11 de septiembre: ocho años después

El 11 de septiembre es una fecha cabalística. Fue un 11 de septiembre -de 1973-, que se produjo el tristemente célebre golpe de Estado en Chile, en que se depuso al Presidente Salvador Allende. Fue un 11 de septiembre –de 2001- que Estados Unidos fue victimado en su propio territorio por ataques terroristas presumiblemente perpetrados por la organización Al-Qaeda. Fue también un 11 de septiembre –de 2003- que la Ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Anna Lindh, pereció luego de ser agredida a puñaladas en una tienda de ropa en pleno centro de Estocolmo. Pareciera entonces que cada 11 de septiembre ocurren hechos lamentables que modifican el curso de la historia.

En el caso de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 el saldo, más allá de las poco más de tres mil personas que perecieron en las torres gemelas del World Trade Center, fue que Estados Unidos apareció ante el mundo como un país vulnerable al que era posible agredir en su propio territorio. El vencedor de la guerra fría, la única nación indispensable –como presumía años antes el Presidente William Clinton- proyectaba debilidad. El mundo se preguntaba qué tanto se podía confiar en la llamada primera potencia mundial para garantizar la seguridad internacional ante acontecimientos que evidenciaban que ella misma no podía velar por su propia seguridad.

Estados Unidos, para revertir el daño, señaló al terrorismo internacional como el responsable de lo sucedido y a Al-Qaeda como artífice de los ataques perpetrados en su contra. Acto seguido, inició una cruzada en la que contó con la solidaridad internacional para atacar Afganistán, bastión de los talibán, presuntos protectores de Al-Qaeda. La comunidad de naciones cerró filas con Washington, proclamando al terrorismo como el mayor flagelo para la humanidad, adoptando medidas a nivel interno para tipificar delitos como el financiamiento al terrorismo, arrestar por simple sospecha a quien se considerara que estuviera involucrado y/o pudiera proporcionar información sobre presuntas actividades terroristas, etcétera. En aras de la seguridad se restringió la libertad. Las naciones, en principio, estuvieron de acuerdo en ello.

Pero dos años después, Estados Unidos erró el camino y decidió atacar Irak. A diferencia de los talibán en Afganistán, Saddam Hussein no protegía a miembros de Al-Qaeda. Tampoco había estado involucrado en los ataques terroristas del 11 de septiembre. Mucho menos poseía armas de destrucción en masa, ni planeaba iniciar las hostilidades contra Estados Unidos ni sus aliados –como Israel. Pese a la falta de argumentos para justificar una cruzada militar contra Irak, Estados Unidos decidió, el 20 de marzo, iniciar la invasión, la cual dilapidó buena parte del consenso internacional ganado desde finales de 2001. El disenso quedó de manifiesto en las primeras semanas de 2003, cuando Estados Unidos buscó, de manera infructuosa, el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a una resolución que lo facultara a usar la fuerza contra Irak. Agotada esa instancia, no tuvo más remedio que buscar el apoyo de un reducido número de sus aliados para justificar lo injustificable.