Demanda 132: Derecho a la información

Mucho se ha hablado en días recientes de la emergencia de la participación ciudadana en México, en particular la de los jóvenes, a quienes se ha pretendido, equivocadamente a mi juicio, justificar su acción como resultado de una empatía con tintes partidistas, cuando lo que se está evidenciando conforme adquiere mayor amplitud dicho movimiento es, precisamente, un reclamo a la clase política en conjunto, que no ha sabido representar a quienes en algún momento, le otorgaron la confianza de su voto.

Más allá de lo acontecido en la Iberoamericana donde el candidato del PRI fue cuestionado fuertemente por los estudiantes, llama la atención que fue la cobertura mediática a dicho acontecimiento, lo que detonó la movilización estudiantil en redes sociales inicialmente, y luego en las calles. La demanda que ha tomado cada vez mayor auge en esta comunidad, y que otros grupos sociales ya habían enarbolado pero con menos fuerza es concreta: información objetiva y veraz, derecho a la información.

Era previsible que con la alternancia política en el 2000, se sumaran otras demandas sociales vinculadas con la expansión y protección de los derechos humanos en nuestro país. Todo ello era previsible, lo único que desconocíamos era la forma y momento en que dichos reclamos se manifestarían.

Quizá equivocadamente faltó sensibilidad por parte del gobierno y de los propios partidos políticos para percibir que la sociedad no se conformaría más con circunscribir su participación a las jornadas electorales, mucho menos cuando su expectativa democrática era, precisamente, la expansión de sus derechos.

El reclamo de estos jóvenes, más allá de su calidad estudiantil o no, se ha orientado a exigir una información veraz de lo que acontece en el país. Su indignación surge de lo que ellos consideran una visión parcial y distorsionada de los hechos por los medios masivos de comunicación, que en su ánimo por proteger a un candidato presidencial, no tuvo miramiento alguno en justificar la actuación de los estudiantes como resultado de una manipulación política.

Este menosprecio por reconocer su descontento como una expresión auténtica de libertad de pensamiento y expresión es, sin duda, uno de los principales reclamos de este movimiento. Esta visión simplista de los medios de comunicación por minimizar los reclamos ciudadanos a la autoridad, y la complacencia constante al poder en cualquiera de sus formas, es lo que agrede a los jóvenes, y a todos aquellos que se han sumado a su causa.

Resulta innecesario analizar si son “indignados” o no, o si se han “contagiado” de la efervescencia política que ha surgido en otras partes del mundo para exigir a gobiernos su dimisión o una modificación a sus políticas. La grandeza de su reclamo es su simplicidad: Información veraz, derecho a la información.

Los manifestantes de los últimos días conocen el alcance de los medios de comunicación en nuestro país y la urgencia de democratizar los mismos. Están ciertos de la parcialidad con la que las televisoras abordan la realidad del país conforme sus propios interés políticos y mercantiles.

Saben bien que para garantizar la libertad de expresión en México, es imprescindible garantizar al mismo tiempo la libertad de buscar y recibir información veraz, tal como lo disponen los instrumentos internacionales.

Ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha referido en diversas sentencias, que una condición para emitir un voto razonado, es garantizar información al ciudadano para que esté en posibilidad de formar su propio juicio.

Es en este contexto en que debe entenderse su recién petición al IFE y a la Secretaría de Gobernación, para transmitir por cadena nacional el debate presidencial, lo cual no puede calificarse como una contradicción a su demanda de apertura informativa, sino como una genuina convicción de que, con mayor información al ciudadano, éste tomará más consciencia de su responsabilidad social y, en consecuencia, asumirá una actitud proactiva para generar cambios paulatinos en su propio entorno, tan necesarios en nuestro país.

Los jóvenes de hoy que han salido a las calles han abierto sus propias vías de comunicación a través de las redes sociales, no sólo porque ello les significa una forma novedosa de relacionarse, también lo han hecho ante lo que consideran unos medios de comunicación en complicidad con la clase gobernante para ocultar los abusos de ésta por un lado, y carentes de todo compromiso social, por el otro.

Asombra ver que la preocupación de los partidos políticos, aún en estas circunstancias, se centra en analizar numéricamente si esta irrupción de los jóvenes puede alterar el resultado electoral. Los medios por su parte, reforzando la premisa de los manifestantes, siguen minimizando en sus espacios toda manifestación de descontento social, particularmente de éste que abiertamente les confronta.

Sería deseable que en un acto de madurez política, los candidatos evaluarán el compromiso que tienen frente a sí, y que los consorcios televisivos y radiofónicos dieran muestra de apertura a la crítica. La alternancia en el poder llegó en el 2000, la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental en 2002, la reforma al artículo 6 Constitucional en 2007, ¿Cuándo será la reforma que democratice los medios?, la demanda 132 lo reclama.