La verdad sobre las violaciones graves a derechos humanos

El sexenio de Felipe Calderón y la guerra contra el narcotráfico fue el escenario de una película sangrienta en la que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

Ana Cristina Ruelas

12 de septiembre 2013

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El sexenio de Felipe Calderón y la guerra contra el narcotráfico fue el escenario de una película sangrienta en la que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos; asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas detenciones arbitrarias, y tratos crueles, inhumanos y degradantes, fueron el guión que siguieron autoridades y agentes de Estado en los tres niveles de gobierno.

Desde la reforma en 2007 para garantizar el derecho de acceso a la información y elevarlo al rango de derecho fundamental, se reconoció la necesidad de divulgar información de trascendencia social como las violaciones graves a derechos humanos y a partir de entonces, se ha determinado -en numerosos casos- su publicidad.1 Sin embargo, a pesar de la progresividad en la interpretación del derecho de acceso a la información que en algún momento se vivió, actualmente existen grandes obstáculos para acceder a documentos relacionados con este tipo de hechos.

El derecho a la verdad, también conocido como derecho a la información, es un derecho de todas las víctimas de violaciones graves a derechos humanos y hace referencia a la obligación de los estados de proporcionar información a éstas, a sus familiares y a la sociedad en general, sobre las circunstancias en que se cometieron. Tenemos derecho a saber qué paso y qué está haciendo nuestro gobierno para que no vuelva a pasar.

En agosto de 2010, grupos del ejército encontraron los cuerpos asesinados de 72 migrantes en San Fernando. La noticia sacudió a la población, todos los medios de comunicación hablaban de los hechos, las organizaciones internacionales emitieron comunicados de atención al gobierno federal e hicieron pública su preocupación. Asimismo, la sociedad civil exigió al gobierno tomar cartas en el asunto a fin de encontrar a los culpables, garantizar el derecho de las víctimas del acceso a la justicia y la reparación del daño y otorgar la información suficiente sobre el seguimiento del caso.

Desde hace ya varios años organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas habían advertido sobre el secuestro de personas en situación de migración de México en su camino al país del norte.

En diciembre de 2011 ARTICLE 19 México realizó una solicitud de información a la Procuraduría General de la República (PGR) para conocer la averiguación previa (en trámite) respecto a la masacre de 72 migrantes en San Fernando Tamaulipas ocurrida en el año de 2010. La intención de ARTICLE 19 fue fortalecer el acceso a la información en aquellos casos en los que la duda sobre la existencia de violaciones graves de derechos humanos, impidieran su divulgación para privilegiar el principio de máxima publicidad. Sin embargo, tanto la PGR como el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) negaron su acceso y las autoridades competentes como el Poder Judicial o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la fecha, no han determinado sobre la existencia de violaciones graves a derechos humanos en el caso de San Fernando.

Después del lamentable suceso, diversos comunicados de prensa emitidos por la PGR informaron someramente sobre los avances de las investigaciones o sobre los presuntos responsables; tres años después la averiguación previa sigue en curso y no existe respuesta alguna para los familiares de las víctimas o la sociedad.

El contexto que enmarca el caso de la masacre de San Fernando, habla de la necesidad de una explicación por parte del Estado a la sociedad sobre su política de protección a migrantes y también de las investigaciones que se han llevado a cabo a partir de esta. El Estado debe rendir cuentas a la sociedad sobre las acciones que ha realizado para que estos hechos no queden impunes. Es necesario que la ciudadanía pueda hacer un escrutinio de la actuación de su gobierno ante hechos gravosos que marcan la historia. Sin el conocimiento de la verdad no hay confianza ni seguridad.

Nota:

1 En los últimos años se ha hecho pública la averiguación previa del Caso Radilla, información relacionada con el caso del Campo Algodonero, información relacionada con el caso de Tlatelolco, entre otros.

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