los códigos y lineamientos del consorcio español" que, conforme a la ley, sólo debía limitarse a aportar dinero. Tras esa confesión, la posición jurídica de Televisa quedaría en la precariedad si no fuese uno de los más fornidos poderes fácticos en nuestro país, pues su confesión implica varias violaciones a la legislación vigente, que suponen la revocación de la concesión respectiva.

El público que escuchaba la emisión matutina de Hoy por Hoy ha ido cobrando conciencia paulatinamente de que se lesionó el derecho de la periodista a expresarse pero también, y con igual gravedad, el derecho de los oyentes a escucharla. Por eso, como reacción inicial, buena parte del auditorio ha dejado de serlo, ha dejado de sintonizar esa emisora. Los más activos de los oyentes ofendidos promueven declarar expresamente ese alejamiento mediante calcomanías y otras formas de comunicación gráfica con la fórmula: ¿Sigues oyendo a W? Yo tampoco. Otro número importante de escuchas ha asistido a mesas redondas y a un mitin donde se examinan las implicaciones del "Caso Aristegui", como ya se llama al fenómeno en que el despido de la comunicadora empequeñece ante la magnitud de la solidaridad, respeto y afecto expresados a la periodista.

Hace ya casi cuatro semanas que Carmen Aristegui está fuera del aire (aunque conserva la entrevista diaria para la cual la llamó CNN en español, y que se transmite en televisión de paga, por cable o por satélite). Es un lapso prolongado en exceso que no ha surtido el efecto, esperado en éste como en casos similares por las conciencias canallas, de que el asunto se olvide y deje de generar consecuencias. Pero cada día que pasa hace crecer el agravio que se infirió a la periodista sí pero también y en igual medida a su público.

A pesar del deplorable escenario de la radiodifusión mexicana, es de esperar que no falten concesionarios con buen sentido de los negocios que aprecien la invaluable oportunidad de incorporar a sus frecuencias, en una sola operación, a una prestigiada comunicadora que ha mostrado ser en la adversidad aun más digna que en su trabajo cotidiano, y al público que la acompaña. Pero si así no fuera, ese auditorio está generando ya iniciativas para restituirse el derecho de recibir la información a que los acostumbró el profesionalismo de Carmen. Se dan ya los primeros pasos para organizar una sociedad mercantil que con la más amplia participación social esté en condiciones de practicar nuevas formas de acceso a la información.


Cajón de Sastre

El asesinato del juez tercero penal de Monterrey, Ernesto Palacios López, ocurrido en San Nicolás de los Garza en Nuevo León, y la impunidad que una semana después lo encubre, inevitablemente remite al recuerdo de dos magistrados federales a quienes pistoleros profesionales asesinaron en Mazatlán el 11 de noviembre de 2001. Jesús Alberto Ayala Montenegro y Benito Andrade Ibarra -y María del Carmen Cervantes, esposa de uno de ellos- fueron ultimados en el malecón de ese puerto sinaloense sin que hasta la fecha, según mis registros, se haya sabido quiénes los ultimaron. Quizá es una exigencia excesiva esperar que sólo siete años más tarde pueda resolverse ese crimen, porque tal vez haya que esperar un tiempo mayor, como el transcurrido entre el 24 de mayo de 1993 en que fue muerto a tiros el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y el 26 de enero de 2008 en que fue detenido uno de los autores materiales de ese crimen. De modo que no hay que perder la esperanza.

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