Iniciativa de ley para publicidad gubernamental

Buenos deseos, endebles recursos

El 8 de diciembre la senadora Dulce María Sauri presentó la iniciativa de "Ley Federal de Comunicación Gubernamental a la Ciudadanía". El objetivo es encomiable -hacer de la publicidad gubernamental razón de Estado- pero frágil por los eslabones normativos que establece para alcanzarlo.

Compartimos los motivos: regular los contenidos de la comunicación gubernamental; normar el proceso: programación, producción de materiales, contratación de medios y rendición de cuentas; designar el órgano regulador, y proveer a cualquier particular de un recurso para solicitar la intervención del órgano regulador en caso de violación a la ley.

Sin embargo, la iniciativa tiene errores y omisiones relevantes en la construcción de la norma. Entre los primeros, no atiende que al empleo de los tiempos oficiales sólo tienen derecho las Secretarías de Estado mientras que eso no ocurre con entidades paraestatales como Pemex, la CFE o el IMSS que, por cierto, son las que tienen más presupuesto para la publicidad.

La iniciativa tampoco hace un claro deslinde entre los tiempos fiscales y los tiempos de Estado, por eso ignora que, sobre esto último, el artículo 59 de la actual ley federal de radiodifusión establece: "Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar trasmisiones gratuitas diarias, con duración de hasta 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales o de orientación social". Es decir, con esos criterios la Secretaría de Hacienda no puede incorporar en ese apartado sus mensajes, además de que los tiempos oficiales son insuficientes para ello. La iniciativa no plantea alguna medida en uno u otro sentido (ampliar los tiempos oficiales o modificar el artículo 59 de la ley ya dicha) y sólo señala una generalidad -el enorme gasto en las campañas de difusión-. Desestima que el Ejecutivo cada vez tiene menos tiempos fiscales para labores de difusión y en otra omisión muy señalada, no dice qué hacer ni cómo aprovechar a los medios públicos.

El diablo está en los matices y en las omisiones

De acuerdo. La iniciativa destaca que sólo se debe informar a la ciudadanía sobre "sus derechos; obligaciones; procesos electorales y análogos, como los de participación ciudadana; funciones y servicios de las autoridades; planes y acciones de gobierno; resultados de éstos; nuevas disposiciones normativas; situaciones y medidas generales sobre seguridad pública o protección civil".

También es difícil polemizar con estas restricciones a la publicidad: "Hacer proselitismo abierto o encubierto, a favor de partido político alguno, candidatos o servidores públicos [...]; resaltar logros con propósitos propagandísticos, personalizándolos en servidores públicos; usar la imagen u otros elementos de identidad de servidores públicos o de familiares de éstos [...]".

Pero, otra vez, la insolvencia de la propuesta está en las omisiones. Una central es que no establece criterios para que el gobierno asigne publicidad a los medios (más: la iniciativa sólo alude y de manera general a los electrónicos, o sea, que no hablan ni de la prensa ni de los medios especializados ni de los otros espacios de publicidad). Pero eso sí, propone, aunque usted no lo crea, que el IFAI tenga mayores atribuciones para que, además de lo que ya hace y que es lo que le da su único sentido, sea "el responsable de calificar la licitud de los contenidos y de intervenir suspendiendo los mensajes o campañas violatorias de la ley. Igualmente, recibirá los programas e informes anuales de todos los sujetos obligados y tendrá la atribución de emitir las disposiciones administrativas necesarias que apoyen el acatamiento de la norma".

En nuestra opinión, en la naturaleza normativa de la actual estructura de Gobernación está la materia para legislar. La actual Dirección General de Normatividad de Comunicación podría afianzar sus funciones con un articulado que no deje duda de que es la única instancia para verificar campañas y autorizar su difusión en los medios que hayan cumplido con los requisitos que se le fijaron para ello (valdría la pena pensar en que esa dirección general asuma las atribuciones que ahora tiene su homóloga de Medios Impresos). Una docena de propuestas al respecto hicimos en octubre pasado, en la que también resalta la sugerencia de que se restablezca la prohibición de que se promueva la imagen de los funcionarios públicos.

En relación con la transparencia a la que apela la iniciativa de la senadora del PRI, valdría la pena recordar que ésta es obligación del gobierno para que entonces la propia Dirección de Normatividad Comunicación cumpla con la ley, como no lo ha hecho desde que asumió la responsabilidad en esa área el señor Abel Hernández quien, al mediar solicitud de etcétera, respondió que no dará información sobre lo que gastó el gobierno y en qué medios durante todo 2005. Nosotros ya hemos expresado nuestra inconformidad a través del IFAI, que para eso está.