textos
La economía política
de Zedillo
Ricardo Becerra

nostalgia
Se acabó
Julián Andrade Jardí

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Que la nación
se lo demande
Gastón García Miranda

La alternancia en la Presidencia de la República llegó. En realidad, por el camino recorrido en los últimos años, particularmente en el plano electoral, esa conclusión del 2 de julio pasado no debería haber sorprendido a nadie que tuviera algo de información política. En posiciones de gobernadores, presidentes municipales, diputados federales y estatales, senadores y demás, ya se habían vivido ese tipo de cambios.

La geografía política nacional registró desde hace años la instalación de gobernadores de diverso origen partidario, y la alternancia ha formado parte de la vida cotidiana en prácticamente todas partes. En ese sentido, lo verdaderamente ejemplar ha sido la participación ciudadana que ha decidido premiar y castigar tanto a los partidos como a los gobiernos. A unos y otros sin excepción pues esa ha sido la fórmula del binomio inseparable aquí en México y en todas las latitudes donde el método para definir y decidir los asuntos del poder y del gobierno es el electoral.

La ciudadanía mexicana ya era mayor de edad antes de que la tan llevada y traída transición culminara con la alternancia en la máxima posición del sistema político. Desde hace tiempo el ciudadano que emitía su voto sabía de su valor y así lo hacía saber cada vez que era convocado a las urnas. Esa conducta fue reiterada el 2 de julio y Vicente Fox, en consecuencia a esa voluntad, es hoy Presidente electo.

Pero el voto ciudadano no solamente decidió quién debería ocupar ese cargo tan importante a partir del próximo 1 de diciembre. También definió la composición del Poder Legislativo y varias cosas más. Lo que no podrán soslayar ni el futuro Presidente ni los legisladores en turno es que hay un mandato expreso para que se gobierne bien. Por consenso, por acuerdos y compromisos, por pactos, pero nuestros políticos tendrán que aprender a llegar a conclusiones compartidas.

El último Informe del doctor Ernesto Zedillo fue entregado en tiempo, y la lectura que el día primero hizo ante los legisladores fue un mensaje político que incluyó algunas consideraciones acerca de diversos temas. Subrayó que en las materias electoral y (macro)económica logró avances importantes, y tuvo razón. Aunque es igualmente destacable que en eso como en otros terrenos los éxitos logrados son también compartidos con otros sujetos de la política y la economía: los partidos políticos, los poderes diferentes al Ejecutivo, trabajadores, empresarios, etcétera.

El Informe como tal todavía no se discute con el rigor que se merece, y lo más seguro es que inicie con la glosa del mismo y la comparecencia de los secretarios del Ejecutivo ante los legisladores. Tal vez entonces se podrá hablar con rigor analítico de lo que no se mencionó, o apenas se hizo el pasado 1 de septiembre.

El tema de la (in)seguridad pública deberá ser abordado con la importancia que tiene. Es un problema que la sociedad demanda tenga solución y no será suficiente con atender la opinión del Presidente cuando dice que hay que observar cuánto de la criminalidad es asunto federal y cuanto de carácter estatal. Más allá de los deslindes objetivos que deba hacer, es evidente que más que consideraciones subjetivas, lo que se requiere son estrategias claras y particularmente compartidas por todas las instancias que se relacionen con los asuntos delictivos. Se trata de arribar a políticas que incorporen lo positivo de lo logrado hasta ahora y reconozcan cuánto ha crecido y penetrado la delincuencia organizada particularmente en los terrenos del Estado.

La pobreza también es una de las grandes deudas históricas que se tienen con amplias capas sociales. Algunos hablan de 40 millones de pobres y otros de 50, el caso es que esas cifras subrayan un serio déficit social y político del gobierno actual y de varios de los que lo precedieron.

El caso Fobaproa y otros del mismo carácter ameritarán sin lugar a dudas serios y profundos debates. Esperemos que el análisis riguroso e informado le cierre el paso a las tradicionales actitudes contestatarias, superficiales, escandalosas, y se puede llegar al conocimiento de la verdad de lo que ahí pasó.

El tema del Estado de derecho no logrado, las relaciones entre ilegalidad e impunidad. La proclividad o incapacidad para evitar que la política se haya convertido generalmente en asunto de barandilla y otras cuestiones más deberán ser materia para el análisis pero también pueden ser la oportunidad para que los nuevos legisladores demuestren a la sociedad y, en particular, a quienes votaron por ellos que existe la posibilidad de avanzar en serio y en consecuencia a las necesidades reales y sentidas por la ciudadanía. Esperamos a que así sea