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memoria Escándalos
Pablo Hiriart
El encarcelamiento de dos generales por presuntas ligas con el narcotráfico y el suicidio del subsecretario de Comercio Raúl Ramos Tercero volvieron a echar sobre el ambiente político del país la sombra de un fin de sexenio turbulento. De hecho, el ánimo social fue golpeado por estos dos acontecimientos y los opinadores profesionales han advertido síntomas similares a otros fines de sexenio marcados por la tragedia, como en 1994. Sin embargo, la realidad es otra: ha sido un sexenio turbulento que prácticamente no ha dado reposo ni espacio para la reflexión. Ahora los escándalos provocan mayor inquietud porque nos acercamos el final de una administración. La posible vinculación de altos mandos del Ejército Mexicano con bandas de narcotraficantes y el suicidio de Ramos Tercero no son hechos excepcionales en el presente sexenio. Hace un año exactamente se quitó la vida en Newark, EU, quien fuera subprocurador General de la República, Mario Ruiz Massieu. A él se le encontraron en un banco texano alrededor de diez millones de dólares cuya procedencia nunca pudo explicar, pero tampoco el gobierno mexicano demostró el origen ilícito de esos recursos y perdió cinco juicios de extradición celebrados en cortes de EU. Ruiz Massieu dejó una carta póstuma en la que culpa a funcionarios de la PGR de haberlo orillado a esa trágica decisión, luego de lo que él consideró una prolongada y tortuosa persecución personal. Todo ello entraría en los anales de la zaga roja de las relaciones entre autoridades y delincuentes, salvo por un aspecto importante: Mario Ruiz Massieu, quien llevó durante un tiempo la investigación del crimen de su hermano José Francisco, murió diciendo que el gobierno enturbió las investigaciones para proteger a los responsables intelectuales. La detención de los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo viene precedida de un escándalo de por lo menos dos años. Se les mencionó constantemente por sus ligas con el narcotráfico a raíz de las declaraciones de un testigo protegido de la PGR. Desde 1998 aparecen en los periódicos informes sobre testimonios que en esa fecha rindieron personajes que se acogieron al régimen de testigos protegidos, y apuntaban hacia esos dos generales. Pero tampoco son éstos los primeros altos mandos del Ejército detenidos por presuntas ligas con el tráfico de drogas. Quien fuera director del Instituto Nacional contra las Drogas, general Jesús Gutiérrez Rebollo, está preso en Almoloya por sus supuestas vínculos con la organización de Amado Carrillo Flores. Ahora han surgido nombres de militares que según los medios podrían estar ligados al tráfico de drogas, situación que tampoco es nueva. En los últimos tres años han sido ventilados públicamente los nombres de jefes de la Fuerzas Armadas a los que no se les ha comprobado absolutamente nada en relación con lo que la voz pública los acusa. De acusaciones y escándalos hemos tenido un sexenio prolífico, aunque no ha existido una correspondiente eficacia a la hora de procurar justicia. La presente administración comenzó con el fango de Ruiz Massieu, que llevó a las máximas autoridades judiciales del país a promover el entierro de una calavera en el jardín del acusado sin que hasta la fecha se haya castigado ese delito. Comenzó también con el suicidio de Miguel Moreno, secretario de Transporte del DF, en aquellos días de crisis de la Ruta-100. Y el asesinato que se quiso presentar como suicidio del abogado Abraham Polo Uscanga, también ligado al caso Ruta-100. Igualmente el sexenio inició con golpes espectaculares en el caso Colosio, que terminaron en infamias monumentales. Al "segundo tirador", que junto con Mario Aburto habría asesinado físicamente al ex candidato presidencial del PRI, le fabricaron pruebas para inculparlo. Así, Othón Cortés pasó dos años en Almoloya. Los lamentables hechos de las semanas anteriores responden, pues, a una constante de este gobierno que, junto con los saldos positivos de su gestión, será recordado por la zona de desastre en que dejó convertida a la procuración de justicia y al Estado de derecho Pablo Hiriart es director general del periódico Crónica. |
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