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La violencia social y política derivada del corporativismo es ahora, cuando todo el mundo pretende inaugurar un nuevo régimen, uno de los problemas de fondo que también habrá que solucionar si lo que se quiere es que se avance en el proceso democratizador y en la solución de una problemática profunda y compleja que aqueja a la sociedad. Hoy, precisamente por los lamentables hechos de Chimalhuacán, se debe reconocer que la democracia electoral instalada con claridad suficiente en nuestro país no resuelve la conflictividad que va más allá de sus propios acotamientos. Hay otros asuntos y temas que deberán ser tratados de manera consecuente. Son materia de los partidos políticos y, más en general, de cuestiones de Estado que deberá tratar como tales.

Es por todos conocido que en esas tierras la violencia se vive a flor de piel pero, en el caso que nos ocupa, lo que cabe destacar es que se trató de un enfrentamiento entre grupos afiliados a un mismo partido, el PRI. Uno, encabezado por la señora Guadalupe Buendía y otro, representado y reconocido como Antorcha Popular expresión urbana de la llamada Antorcha Campesina.

De la primera, mejor conocida como "La Loba", poco hay que agregar. Ella es el clásico caso de los cacicazgos creados por los clientelismos partidarios y gubernamentales que a lo largo de décadas han permitido la consolidación de negocios y dominios sobre la población más pobre del país, tanto en zonas urbanas como rurales. Migajas para los más pobres a cambio de votos, movilizaciones y enfrentamientos. Los más expuestos y marginados, como masa de maniobra.

De la organización que por la vía del PRI llevó a Jesús Tolentino a la presidencia municipal de Chimalhuacán, tampoco hay nada nuevo que decir. Es otra historia plagada de lo mismo. Movilización de masas sobre todo marginadas, en las ciudades y en el campo que intercambia control y dominio por poder político e impunidad. En los dos frentes sus acciones están suficientemente documentadas a lo largo del tiempo y por múltiples medios de comunicación masiva. Raúl Trejo Delarbre documentó de manera excelente la trayectoria de las dos fuerzas que provocaron situaciones lamentables (La Crónica de Hoy, 20 y 21 de agosto), sobre todo a partir de la que hasta ahora aparece como quien tomó la iniciativa y no es otra que la que comanda la señora Buendía: más de diez asesinados y alrededor de una centena de heridos produjo la acción de "La Loba".

Cuando aquí señalamos que se trata de una serie de prácticas muy socorridas por partidos y gobiernos, estamos queriendo decir que el "modelo" no es exclusivo aunque quien seguramente lo inauguró fue el PRI. A lo largo y ancho del país, ese tipo de relación clientelar, de control y dominio de masas marginadas, establecida con gobiernos estatales y municipales, con partidos políticos gobernantes y no, también con grupos económicos de poder, con iglesias, etcétera, existen y han existido desde hace mucho tiempo. Hay organizaciones que, para decirlo rápido son, antes que nada, esa especie de "revólveres a la orden" que han proliferado a lo largo de décadas.

Ese es, desde este punto de vista, el asunto de fondo, el que hay que reconocer como obstáculo para que la democracia pueda ir más allá de lo electoral. Los temas básicos de la pobreza no podrán ser planteados con posibilidades mínimas de solución si no se conocen las fórmulas adecuadas para liberar a los grupos sociales de ese tipo de organizaciones y liderazgos que viven de la explotación de los pobres e intercambian control social y político por impunidad.

Por supuesto que esas prácticas se relacionan directamente con la construcción estatal que en México se empezó a desarrollar como producto de la revolución, y aunque la hegemonía tiene sus connotaciones históricas, éstas no evitan reconocer que el modelo derivado de ese proceso se socializó de manera importante y extendida a lo largo y ancho del país. Bastaría con revisar la geografía de las organizaciones sociales nacionales, estatales, regionales y municipales, para encontrar suficientes muestras de lo que estamos señalando y, sobre todo, confirmar que a estas alturas nadie, ni partidos ni gobiernos, se pueden excluir de esas rémoras que evitan con sus "usos y costumbres" que los asuntos sociales de fondo puedan encontrar soluciones duraderas.

Por eso hay que insistir en que estos problemas tienen que ser mirados con una óptica de Estado. Que los partidos políticos no pueden sentirse al margen o excluidos de prácticas y conductas políticas que de diversas formas o expresiones se concretan ahora en el caso de Chimalhuacán, con un gobierno estatal priista, dos grupos que por medio de la violencia han intentado dirimir sus diferencias y negocios y que son, también, priistas y, un partido político nacional que, si quiere situarse a la altura de los nuevos tiempos, debe actuar repudiando y castigando ese tipo de militancia que a él mismo le estorba.

Por cualquiera de los ángulos que se le quiera ver, el caso de Chimalhuacán convoca a reflexiones serias a propósito de la tan en boga reforma del Estado que, para ser tal, deberá involucrar a todo el espectro político del país. En ese terreno no puede haber excepciones