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El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) acaba de dar cuenta de cifras sobre el volumen de la "economía informal" en México. De acuerdo con los datos, dichas actividades representan 12.7% del Producto Interno Bruto de nuestro país y absorben a 28.5% de la población ocupada total, equivalente a 9.3 millones de personas. Con la presentación de la "Cuenta Satélite del Subsector Informal de los Hogares", también sabemos que nueve de cada diez negocios informales esperan continuar operando en la misma condición y se informa de la existencia de incentivos para los trabajadores que laboran en la informalidad, como no tener jefes y contar con flexibilidad de horario (en 11.9%), poder acceder a esta actividad cuando no encontraron colocación en empleos formales (13.6%) y porque en 35.9% de los casos se obtienen más recursos a los que tendrían como asalariados formales.

Son cifras impactantes, pues la aportación de la economía informal al producto nacional supera a la contribución de los sectores agrícola y ganadero, por ejemplo, y además iguala en valor al monto de la deuda externa. Pero las lecciones que pueden desprenderse de esas cifras, los retos y las oportunidades, son más escurridizos y ello se relaciona con lo que se entiende por economía informal.

El término, en la literatura académica, fue aplicado por vez primera por Keith Heart, quien al realizar un estudio en Ghana diferenció las actividades formales e informales en función de si los trabajadores de aquel país eran o no asalariados. Desde entonces, la idea de informalidad ha cambiado y generado incluso percepciones contradictorias sobre las implicaciones de su presencia en la economía.

Tradicionalmente, para la mayoría del público, el concepto de economía informal se asocia con aquellas actividades que se realizan al margen de los sistemas oficiales de regulación e implican desde el no pago de obligaciones fiscales -simplemente se trata de negocios o empresas sin registro- hasta la ausencia de relaciones laborales normadas. Así, la presencia de un subsector informal muy amplio tendría una connotación negativa, en tanto se dejan de percibir ingresos fiscales y hay una franja de la población ocupada que carece de los derechos laborales asociados a un empleo formal. De ahí que la disminución de la economía informal se traduzca en un objetivo de política económica.

Pero los datos que presenta INEGI no abarcan necesariamente actividades exentas de impuestos o de contratos laborales debidamente reglamentados y notificados ante la ley. Se trata de información que surge de una encuesta practicada a micronegocios en zonas urbanas superiores a los 100 mil habitantes o, en su caso, a las capitales de los estados con una población inferior a esa cifra, por lo que vale en un principio tomar cierta distancia sobre la definitividad de los números en el conjunto de la economía nacional. Asimismo, de acuerdo con la definición de "economía informal", adoptada en la XV Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo celebrada por la OIT en Ginebra en 1993, informales son "todas las empresas por cuenta propia, esto es, aquellas empresas de hogares que pertenecen y son administradas por un trabajador por cuenta propia. Además, dependiendo de las circunstancias nacionales, incluye un componente adicional, `empresas de empleadores informales`, es decir, empresas de hogares que emplean trabajo asalariado y cuyo tamaño sea inferior a un nivel determinado", que en el caso mexicano se fija en cinco trabajadores.

Por lo anterior, 12.7% del PIB en 1998 lo generaron esos micronegocios familiares, hayan estado dados o no de alta en Hacienda. Así, habría que moderar las expectativas sobre los ingresos fiscales y sobre los derechos de los trabajadores que acarrearía "formalizar" estas actividades, pues, de hecho, parte de ellas ya están pagando impuestos y cotizando al Seguro Social por sus empleados. Sin duda, hay un campo donde puede coincidir la ausencia de registro y las características de la empresa que se encuadra en economía informal, pero no necesariamente representan lo mismo.

Lo que tenemos, entonces, son dos asuntos: por un lado, una economía que genera casi un tercio de su demanda de trabajo a través de micronegocios, y una extensa red de actividades económicas que van desde la producción y hasta la distribución de bienes y servicios, que están fuera de las obligaciones fiscales, por el otro. El primer tema, por sí mismo, no es un problema ni un defecto de la economía en tanto que este tipo de negocios pequeños en el mundo entero sigue generando el grueso de los puestos de trabajo, e incluso se promueve su extensión en un contexto económico de liberalización donde la alteración de las relaciones laborales típicas de la postguerra hace necesaria la creación de más trabajadores autónomos para garantizar niveles de empleo adecuados. Sobre el segundo tema sí puede señalarse que se trata de una situación anómala que es preciso corregir. Y en nuestro país hace falta una estimación oportuna de lo que representa este segundo tipo de actividades que en Europa se han llegado a denominar "economía sumergida". Una vez teniendo ese panorama podría contarse con los elementos necesarios para decidir el tipo de estrategias económicas que llevarían a "emerger" esas actividades. La cuestión es relevante en tanto se relaciona con la tarea estatal de regulación y con la vigencia o no del Estado de derecho en las relaciones económicas en nuestro país