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La economía política
de Zedillo
Ricardo Becerra

nostalgia
Se acabó
Julián Andrade Jardí

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Pobreza y legalidad
Rafael Cordera Campos

Ernesto Zedillo Ponce de León está por ingresar a esa especie de juicio colectivo al que son sometidos todos aquellos que concluyen su misión como titulares del Poder Ejecutivo. De este proceso popular, y del tiempo mismo, dependerá el sitio que habrá de corresponderle en función de la obra de gobierno realizada pero también del conjunto de asignaturas pendientes.

No hacen falta profundas reflexiones para conocer la opinión de los mexicanos, ante la pronunciación de los apellidos Alemán, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo o Salinas. Cada quien, en su momento, entregó cuentas, aunque no exentas de cuestionamientos. Las crisis económicas de cada fin de sexenio -a partir de 1976- han manchado la reputación de la mayoría de ellos a su paso por la Presidencia.

Cada uno al prestar juramento al más alto cargo del país se ha comprometido a cumplir y hacer valer la Constitución y las leyes que de ella emanen, o de lo contrario -juran- "que la nación me lo demande". Juzgar de "buena" o "mala" la administración zedillista nos llevaría a pecar de simplistas; es preciso separar las distintas responsabilidades del titular del Poder Ejecutivo para valorarla en su justa medida. Es evidente que Ernesto Zedillo tuvo aciertos y errores, pero también que deja algunas cuentas pendientes con la sociedad, promesas incumplidas que habremos de reprocharle. Nos referimos a la inseguridad que subsiste como amenaza constante y puntual; a los casos no resueltos de los asesinatos de Colosio y Posadas, y a los conflictos en Chiapas y la UNAM.

Uno de los primeros deberes del Estado es proteger la seguridad, el bienestar y la propiedad de las personas, lo cual está todavía lejos de cumplirse. Hay focos rojos encendidos en muchas ciudades del país, donde la delincuencia ha tomado la iniciativa, superando en armamento y capacidad operativa a la policía. Si bien es cierto que el sexenio de Ernesto Zedillo aumentó el presupuesto federal para seguridad en 300% y creó la Policía Federal Preventiva, no ha sido posible restablecer el Estado de derecho y la justicia en México. La sensación de quien se sabe desprotegido prevalece en una sociedad que a veces no sabe a quién temerle más, si a los delincuentes o a los policías. Los rezagos en condenas, extradiciones o ubicación de criminales famosos aumentaron en el periodo 1994-2000. Son los casos de Angel Isidoro Rodríguez, "El Divino"; de Carlos Cabal Peniche; de Jorge Lankenau, de Alberto Abed; de Gerardo de Prevoisin y del mismo Raúl Salinas de Gortari.

El doctor Zedillo dejó inconclusos o sin resolución convincente los crímenes de Luis Donaldo Colosio (en marzo de 1994); de José Francisco Ruiz Massieu (en septiembre de 1994); y del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo (en mayo de 1993). Ciertamente, todos estos crímenes ocurrieron antes de que asumiera la Presidencia, sin embargo, las investigaciones han seguido su curso para que se aplique la justicia. En sus dos primeros informes de gobierno, Zedillo prometió esclarecer estos casos que no mencionó más en los siguientes informes.

Sobre el homicidio de Colosio sólo se tiene preso al autor material del crimen, Mario Aburto, y una conclusión sobre el móvil del crimen: la del asesino solitario. Todavía se desconoce quién y por qué ordenó su muerte. El asunto del asesinato de Ruiz Massieu presenta aún lagunas e inconsistencias. El tristemente célebre y kafkiano episodio de la osamenta de El Encanto -que le valió al fiscal especial Pablo Chapa Bezanilla el mote de "El fiscal de las brujas"- puso en evidencia la falta de capacidad de las autoridades en el desempeño de sus funciones. Fue una vergüenza el descubrimiento del pago a testigos para sembrar una osamenta y hacerla pasar como la de Manuel Muñoz Rocha. Este ridículo internacional echó por la borda el prestigio que el entonces procurador Antonio Lozano Gracia y el propio Chapa Bezanilla hubieran podido tener, sembrando -además de la osamenta- dudas que a la fecha persisten.

En el caso Posadas, la creación de una Comisión Especial para garantizar la transparencia de las investigaciones no despejó las dudas de quienes, desde la Iglesia católica, creen que el homicidio fue deliberado y tampoco modificó la hipótesis de la PGR, en el sentido de que el cardenal fue abatido por una ráfaga de 14 tiros tras una "lamentable confusión".

El conflicto de Chiapas se mantuvo en los planos secundarios del quehacer gubernamental del presidente Zedillo o, al menos, ésa es la impresión que deja. En diversas ocasiones llamó a la mesa de negociaciones al grupo inconforme, pero éste no volvió argumentando una falta en el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, firmados por legisladores que integraron la Cocopa. Aun cuando no exista una responsabilidad directa del Presidente en este y otros asuntos, como las matanzas de Acteal y Aguas Blancas, quedarán irremediablemente como el "negrito" en el arroz de su administración en materia de seguridad nacional.

En el mensaje leído a la nación el 1 de septiembre, no se mencionan los conflictos más graves por su nombre, pero ahí estuvieron. El presidente Zedillo dijo: "Por muchísimas razones -de convicción, de estrategia básica y de experiencia personal- no creo que la represión sea solución a los conflictos sociales. Como Presidente de la República he preferido excederme en la tolerancia antes que adelantarme en el uso de la fuerza pública, incluso legal y legítima, y aun ante claras provocaciones".

El paro de actividades en la UNAM duró diez meses; ha sido el más largo de su historia. El daño al prestigio de la que fue nuestra máxima casa de estudios podría ser irreparable, y la pérdida del tiempo invertido a los estudios universitarios por miles de alumnos los llevó a la deserción o a la búsqueda de mejores opciones. Cuando el desgaste era insoportable y las pérdidas económicas millonarias, el Estado usó la fuerza pública y no por ello se le colgó la etiqueta de represor. No obstante lo anterior y pese al debilitamiento moral y político del grupo inconforme, el conflicto universitario permanece sin solución. La Presidencia apostó al desgaste del CGH, sin reparar en el serio daño moral y político de la universidad. El plebiscito impulsó la salida al problema, pero demasiado tarde.

Ernesto Zedillo heredó una parte importante del ideario político de Luis Donaldo Colosio, quien admitió que México era un país con sed de justicia, sed que Zedillo ofreció saciar sin haberlo cumplido, ni siquiera para aclarar su asesinato. En este mensaje final a la nación, el mandatario saliente admite que a pesar de las medidas adoptadas en materia de seguridad, "la criminalidad sigue siendo un problema muy grave". Y remata: "... admito con pena que es muy justificada la insatisfacción social por este problema".

Las leyes conceden al titular del Poder Ejecutivo un poder que Ernesto Zedillo no supo o no quiso ejercer para mantener el control de la seguridad pública y ese es el pie del que cojeó durante su mandato. El dijo al respecto que prefirió pecar de tolerante que de abusivo en el uso de la fuerza pública.

Diversos sondeos aprueban la gestión zedillista, sobre todo por el rescate de la catástrofe económica que se abatió en los albores de su sexenio y nos tuvo al borde de la quiebra. Pero las maravillas de la macroeconomía no se reflejan todavía en los bolsillos de la mayoría de las familias mexicanas. Esto, a su vez, se traduce en el riesgo latente de inseguridad, porque a la falta de oportunidades suele agregarse un aumento de la criminalidad, como lo admite este Presidente que recorre los últimos tramos de su gestión y se dirige así al juicio de la historia