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textos Cierre de verano en España
Ciro Murayama
El fiscal de la Audiencia Nacional de España, Pedro Rubira, al recurrir a la orden de detención girada en contra de Miguel Angel Cavallo -la cual daría lugar a la extradición al país ibérico- confirma el perfil conservador, pero liberal, ante los excesos cometidos por las dictaduras latinoamericanas en los 70 y 80, de ese cuerpo de fiscales. En efecto, hasta ahora Cavallo es un presunto delincuente acusado de torturas y desapariciones cometidas en la terriblemente célebre Escuela Mecánica de la Armada Argentina, y para probar su culpabilidad es que los jueces Baltasar Garzón y Guillermo Ruiz Polanco exigen su presencia en los juzgados españoles. Sin embargo, el fiscal de la Audiencia Nacional alega que en tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1995 -que establece por primera vez la persecución de los crímenes contra la humanidad- es posterior a la comisión de los delitos imputados, no hay competencia para proceder a juicio. Así, algo que ni a la defensa del propio Cavallo se le había ocurrido -en tanto su argumentación se basa en la diferencia de nombres y, por tanto, de personas entre la orden de aprehensión y las identificaciones más recientes de Cavallo- aparece como eventual salida para el ex encargado de registrar los vehículos en México. Por fortuna, existe un precedente cercano frente a la postura del fiscal: en 1998, a propósito de la solicitud de extradición planteada a Reino Unido por España sobre Augusto Pinochet, la sala penal de la Audiencia Nacional determinó por 11 votos en favor y ninguno en contra, que los tribunales españoles eran competentes para juzgar los crímenes contra la humanidad durante los regímenes militares de Chile y Argentina. De mantenerse esta tesis, contraria a la lectura y voluntad del fiscal nacional Jesús Fungairiño y sus subordinados, continuarían abriéndose los espacios de legalidad que los mismos protagonistas de las dictaduras dejaron sellados para garantizar su impunidad. Por otra parte, impunes siguen en la realidad los responsables que cubrieron de rojo el verano ibérico. ETA ha dejado diez víctimas mortales en lo que va del año y cierra el periodo vacacional atentando contra la vida de Manuel Indiano, de 29 años, quien murió baleado el martes 29 de agosto mientras despachaba su dulcería en Zumárraga, provincia de Guipuzcoa, dejando una viuda con siete meses de embarazo. La crueldad del hecho se emparenta en dimensión con su inutilidad. Nadie gana absolutamente un comino con la multiplicación de la violencia, incluyendo a los nacionalistas: nada deslegitima sus fines ante los ojos de los europeos, españoles y vascos mismos como estas formas para resolver un conflicto político. El dolor por estas muertes absurdas es lo que lleva al grueso de los partidos políticos españoles a exigirle al Partido Nacionalista Vasco, gobernante de la Autonomía del País Vasco, una clara ruptura con los violentos, recordando que quien no tiene el mínimo respeto por la vida ajena no puede ser considerado compañero de viaje ni a la esquina. Y mientras ese deslinde de los nacionalistas -hasta hace poco probados demócratas frente a ETA y su entorno- no llega, el fanatismo sigue teniendo la coartada y la ilusión de ser parte de un proyecto compartido por otras fuerzas. Tras el verano, una de las definiciones que no podrán posponerse es la del PNV para romper con el Pacto de Lizarra que aglutinó a todo tipo de nacionalistas y sumarse al espíritu pacificador de Ermua (surgido entre todos los actores políticos que aspiran a dirimir sus diferencias en un juego sin pistolas y con reglas preestablecidas en el diálogo) o para acabar cargando a sus espaldas con la responsabilidad de no aislar a los empeñados en sembrar el terror, lo que en un país como España -de la misma forma que en muchos otros- implicará la pérdida de todo capital político legítimo Ciro Murayama es economista por la UNAM. realiza estudios de postgrado en la Universidad de Madrid. |
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