García Luna, Cassez y la TV: ¿de quién es la responsabilidad?

En 2008, cuando quebró el sistema bancario de Islandia, Geir Haarde era Primer Ministro de ese pequeño país. Hoy está siendo procesado bajo la acusación de negligencia porque irresponsablemente no tomó las decisiones adecuadas para impedir ese colapso financiero.

Pero en México, eso no pasa. Suponiendo que la Corte decida finalmente liberar a Florence Cassez, la ciudadana francesa que ha sido condenada en juicio por el delito de secuestro y otros, no está nada claro quién asumirá la responsabilidad que le toque en este desastre.

La primera cuestión es que, bajo el supuesto de que se le conceda el amparo, nunca se sabrá la verdad legal —que es el fin esencial de un procedimiento judicial— ni habrá, por ende, un castigo para los autores y una reparación a las familias de las víctimas. La argumentación del ministro ponente es que hubo fallas, vicios y manipulaciones de tal magnitud, en especial el montaje televisivo diseñado y orquestado por la AFI, que hicieron nugatoria la posibilidad de un debido proceso. Es decir, ya no habrá forma de discernir la veracidad o falsedad de los hechos sustantivos, sino que aparentemente esos vicios procesales habrían imposibilitado llegar a la verdad.

Esa variable clave lleva al segundo problema, igualmente grave. Si, como todo parece indicar, el grosero montaje realizado por Genaro García Luna, entonces jefe de la AFI y hoy secretario de Seguridad Pública, para satisfacer su vanidad y congraciarse con los medios se convierte en la llave de salida de Cassez, ¿no debiera haber alguna responsabilidad política y legal? ¿Cómo va a compensar el señor García Luna a las familias de las víctimas en el caso de que la ciudadana francesa haya sido culpable y sea sin embargo liberada? O a la inversa: ¿cómo resarcirá a ésta por los años que pasó en prisión, en la hipótesis de que sea inocente?

En suma: aquí ha habido, quizá, negligencia, falta de profesionalismo y ética, y probablemente conductas delictivas, y los funcionarios responsables deben pagar por ello.

Y, por último, los medios. Cuando García Luna y su gente demoran por horas la entrega de los detenidos a la autoridad competente y el aviso al consulado francés para dar tiempo a que llegaran las televisoras al lugar de los hechos, es evidente que los periodistas que cubrieron el evento sabían perfectamente que eso era una repetición del arresto, escenificada para satisfacer su apetito informativo y estrechar esas relaciones tan extrañas que tienen los medios con las policías. ¿No hay aquí también un grado de responsabilidad? ¿Los sorprendió cándidamente el señor García Luna? Lo dudo.

No hay manera de adivinar, por supuesto, cómo resolverá finalmente la Corte el caso, pero todo ha sido una vergonzosa sucesión de irresponsabilidades y nadie va a pagar por ellas. Al final del día, lo único cierto habrán sido los secuestros y las víctimas.

Este artículo se publicó en La Razón el 9 de marzo de 2012, agadecemos al autor su autorización para subirlo a esta página web.