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Concesiones

01 de octubre, 2005
Felipe Vicencio Álvarez



"Como es de su conocimiento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes participa en la Mesa de Diálogo para la Revisión Integral de la Legislación de Medios Electrónicos (...). El objeto de esta Mesa de Diálogo es, entre otros, acotar la discrecionalidad no sólo para el otorgamiento de concesiones sino también para permisos en materia de radio y televisión y definir los requisitos que deban cumplir los interesados en usar frecuencias y canales de radiodifusión. En razón de lo anterior, y una vez que se concluya esta revisión, se sugiere presentar la solicitud correspondiente."

Así respondía hace más de tres años el director general de Sistemas de Radio y Televisión de la SCT a la petición de una concesión que un año antes presentó una organización que pretende operar una frecuencia radiofónica de FM.

 

 

Lo que ocurrió unos meses después de esta comunicación es público y lamentable. Una funesta decisión de la autoridad federal -en coordinación con la CIRT- dio la puntilla a un esfuerzo que poco a poco se había ido abriendo paso durante los primeros meses de la administración foxista. La "revisión integral" de la legislación de medios electrónicos -que las propias autoridades en apariencia promovían y consideraban necesaria- fue aplastada por el golpe artero de un decreto presidencial, confeccionado al gusto de las grandes empresas de los medios electrónicos.

Años antes, en vísperas del proceso electoral en que triunfó Ernesto Zedillo, las autoridades federales habían llevado a cabo el que ha sido el más reciente otorgamiento de concesiones radiofónicas. Una hábil maniobra conducida por el secretario Emilio Gamboa Patrón distribuyó estratégicamente los caramelos, y la fiesta se llevó en paz.

Casi 11 años después, nuevas autoridades -cuyo arribo al poder fue posible por la esperanza de cambio- aprestan una nueva canasta de caramelos sin que se hayan modificado las reglas del funcionamiento de los medios electrónicos. La mesa instalada para "acotar la discrecionalidad para el otorgamiento de las concesiones", según afirmó la propia autoridad, fue desmantelada antes de que terminara su tarea. Ante la indisposición para ajustar la ley y favorecer una nueva institucionalidad en la materia, el gobierno procede a institucionalizar el intercambio de favores.

Desde hace algún tiempo se habla, e incluso se lee en algunos medios impresos como etcétera, del inminente otorgamiento de combos radiofónicos al viejo estilo. Sin embargo, al paso de los días la ostensible discrepancia entre la SCT y Gobernación respecto de esta materia ha ocasionado por lo pronto una demora, y no sería improbable la suspensión de tal proceso. Según parece, los intereses particulares que desde algunas áreas de la SCT se tutelan sin pudor encontraron un dique en la Secretaría de Gobernación. Pero no se crea que tal freno obedece a la preocupación de los responsables de la política interior por resolver previamente la definición de nuevas reglas en la materia, necesaria para garantizar equidad y el resguardo de los intereses de la sociedad; no, se ha debido fundamentalmente a la dificultad de las autoridades para armonizar los intereses de los virtuales beneficiarios (los de siempre) con los de quienes quedarían al margen de la repartición y reclaman enérgicamente al gobierno su rebanada del pastel.

Es cierto que el anterior titular del área de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación fue sensible a la necesidad de cautela en el otorgamiento de concesiones y a la exigencia de pluralidad en el espectro radioeléctrico. Así lo demuestra el hecho de que durante su gestión se hayan liberado por fin los permisos para 11 radiodifusoras cuyos derechos se habían venido bloqueando arbitrariamente. Sin embargo, el proceder general de la autoridad no se ha identificado con esta actitud.

La próxima celebración de la asamblea de la CIRT ha vuelto a alentar la expectativa de que en tal marco se podría hacer el anuncio gubernamental, del mismo modo en que la tradición ha hecho del día del maestro la ocasión para anunciar el incremento salarial para el gremio, como un estímulo y reconocimiento a su labor en bien de México.

No sabemos qué pueda ocurrir en torno a la referida asamblea. Pero lo que ya ha ocurrido confirma la pertinencia de seguir impulsando una reforma a la ley de radio y televisión que acote esa discrecionalidad que la propia autoridad reconoce que prevalece en las condiciones actuales y que, por incapacidad o irresponsabilidad, ha rehuido impulsar.

Es una incongruencia inaceptable que la falta de reglas claras en la materia sea el argumento utilizado como pretexto para rechazar la apertura del espectro radioeléctrico a nuevos y valiosos proyectos de comunicación, mientras que la misma carencia sea aprovechada para otorgar discrecionalmente frecuencias sin más consideración que el cálculo político y el intercambio de favores. En un país en el que se recurre obsesivamente en el discurso a la reivindicación del Estado de derecho, no es aceptable que el otorgamiento de concesiones o permisos esté a merced de la capacidad de presión de los interesados o de los afectados, ni tampoco de la eventual buena disposición de la autoridad en turno.

Ni el congelamiento de las concesiones anunciadas, por incapacidad de conciliar los intereses, ni la institucionalización del intercambio de favores que representaría la liberación de un nuevo paquete de frecuencias de radio al amparo del deficiente marco jurídico vigente, cancelan la urgente necesidad de una reforma a fondo a la Ley Federal de Radio y Televisión.

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