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Adolfo Aguilar Zinser, miembro del equipo de transición de Vicente Fox, ha anunciado que el próximo Presidente presentará una propuesta para conformar una Comisión Nacional de Transparencia que tendrá por objeto indagar en archivos para revisar casos de corrupción y de abuso de autoridad. Durante la conferencia de prensa, el asesor insistió en todo momento en que sería "la sociedad" quien determinaría los temas y los alcances de las investigaciones. Insistió en que no se trata de una cacería de brujas ni de revanchismo y que el Estado sólo abriría los archivos.

La propuesta rescata una antigua demanda de la oposición mexicana, fundamentalmente de la izquierda. Sobre todo acerca de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 se fetichizaron los archivos relativos. Abrirlos se convirtió en una lucha de la verdad contra el ocultamiento estatal. Durante años, medio millar de cajas apiladas en el Archivo General de la Nación significaron una idea extraviada del derecho a la información.

El gobierno de transición deberá considerar que la apertura discrecional de los archivos ocasionan efectos secundarios que no son deseables frente a la perspectiva de cualquier información que se obtenga a cambio:

1. Propician la destrucción de los archivos. Si un funcionario público tiene la certeza de que sus archivos serán escrutados en busca de anomalías le será más conveniente destruir los documentos o llevar un doble registro documental que cumplir con el requisito administrativo de entregar los archivos en tiempo y forma, una obligación de los funcionarios públicos que habría que elevar al rango de ley.

2. Hacen eco de difamaciones. El morbo de quienes están ávidos de conocer los archivos sobre la guerra sucia o sobre el 68 se centran en los informes de espías o de agentes de seguridad del gobierno mexicano sobre agentes opositores. De esta manera se le da dignidad de verdad a lo que en muchos casos no son más que difamaciones o inferencias de la calenturienta mente policiaca de los informantes o analistas.

3. Es un atentado contra la vida privada de las personas. En todo el mundo existen reglas claras para abrir los archivos en torno a dos ejes: la seguridad del Estado y el respeto por la vida privada de las personas. En este caso, la defensa de la vida privada tiene un flanco a defender incondicionalmente en el resguardo de archivos que involucren relaciones íntimas, expedientes médicos y otras situaciones que comprometan el prestigio de las personas.

Así como el Congreso de Guanajuato interpretó el triunfo de Fox como un apoyo a la tendencia antiabortista, parece que el flanco izquierdo de los apoyadores de Fox lo interpretan como el apoyo a una de sus demandas históricas: coronar el triunfo de la democracia con la apertura de archivos.

La única manera de garantizar la transparencia, evitar la discrecionalidad y hasta una posible cacería de brujas en torno de la información resguardada en los archivos del gobierno es con el diseño de una ley de archivos y derecho a la información que reglamente de manera completa y exhaustiva la entrega, el resguardo y la consulta de la información. De otra forma, estaríamos rompiendo la llave dentro de la cerradura de los archiveros