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En los sucesos de Chimalhuacán emergieron y se entrelazaron al menos dos hechos significativos que resultan imprescindibles abordar en tanto su importancia e incidencia en la vida social y política mexicana: por un lado, la cuestión del clientelismo y la política caciquil; por otro, el recurso a la violencia como forma de participación en la "cuestión social".

Es cierto que se entremezclaron mezquinos intereses tanto personales como políticos, pues en la disputa por el poder territorial y administrativo subyace una forma de dominación basado en la extorsión, la amenaza y el amedrentamiento; y que termina por imponer una relación de sojuzgamiento basada en el chantaje y la violencia. Así, la relación clientelar impone una realidad dicotómica: "o estás conmigo o contra mí".

Y el cacicazgo dirime sus diferencias de la única forma que sabe hacerlo, con la fría crueldad de los balazos a mansalva. La violencia entonces es el ámbito donde se desenvuelven las contradicciones entre dos poderes antagónicos de este tipo, agudizados por tener en un PRI en descomposición, por la derrota del 2 de julio, la común procedencia. Y esta descomposición exacerbó aún más los ánimos hasta tal punto que el enfrentamiento, tal como estaban dadas las circunstancias, no podía resolverse de otra forma. Pero si el poder caciquil se desenvuelve en una dinámica basada en la violencia, éste también se desarrolla en una lógica superior; y que en este caso tiene su contención dentro de una instancia partidaria mayor. Al decir del investigador Adrián Acosta Silva: "La tragedia de Chimalhuacán es producto de las más oscuras tradiciones del PRI, aquellas cuyos arreglos políticos institucionales se construyeron con clientelismo, presión y violencia, códigos tolerados durante décadas por los dirigentes del priismo, empeñados en mantener el control de todas las fuerzas políticas existentes en el país, sin importar las que fueran. El caso de `La Loba` no es más que uno de los conspicuos y escandalosos cacicazgos mantenidos y desarrollados a la sombra del PRI" (etcétera, núm. 395, 24/VIII/00).

A la vez, el cacicazgo forma parte de una resolución autoritaria de la política, en lugar de la Democracia (así con mayúsculas) donde la contención del conflicto social tiene resolución por la vía institucional. Es necesario entonces comprender cómo el fenómeno democrático puede imponerse sobre el credo que abiertamente decide atentar contra las libertades populares. En este sentido, la clase de democracia que debe deparar para la resolución del rezago y la marginalidad, terreno fértil para el poder de los caciques, tiene que establecer necesariamente la presencia estatal en la lucha contra la pobreza, el analfabetismo, la salud, la seguridad, el racismo, Justicia Independiente (también con mayúsculas), etcétera, como ejes centrales para la inclusión de todas las capas sociales en pos de una vida digna y que merezca ser vivida.

La violencia resulta, pues, el medio en el cual se dirimen las contradicciones cuando los conflictos no reconocen otros medios para resolverse. Chimalhuacán resultó un claro ejemplo de ello, en tanto que el cacicazgo no reconoce otro poder que el propio, no admite beligerancia que no sea la que de él imane, no comprende otra lógica de la que impone, no entiende de razones que no provengan de su propio poder; aún en descomposición. Tal vez con la cruel lección de Chimalhuacán, "La Loba" pierda mucho de su poder, pero es ilusorio pensar que perezca el cacicazgo, porque los espacios vacíos que existen en aquellos lugares donde la democracia todavía no ha llegado, o apenas se trate de espacios formales de representación -donde el voto es un correlato del poder de hecho y cuando no es así se recurre al fraude-, los caciques enseñorean sus prácticas coercitivas a punta de chantaje armado.

La divergencia estriba en que mientras para el poder caciquil la violencia política es de uso corriente y normal, para la democracia debe ser una divergencia inaceptable. No hay posibilidad alguna de tolerancia en tanto que el bien supremo debe ser el bienestar general y no el acotado -o no- poder de un cacique de turno. Pero cuando la política es entendida en este último término se acotan todos los márgenes que garantizan el bienestar en favor de intereses sin relación con los principios elementales de convivencia social.

En otro sentido, pero consecutivamente con la cuestión del recurso de la violencia política como forma de intervención social, la emergencia de distintas formaciones guerrilleras expresan otro tanto por el acotamiento de los espacios institucionales de resolución del rezago social. Es necesario definir aquí que la pobreza por sí no justifica la aparición de formas militarizadas de intervención política, pero sí resulta un sustento necesario para quienes deciden por las armas justificar lo que parece no poder resolverse por otras vías. En este aspecto, ¿quién puede desconocer las necesidades históricas soportadas por los pueblos de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, etcétera? ¿Qué insensibilidad puede justificar la miseria de los compatriotas? Precisamente esos son argumentos de los alzados en armas; sin embargo, mientras perdure la exclusión social, la marginación de amplias capas sociales y el racismo tendrán una razón de ser. Es altamente improbable que no puedan criticarse los fines declamados, pero sí sus medios.

Por todo ello, urge una redefinición de la función del Estado en tanto garante del bienestar general y de los derechos humanos, aun los más elementales; porque todos aquellas regiones excluidas de su intervención son propicias para cualquier desviación autoritaria. Es un destino incierto, por cierto, el que le toca vivir a México en estas horas

Jorge Lofredo es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires.
Correo: jorgelofredo@hotmail.com