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La división de responsabilidades no puede ser la justificación teórica y política de la ignorancia de problemas que, en la práctica, nos afectan a todos. No es cierto que las dificultades diarias en diferentes agrupamientos de las policías del Distrito Federal sean o deban ser asunto de los habitantes de la capital o, peor aún, de sus autoridades.

Algunos quedan satisfechos con las explicaciones que asignan a las pugnas entre autoridades las causas principales de los enfrentamientos callejeros que estamos viviendo, y otros pretenden circunscribir los problemas a meros asuntos de dineros, de millones de pesos. Confrontaciones entre jefes o luchas por el gran botín, nos dice la mayoría de los medios.

La pluralidad instalada en la vida política nacional y la alternancia en la Presidencia de la República nos debieran señalar que ya no basta con asignarle a una autoridad la responsabilidad de los problemas y señalarla como inepta, para que aquéllos se resuelvan y las cosas queden en paz. Ahora se señalan y se persiguen a las autoridades, se dice quiénes son los culpables y quiénes los inocentes, pero las cosas siguen y muchas veces en peores condiciones.

La pluralidad realmente instalada en prácticamente todos los ámbitos que la representación popular tiene que gobernar. Pero para que eso sea posible, es necesario que desde la Presidencia de la República hasta la última representación local se asuman a plenitud las responsabilidades de cada cual.

Particularmente en materia de seguridad pública ­la mayor demanda ciudadana del presente­ los problemas deben empezar a resolverse de manera objetiva. Este, el de la inseguridad pública y ciudadana, es el que de manera evidente reclama la sociedad que se empiece a reducir significativamente. No es asunto particular o exclusivo del Distrito Federal y para probarlo es suficiente con acudir a los noticiarios nocturnos de televisión, que lo son más de nota roja que de información general, donde se nos dice a diario cómo anda la delincuencia desatada en prácticamente todos los ámbitos urbanos del país.

A estas alturas, poco importa si en el Distrito Federal gobierna el PRD, en Guadalajara el PAN, en Culiacán el PRI. A todos les toca lidiar con el mismo problema y, en la medida en que no lo ataquen de manera significativa, también a la sociedad. Por eso se puede decir que el principal error que han cometido nuestros políticos y gobernantes ha sido que en esta materia los asuntos y las diferencias se hayan politizado o partidizado al grado de no entender de otra cosa que de señalamientos, calificativos y persecusiones inútiles e improductivas.

Tal vez haya que volver al principio, una vez más, de buscar en cada lugar afectado a los principales profesionistas o profesionales relacionados con el tema, convocar a los elementos con más experiencia, reconocer aquellas acciones que desde la sociedad se han realizado para contrarrestar las que realizan los delincuentes, etcétera, en aras de un intercambio de opiniones que permitan aglutinar a lo mejor y más decidido para luchar contra la delincuencia.

No se trata de buscar cómo sustituir a las autoridades, civiles o militares, sino de encontrarle eco social a las medidas que deben y deberán tomar los principales responsables de proteger y defender a la sociedad frente a la plaga en que se ha convertido en México la delincuencia. Por supuesto, todo esto tampoco sustituye la necesidad de la disciplina en los mandos y en las tropas, pero aquí quienes deben ordenar las cosas tienen cargos definidos... y es a quienes les corresponde