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La dimensión política de la esfera pública mexicana que desde febrero de 1993 fue el contexto y el objeto constante de atención de las páginas de etcétera se constituyó como un territorio de contrastes fascinantes y en ocasiones terribles. A lo largo de nuestros "locos" años 90, la política y sus actores configuraron una zona de alto riesgo, sujeta a los caprichos, necedades y ocurrencias de muchos, pero también se convirtió en un espacio habitado por los acuerdos, las negociaciones y las transacciones entre intereses diversos. Es decir, la política confirmó su carácter terrenal, circular y a veces obsesivo en nuestro medio, con sus zonas paralelas de espectáculo y opacidad, de capacidades cohesivas de la vida pública y sus propiedades corrosivas de la confianza en los actores y en las instituciones. Como en otros tiempos y actores, príncipes y súbditos, ciudadanos y funcionarios, partidos y élites, gobernantes y gobernados hicieron de la política el territorio de claroscuros que siempre ha sido, donde confluyeron desordenadamente los buenos deseos y el pragmatismo político, los intentos por hacer más transparentes los procesos políticos y los efectos de las subversiones silenciosas, los duros códigos cortoplacistas de la política con las esperanzas civilizatorias de mediano y largo plazo que la actividad (que incluye a sus actores, instituciones y procesos) evocó en muchos de sus protagonistas y espectadores.

Pero a lo largo de estos años intensos, la política también adquirió un perfil y un sentido distinto. Los 90 fueron los años de la transición democrática mexicana, los que permitieron que la política se convirtiera en una de las claves analíticas de las transformaciones de las relaciones de poder en la sociedad mexicana en la década. Quizá como en los años 20 mexicanos, que culminaron en 1929 la estructuración de un partido (el Partido Nacional Revolucionario) y un régimen político tendencialmente autoritario y siempre hiperpresidencialista, que significó la estabilización política de una sociedad todavía convulsionada por el ruido de los fusiles y cañones revolucionarios, los años 90 fueron para la sociedad mexicana la culminación de una transición que significó dejar atrás la herencia autoritaria de la revolución mexicana y el formato unipartidista no democrático, para pasar lentamente a la construcción de una democracia representativa, pluripartidista, competitiva y potencialmente estabilizadora de los intercambios políticos.

Nunca como en estos años, la política adquirió tal relevancia en la vida pública ni sus principales actores ­sin duda, los partidos políticos­ tuvieron la oportunidad de construir un espacio de negociación de los ritmos, los alcances y los momentos clave del proceso. En este sentido, la política en México cumplió de manera eficaz una de sus funciones esenciales: hacer posible lo deseable, pasar de las ideas y los intereses a las acciones, traducir las intenciones en hechos colectivamente significativos.

La centralidad de la cuestión electoral fue la seña de identidad de la transición política mexicana, su sello distintivo en relación con otras transiciones en el mundo. Mucho tiempo, recursos y expectativas se depositaron en la vía electoral como la ruta maestra de las transformaciones políticas en el país. Varias reformas y ajustes en el diseño de la competencia político-electoral hicieron posible la configuración de un sistema de partidos, donde la alternancia en el poder y la representación política en las escalas federal, estatal y municipal se convirtieron en las expresiones institucionalizadas del pesado eje electoral de la política de la transición. Pero los valores de la política también fueron cambiando a lo largo de la árida travesía, la democracia se convirtió en un valor en sí mismo y en un juego en el cual casi todos jugaron, y las viejas lealtades basadas en el ejercicio de un virtual monopolio de los cargos públicos y la representación política, heridos de muerte desde finales de la década de los 80, fueron sustituidas en la "prolongada"década de los 90 que, bien visto, comenzó en el verano de 1988 y terminó en las elecciones presidenciales de este mítico año 2000.

Pero la centralidad que adquirió la dimensión electoral en la vida política mexicana de estos años no ocultó los puntos claros, oscuros y grisáceos de la política en tiempos de tránsito. En un contexto de transición múltiples en el campo internacional y doméstico, en las dimensiones económica, social y cultural, la política se mostró como una actividad productora de algunas certezas y muchas incertidumbres. Una mirada y un recuento rápido a esas varias zonas de la política, tal vez posibilite la construcción de un mapa de los temas y problemas que llamaron la atención de muchos números de etcétera.

El lado oscuro de la política

Los asesinatos políticos, o de connotaciones políticas, constituyeron el lado dramático y negro de la política en estos años. Desde el asesinato del Cardenal Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara en marzo de 1993, producto de una confusión entre narcotraficantes, pero rápidamente politizada por la alta jerarquía de la Iglesia católica, hasta el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994 en Tijuana, a manos de un fanático, hasta el homicidio de personajes como Francisco Ruiz Massieu en pleno centro del DF, y las masacres de Acteal, en Chiapas, y de Aguas Blancas, en Guerrero, la política se tiñó de sangre y sonido de balas. Contra lo que se pensaría desde una teoría conspirativista de la política, estos acontecimientos no fueron producto de una conjura nacional de desestabilización, que siguieran un curso dictado por un guión imaginario para socavar las frágiles bases de la transición política mexicana, sino que más bien respondieron a las crónicas insuficiencias y ausencias contractualistas e institucionales de la vida política mexicana, pero también a la acción de los dioses y demonios que gobiernan el azar, que también, contra toda visión racionalista, juega un papel importante en la vida política. Bajo el cielo enrarecido y el clima a veces irrespirable de la transición, esos trágicos sucesos formaron parte del "orden invisible de las cosas" al que se refiere Paul Auster en La música del azar.

El alzamiento del EZLN en Chiapas ­y el encumbramiento mediático de su símbolo e icono, Marcos, el 1 de enero de 1994­ cuestionó no sólo las reales o imaginarias capacidades cohesivas de la política en los tiempos de Salinas, sino que también colocó en la agenda de la discusión política nacional un viejo tema, opacado por los afanes integracionistas de la economía y del comercio y de la lenta liberalización política experimentada en el sexenio salinista: la cuestión indígena. Pero colocó el asunto de manera violenta y amenazante sobre la mesa de una transición que apenas comenzaba y que, con declaración de guerra y armas de por medio, significó también decenas de muertes en la región a partir de ese momento. Bajo el revival del símbolo central del viejo delirio de la izquierda más radical del país: la Revolución como punto de arranque de una "nueva" historia, muchos reclamaban su cuota en el plato de sangre (como le denominó Octavio Paz), reviviendo los alucines setenteros de la guerrilla, vestidos ahora bajo el ropaje multicolor del indigenismo. La antipolítica, entonces y después, con la aparición del Ejército Popular Revolucionario en Guerrero, se convirtió también en una de las historias del lado oscuro del ejercicio del poder, el que proporciona la fuerza de las armas y de la violencia.

El rostro duro de la intolerancia apa-reció también de manera frecuente en la vida política de estos años, confiriendo a las interacciones siempre dinámicas de la política un perfil improductivo y corrosivo. Desde el partido en el poder y de sus afluentes corporativos ­como lo demostró, hasta su muerte, el sempiterno líder de la CTM, Fidel Velázquez­, pero también por parte de muchas de las oposiciones políticas, las organizadas en partidos, y también las que aparecieron bajo las más variadas formas de eso que llamamos "organizaciones no guber-namentales", la intolerancia y el maxima-lismo fueron parte de las actitudes que acompañaron a la transición mexicana y que hasta hoy se encuentran florecientes y preocupantes dentro y en los alrededores de la vida política mexicana. El patético caso de la UNAM, tomada por asalto por algunos de los grupos más radicales del discurso antipartidista y pseudodemocrático que también formó parte de nuestra transición política, ilustra con inmejorable claridad los riesgos de la intolerancia centrada en la ilusión de la Sociedad buena, pura y noble, no contaminada por los partidos, el gobierno ni cualquier tipo de autoridad. Si la democracia se volvió un valor central de nuestro imaginario político, el "social-civilismo" ­esa operación ideológica de mitificación de la sociedad civil­ se convirtió en una de sus sombras.

La brillante claridad de las elecciones

Pero, sin duda, fue en el eje de los proceso electorales donde se vivieron los momentos más brillantes aunque nada fáciles de nuestra accidentada transición política. Precedidos de los primeros grandes triunfos electorales de la oposición política al PRI (el triunfo del PAN en Baja California en 1989, en Guanajuato en 1991 ­"concertacesión"­ y de 1992 en Chihuahua), los años políticos de los que fue contemporáneo etcétera presenciaron la confirmación de la ruta electoral como el eje de las grandes transformaciones políticas que culminaron todo un ciclo con la derrota presidencial del PRI en julio de este año. Jalisco, otra vez Baja California y Guanajuato en 1995; Nuevo León, Querétaro y el Distrito Federal en 1997; Aguascalientes, Zacatecas y Tlaxcala en 1998; Baja California Sur y Nayarit en 1999, y Chiapas y Morelos en este año 2000 se convirtieron en escenarios regionales donde la alternancia política fue confirmando el perfil democratizador de nuestra transición política.

Esos resultados fueron inducidos, o explicados, por las reformas electorales y constitucionales que en 1993, 1994 y 1996 continuaron por la ruta comenzada desde 1977. El resultado fue la construcción y legitimación del Instituto Federal Electoral, ese gran árbitro de las contiendas electorales, que, sobre todo a partir de 1996, fue poco a poco reconocido por varios de los actores políticos como la institución que podría garantizar la libre expresión de la voluntad ciudadana, como efectivamente sucedió en los comicios federales de 1994, 1997 y 2000. El impulso reformador y la gran cantidad de recursos, tiempo y esfuerzos que significó la creación del IFE permitieron fortalecer el carácter "minimalista" de la transición política mexicana, el que le permitió transitar con éxito y sin traumas hacia la construcción de un régimen democrático: el respeto al voto, la confiabilidad en el proceso, el reconocimiento de los resultados de los comicios y la reinvención de la autoridad electoral. Ese "minimalismo" político basado en el respeto al voto y a sus resultados como mandato popular y como guía de la renovación periódica de la representación política de los ciudadanos, y que aún está por reconocerse plenamente por muchos actores y observadores del proceso, está en la base profunda del proceso transicional mexicano.

La consolidación de los partidos políticos como organizaciones y como instrumentos de agregación de intereses es la otra gran y clara novedad de la transición mexicana de estos años. En un régimen político donde hasta hace muy poco los partidos eran meros satélites girando alrededor de un "animal" que fundía al Estado y al gobierno con una extraña formación partidista, las élites políticas y muchos ciudadanos contribuyeron a consolidar y renovar viejos partidos (el PAN) y a crear otros (PRD), como mecanismos para participar en la vida política y para impulsar las transformaciones del régimen político. El propio PRI se vio obligado a transformarse en algo más parecido a un auténtico partido político en estos años de progresiva competencia política, y la separación entre el Estado, el gobierno y el partido en el poder fue un proceso que ayudó a sentar las bases de la conformación de un Congreso cada vez más representativo de las fuerzas políticas en competencia, y para delimitar y clarificar los poderes constitucionales y metaconsti-tucionales del tradicional hiperpresiden-cialismo mexicano formado desde los años 30.

Finalmente, pero no al último, la lenta conformación de una ciudadanía efectiva, el redescubrimiento de la centralidad del poder de los ciudadanos en los aspectos estratégicos de la vida política, significó también el reconocimiento de la pluralidad inherente a una sociedad que ya no era, en los años 90, como solía ser. Nuevas instituciones ­el IFE, las comisiones de derechos humanos­, normas y espacios que inciden directa o indirectamente en la vida política han reforzado el perfil democrático de nuestra transición al introducir nuevos equilibrios al ejercicio del poder, y hacen prever un futuro mejor ­o menos peor­ para la consolidación democrática del país.

La política del traje gris

Pero son varias las tonalidades del gris que también aparecieron en la construcción de una política democrática en estos siete años y medio en los cuales etcétera actuó como observatorio y espacio del debate. Esos matices se relacionan con las varias tensiones que nuestra y otras democracias en América Latina han desarrollado en los últimos años. Una de ellas está relacionada con los límites de la política y de la propia democracia: ¿qué puede y qué no puede resolverse por la vía política?, ¿cuáles son los límites de la democracia? Si, como dice Calhoun en el epígrafe de estas notas, toda transición es una época de "confusión y salvaje y feroz fanatismo", la mexicana fue un territorio de excesos y confusiones, que llevaron a la pretensión de resolver todo por la vía de la política y la democracia se convirtió ­en no pocas ocasiones, y todas a la vez­ en fuente de salvación, pretexto para la irresponsabilidad política, caja de Pandora, y panacea para la solución de todos nuestros males.

Y es que la democracia y la política tienen límites infranqueables. Uno de ellos se relaciona con la aplicación irrestricta y puntual de la ley, con la procuración e impartición de la justicia, un límite verdaderamente poroso y dúctil a lo largo de la transición y de casi toda la historia política y social mexicana. El otro tiene que ver con el desempeño de la economía, donde la política tiene que resolverse en políticas racionales, pero no como la esfera de la resolución de conflictos y negociación de las diferencias. Y otra de las fronteras infranqueables de la política se relaciona con la dimensión social, específicamente con los gravísimos problemas relacionados con la inseguridad pública, el medio ambiente, la pobreza y la desigualdad, asuntos rápidamente politizados por muchas fuerzas y actores, y que no pueden resolverse consistentemente por la vía de la política sino de las políticas.

Quizá la gran experiencia de los últimos siete años y medio, y la de toda la década de los 90, fue que nuestra incipiente democracia y la esfera de la política corren el riesgo de sobrecargarse de expectativas, ilusiones y demandas por parte de la sociedad mexicana, cansada de largos años de penuria económica y bárbara desigualdad, de corrupción e impunidad. Y el riesgo de una sobrecarga significa la posibilidad de esperar de la política todo tipo de soluciones, de su fetichización y mitificación. Y ya sabemos, por la experiencia internacional y latinoamericana, que hay cosas que ni la política ni la democracia pueden resolver por sí mismas, que sus potencialidades transformadoras son limitadas, y que nada garantiza que su aplicación pueda curar a nuestros males de una vez y para siempre.

Saldos: la política en las páginas del semanario que fue jueves

Los conflictos postelectorales, la desinstitucionalización de la política, los excesos y ausencias del presidencialismo, las debilidades de la oposición y las imposturas políticas, la imposibilidad de brújulas para comprender un tiempo incierto, los mapas extraviados de la política, la necesidad de reinterpretar los códigos de entendimiento de la política en un contexto democrático, todo ello fue parte del aprendizaje de estos años líquidos y plásticos, de los cuales, desde las páginas de esta ventana que ahora se cierra y conocimos como etcétera, muchos pudimos entenderlos a través de sus colaboradores y traducciones, y a veces, con mayor o menor fortuna, emprendimos el intento de descifrarlos. Por supuesto, siete años y ocho meses es, en la vida política e individual, un periodo bastante corto o largo según la perspectiva de la que se mire. Pero en el caso de este semanario que fue jueves, el periodo fue tal vez breve pero intenso, y la intensidad, ya se sabe, es fuente inagotable de nostalgia. Nuestros tiempos, en política y en otras cosas, cambiaron en estos años intensos, y etcétera fue un observador fiel y acucioso, crítico y ciertamente no neutral, de los vaivenes, afanes y obsesiones de los acontecimientos del pasado reciente. Ya otros ­ahora y en el futuro, tal vez­ harán un balance objetivo de la labor del semanario pero, por lo pronto, yo hago el mío: como toda publicación que se respete, la revista cumplió como observador crítico de la vida política mexicana de estos años difíciles y opacos, estableciendo matices y equilibrando puntos de vista. Ello se lo debemos, y agradecemos, a Raúl Trejo, como también a Marco Levario y a todas las chavalas y batos que hicieron posible el semanario. Ya habrá tiempo y lugar de celebrar la despedida de este ciclo de etcétera y de saludar el nuevo, con los muchos amigos y colaboradores que confluimos por azar, intención o convicción (o las tres cosas) en este esfuerzo y, por supuesto, rodeados con el inconfundible, genuino aroma de la nostalgia que sí fue