Francisco Báez Rodríguez
Con retardo, y no sin cierto desorden, el conflicto entre Televisión Azteca y CNI llegó a donde tenía que llegar: a una negociación obligada entre las partes.
La "toma" prepotente y madrugadora de las instalaciones del Chiquihuite de parte de representantes de TV Azteca constituye, a mi entender, no sólo una transgresión al estado de derecho, sino un intento, de parte de la televisora del Ajusco, por medir al gobierno, y por tomarle la medida.
Este nuevo intento disruptivo de la legalidad no proviene de ejidatarios radicalizados, como en Atenco, de campesinos manipulados, como en Morelos, o de pescadores desesperados, como en Celestún.
Parte de una influyente e importante empresa de comunicación, del "quinto poder", con el agregado de que, como recuerda Raúl Trejo en su columna del martes, la Cámara Nacional de la Radio y la Televisión, de la que forma parte esa empresa, se ha pronunciado enfáticamente por la aplicación de la ley y por la defensa de la normalidad democrática. Eso lo hace más grave.
Del otro lado, hay un empresario que incumplió compromisos legales y que, en ese sentido —considero— ha intentado usar indebidamente la concesión para seguir sin cumplirlos.
Hay, pues, una serie de elementos administrativos y penales que se deben dilucidar, independientemente del acuerdo al que puedan llegar las partes.
Hay una justificada preocupación por la posible cancelación de un espacio que le da pluralidad a la pantalla. Pero es fundamental, también, que las concesiones se manejen conforme a derecho.
El problema político fue, esencialmente, de oportunidad y del orden en que se tomaron las decisiones. Las cosas hubieran quedado más claras con una respuesta inmediata a la toma de instalaciones. El gobierno tuvo que amenazar con la requisa para intentar poner disciplina y para demostrar que no se le ha tomado la medida.
Esperemos que Salinas Pliego y Moreno Valle lleguen a un acuerdo beneficioso para la sociedad.
Lamentablemente, lo más probable es que quienes resulten perdedores del enfrentamiento entre estos empresarios, sean los trabajadores del 40.
Es una lástima, también, que TV Azteca haya echado por la borda, en la campaña publicitaria que acompañó este litigio, una parte de la credibilidad trabajosamente obtenida durante años. Y que Canal 40 corra, con cada vez más claridad, el mismo riesgo.
