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Cuando todo parecía indicar que la transición del poder iba como miel sobre hojuelas se presenta una serie de problemas que complican las cosas. Bombas de tiempo como el Renave podrían romper el encanto que la democracia nos dejó el 2 de julio pasado.

Ahí están la controversia nacional en torno al aborto, el caso Espinosa, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena al presidente Ernesto Zedillo abrir los archivos del rescate a Banco Unión a través del Fobaproa y la violencia en Chimalhuacán, entre otros asuntos. Pero nos referiremos en particular al Renave, el controvertido Registro Nacional de Vehículos que por las inconsistencias que presentó desde su origen se convirtió en un programa nacido para perder.

El secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco, se ha convertido ya en el "ministro incómodo" del régimen zedillista por sus medidas temerarias. Primero, con el asunto de la no legalización de los autos chocolate, después con la inscripción obligatoria de comerciantes y empresarios a un padrón al que ambos grupos se resistieron. Y finalmente el Renave, condenado al fracaso ante las dudas surgidas de su proceso de licitación, falta de una discusión más abierta, escasa o nula información sobre su constitución y propósitos, así como por contradicciones y rectificaciones que ha sido necesario hacer sobre la marcha.

Durante mucho tiempo funcionó el Registro Nacional de Automóviles, hasta que en 1989 se ahogó en un mar de corrupción. Sin embargo, los gobiernos estatales y del Distrito Federal han tenido control vehicular a partir del cobro del impuesto por la tenencia desde 1968. La Ley del Registro Nacional de Vehículos fue aprobada por el Congreso el 2 de junio de 1998 con el propósito de perfeccionar el padrón y contrarrestar así el robo de autos, uno de los delitos que más ganancias deja a la delincuencia organizada. A finales de 1999 se otorga la concesión. La inversión a un plazo de diez años es de 400 millones de pesos.

A partir de entonces no han faltado cuestionamientos sobre los propietarios del Renave. Nos referimos a Concesionaria Renave S. A. de C. V., un consorcio integrado por las empresas de Henry Davis con capital mexicano, Gemplus Industrial, de origen francés y una tercera firma argentina, Talsud. Si bien la Secofi asegura que la parte mexicana (?) detenta la mayoría del capital, existen dudas sobre la disposición que ordena que la inversión extranjera no puede poseer más de 49% del capital en la sociedad concesionaria.

Si bien el fin es bueno, el problema está en los medios para alcanzarlo. El pago para los vehículos nuevos se fijó en 375 pesos más IVA, y de 100 más IVA a los usados, tarifa que por la presión política recibida obligó a Secofi reducirlo a 50 pesos. Por qué agregar este nuevo pago a la pesada carga impositiva y de cuotas que implica la posesión de un vehículo automotor: dos verificaciones anticontaminantes al año, el pago de la tenencia y el cíclico aumento en las casetas de cobro.

En su momento, la iniciativa de ley recibió el rechazo de la fracción perredista, sus miembros argumentaron que un registro como éste no puede ser operado por particulares. El secretario de la Comisión de Comercio del Senado de la República, Jorge Calderón Salazar, aseguró que con la licitación del Renave se violentaron los artículos 25 y 27 constitucionales que establecen la rectoría del Estado en materia económica.

Curiosamente el grupo parlamentario del PRI votó en favor de la iniciativa; ahora se opone a ella y aprueba que sea modificada. El PRI en el Distrito Federal ofreció incluso asesoría gratuita para que los particulares que así lo desearan interpusieran el recurso de amparo. En todo caso, el trámite es más caro que la inscripción al Renave.

El gobierno capitalino, a través de Rosario Robles y el jefe de gobierno electo, Andrés Manuel López Obrador, han llegado al punto de pedir a los dueños de vehículos que se abstengan de pagar por dicho concepto y esperar una nueva discusión sobre el tema en la próxima Legislatura.

Pero las inconsistencias no terminan aquí. La Secofi, además de no haber capacitado a su personal en las delegaciones a efecto de darle fluidez al trámite, fijó inicialmente un plazo de medio año al concesionario para registrar 14 millones de vehículos. También en este punto tuvo que rectificar. El plazo se amplió ya hasta julio de 2001.

Las críticas no se han centrado en la existencia de un registro de vehículos automotores, sino en el hecho de cargarlo a los propietarios. Autoridades federales y representantes del Renave hacen constantes llamados para inscribirse, en tanto funcionarios estatales y municipales mantienen una posición de rechazo. Tal es el caso de Aguascalientes -cuyo gobierno propuso la reducción de 50% del cobro-, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Jalisco, Tabasco, Distrito Federal y gran cantidad de municipios.

El pasado 23 de agosto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo del PRD, PRI, PT y PVEM que propone modificaciones a la Ley del Registro Nacional de Vehículos. En él, los legisladores plantean que el Renave deberá establecerse a partir de los datos obtenidos al pagar la tenencia y además recomiendan elaborar la base de datos sin costo para los propietarios. En tribuna, el diputado perredista Jesús Martín del Campo planteó igualmente la necesidad de reducir el monto de las multas a los infractores hasta en una cuarta parte. Actualmente dichas multas se mueven en un rango que va de los 500 a los mil salarios mínimos.

Por si algo le faltara al Renave para seguir en caída libre, el 24 de agosto pasado, su director general, el argentino Ricardo Miguel Cavallo, fue detenido en Cancún, Quintana Roo, en el momento en que pretendía abandonar territorio mexicano, una vez enterado de que cinco ex presos políticos lo identificaron como quien los torturó durante la dictadura militar. Cavallo es también requerido por la justicia española para que responda por delitos de genocidio, tortura, falsificación de documentos y ¡robo de autos! De confirmarse la acusación, qué terrible sería comprobar que la empresa encargada de erradicar este delito en México tenía como director a un robacoches operador de la dictadura argentina. A pesar de que reconoció haber sido oficial del ejército argentino, Ricardo Miguel Cavallo asegura que lo están confundiendo con otra persona.

Por más que Secofi insista en separar el turbio pasado de Cavallo, la verdad es que deja sin sustento la confianza y la certidumbre que pudieran haber quedado entre los automovilistas hacia el propio registro, el cual -dice el gobierno- "sigue vigente" a pesar del huracán que lo revuelca una y otra vez. A los ojos de todos hay otra laguna que deja ver la negligencia en el proceso de licitación, toda vez que no investigaron a fondo la trayectoria de quienes participarían en la aplicación del registro, aunque Comercio argumente que la contratación del ex militar argentino corrió a cuenta del grupo concesionario y no de la Secofi.

Si a ello agregamos las condenas de los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, las rectificaciones sobre la marcha, el dictamen del Congreso en su contra, el inminente cambio de administración, y la solicitud del PRD para remover de su cargo a Herminio Blanco, bien podríamos estar ante la agonía del Registro Nacional de Vehículos, nacido para perder ¿y morir?