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Aunque le falta sustancia al intercambio público sobre la cuestión ambiental, no creo que haya habido antes un interés mayor por el futuro de la gestión pública en el tema, por la reforma de las instituciones y hasta por los cargos burocráticos. Hay de todo, como siempre, desde una buena dosis de folclor hasta propuestas consistentes, pasando por las obsesiones burocráticas, el redescubrimiento de los gabinetes y la pasión por el juego sexenal de los organigramas.

En los casi ocho años de vida de etcétera la cuestión ambiental no sólo ha mantenido vigencia sino que ocupó una atención cada vez mayor de la gente. No hay que engañarse: no ha sido la prioridad, pero ha tenido una relevancia creciente. El orden de importancia social que se le asigna cambia con el estado general de las cosas o con el tipo de encuestas que se aplican, y a veces aparece entre el cuarto y sexto lugar de preocupación, a veces más abajo del décimo.

¿Qué cambió en estos años?

Lo que es indudable es que como parte de las transformaciones que México ha vivido estos años, la cuestión ambiental se ha ubicado como tema y problema nacional. ¿Qué destaca en este cambio? Señalo, desde mi punto de vista, los principales aspectos:

Hemos tenido una innovación institucional que consolidó organismos públicos ambientales, actualizó la legislación y desarrolló la normatividad. Se avanzó con una visión más coordinada e integrada de la gestión de los recursos, se actualizaron los instrumentos con los que se ejercen las políticas y la información generada es más rica y está más a la mano del público.

En estos años, el tema del medio ambiente también llegó a la política partidaria, aunque de manera extraña. Los ambientalistas no se acercan al partido que se llama ecologista, y el debate circula fuera de sus filas. Con todo, las cámaras legislativas tienen ya comisiones muy activas en el tema, que con todo y filtros expresan un movimiento ciudadano que sí ha ubicado la protección ambiental como una de sus prioridades. Hay también innumerables espacios públicos para la intervención ciudadana.

Hay otras novedades, aunque silenciosas. Una de ellas es que se ha desarrollado un gran conocimiento aplicado sobre la protección ambiental, no sólo en decenas de miles de empresas que tienen prácticas ambientales, sino también en consultores, organizaciones y redes de servicios. En las universidades hay un crecimiento muy rápido de programas de estudio y proyectos de investigación relevantes para el conocimiento y el desarrollo de tecnologías para el mejoramiento ambiental, pero también de opciones de formación profesional en ciencias ambientales.

Aunque la sociedad lo perciba menos, en la diplomacia ambiental también se ha registrado un gran cambio. Los foros internacionales se han embarcado, sobre todo a partir de 1992, en un activismo ambiental que muchas veces desborda las capacidades nacionales para atender de manera óptima nuevas convenciones, protocolos, foros o negociaciones. Tenemos ya, en los hechos, un escenario radicalmente distinto al de principios de la década en las relaciones externas, con obligaciones muy concretas derivadas de toda una nueva generación de acuerdos.

Pero quizá el cambio central sea de enfoque. Cuando etcétera nació apenas se hablaba del desarrollo sustentable y parecía una moda que no sobreviviría. Hoy el enfoque está cada vez más asentado, no siempre como meta inmediata, aunque sí como programa de largo aliento. A lo ambiental le toca en ello un papel central en la sustentabilidad, sabiendo que el resto es trabajo conjunto de la economía, la política social, la cultura colectiva.

Hay, en síntesis, y sabiendo que todo sigue en proceso, mejores instituciones, leyes, programas e instrumentos; más intervención pública, debate político, mejores capacidades sociales, más conocimiento e información, y también una novedosa red de compromisos globales.

Amenazas y tensiones

El recuento de avances que el país ha logrado no es desdeñable, pero lo que viene exige más atención pública, recursos económicos, desarrollo institucional, más conocimiento y tecnologías. Estamos ante un terco proceso de tensiones y amenazas ambientales que provienen de muchas décadas, cuando no de siglos, que desgastan los suelos, cambian sus usos, afectan los servicios ambientales como los acuíferos, que nos vuelven más vulnerables a las hostilidades naturales y nos dejan con menos recursos naturales útiles.

Para ubicar esas y muchas otras tensiones y amenazas sólo hay que pensar en lo siguiente: si México lograra una tasa de expansión económica promedio de poco más de 6% anual en las próximas tres décadas, la economía aumentaría por lo menos cinco veces de tamaño en el mismo lapso. Con ello se multiplicará, aunque no necesariamente en la misma proporción, el consumo de energía, recursos renovables y no renovables, agua y otros bienes. Habrá más presiones sobre espacios frágiles y, al menos por un tiempo, aumentarán los desechos vertidos al aire, al suelo y a los cuerpos de agua.

Ya sabemos que el cambio técnico, la cultura de la protección y otros factores hacen que el daño ambiental crezca menos que la economía pero, ¿seremos capaces de multiplicar por cinco la economía logrando que la calidad ambiental se mantenga o mejore? ¿Qué significaría eso? Nada más y nada menos que el esfuerzo de cambio en tres décadas tendría que bajar en cinco veces el daño ambiental por unidad de producto, algo que hasta ahora no se ha logrado en ningún lado, y que pone a pensar hasta al más desaforado de los optimistas.

En el pasado ha habido muchas buenas sorpresas, sobre todo las que silencian a los neomalthusianos. Pero hasta las buenas sorpresas se matizan. Hace dos décadas se daba por un hecho la gran caída del consumo de materiales, por ejemplo, lo mismo que con el petróleo. Se consume menos por unidad de producto, sí, pero el producto global ha aumentando de tal modo que otra vez hay preocupaciones por el consumo de materiales y energía, sobre todo por la oleada que está expandiendo las economías de la mayor parte del mundo.

Un acuerdo en lo fundamental

El caso es que si se quiere proteger lo que nos queda de calidad ambiental, y aun mejorarla, estamos ante retos enormes. Y en este marco cobra pleno sentido encauzar políticas de largo aliento, no posponer decisiones que pueden paralizarse por diferencias. ¿Hay algún núcleo de acuerdos, un acuerdo en lo fundamental, a la altura de ese esfuerzo de cambio? Se trata, por supuesto, de un esfuerzo para el presente, pues tenemos con nosotros desde hace mucho las tensiones ambientales, pero podrán ser peores en el futuro, ni duda cabe.

No hay que engañarse: un acuerdo en lo fundamental no excluye divergencias, incluso confrontaciones. Tampoco supone unanimidades forzadas o consensos idealizados. Lo bueno es que ahora hay propuestas en juego, hay más gente capaz de operarlas y, sobre todo, hay una plataforma institucional y programática que deberíamos valorar mejor. Propongo las siguientes cinco líneas para ese acuerdo:

Las prioridades. Aunque la prioridad de la protección ambiental en las políticas se mantiene y hasta se ha incrementado, muchas decisiones concretas, sobre todo en estados y municipios, siguen sacrificando o aplazando el tema. Ya no es admisible la supuesta confrontación entre inversión y ambiente. La protección ambiental ya no es el espantapájaros de los proyectos productivos. Hay que sostener la prioridad y colocarla más en la atención pública, proyectarla en una imagen de largo plazo que ubique el quehacer sexenal, y evaluarla más acuciosamente. La gestión ambiental llegó muy tarde y sigue a la cola en asignación de recursos públicos, por lo que se requiere un fortalecimiento presupuestal pero en un esquema de fondos compartidos entre Federación y estados, y en muchos casos con enfoques regionales, metropolitanos y de cuencas.

Foto: Thalía Verdugo

La integración de políticas. Integrar no significa mezclar todo con todo ni se resuelve en la supuesta magia de los gabinetes. Por obvio que parezca, se debe integrar en lo pertinente, que por lo general se refiere a dos o tres dimensiones transversales y a los sectores de mayor presión ambiental. Lo más urgente es una mayor consideración de razones ambientales en la política fiscal y en la comercial, y mayor condicionalidad ambiental en la política agropecuaria, industrial y turística. Es en estos campos donde se requiere más coordinación interinstucional, grupos ad hoc de revisión, y a partir de ello más articulación de alto nivel.

Nuevo arreglo nacional-regional. El artículo 27 de la Constitución, en su versión original, fijó un arreglo que tuvo sentido pero que ya no es funcional. La concentración de la gestión ambiental deriva de una visión que le da a la Federación una prelación sobre la regulación y el control de prácticamente todos los recursos. Eso debe mantenerse para la gestión de los sistemas con una lógica de funcionamiento que rebasa regiones interestatales e incluso territorios estatales (la hidrología, lo altamente migratorio, el ordenamiento ecológico general, por ejemplo) pero no para procesos que las entidades federativas pueden controlar directamente o de manera concurrente (lo hidráulico, parte de lo forestal, los residuos peligrosos, por ejemplo). Es en realidad un nuevo pacto nacional frente a los recursos. La Federación tiene nuevas tareas en qué concentrarse (bioseguridad, cambio climático, por ejemplo). De ahí partiría una nueva etapa de la descentralización y un esquema concurrente de políticas, que induciría una profunda reforma de gobierno.

La reforma gubernamental e institucional. Buena parte de esta reforma se deriva del nuevo arreglo nacional-regional, pues ello desmontaría la pirámide burocrática. Requiere acelerar el desarrollo de capacidades en estados y municipios, introducir masivamente mecanismos de gestión basados en la comunicación electrónica y en sistemas avanzados para las evaluaciones ambientales y la toma de decisiones. En esta tarea las empresas tienen mucho que hacer, no sólo es responsabilidad del gobierno. En las instituciones públicas federales conviene mantener la organización integrada de ambiente y recursos, descentralizando más tareas operativas, así como profesionalizar el servicio público central al tiempo que se llenan vacíos en áreas nuevas y estratégicas de la gestión.

La acción ciudadana. Si bien se han abierto y están consolidados muchos espacios para la participación pública, están trabadas muchas de las posibilidades de intervención de la gente en la solución de problemas. Los padres y madres buscan qué hacer a través de las escuelas, muchos se preguntan qué deben hacer para utilizar materiales aprovechables, para regresar botes, botellas y empaques, para poner en lugares confiables las baterías domésticas, etcétera. Son sólo ejemplos que hablan de muchas posibilidades más. Ahí está un gran espacio de trabajo entre autoridades locales y la ciudadanía, que se puede arropar con mejor normatividad nacional. Para la mayoría de la gente el puro reclamo no parece ser la forma atractiva de ocuparse de algo en la protección ambiental. Este es también el espacio de la educación no formal.

Lo fundamental no es profuso. Estas son sólo cinco líneas que, a mi parecer, son esenciales para enfrentar las profundas tensiones que estarán presentes las próximas décadas. De ellas se desprenden rutas de acción que no pueden detallarse aquí, pero que ya tienen respuestas muy concretas