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textos El caso Cavallo
Ariel González Jiménez
Muchas han sido las noticias procedentes de México que han interesado en las últimas semanas a la prensa argentina. Desde el pasado 2 de julio nuestro país mantiene una presencia en los medios de comunicación locales que parece más bien un reestreno de imagen que ocupa grandes espacios y horarios privilegiados en todos los medios. Los cambios y las expectativas que despertó la elección de Vicente Fox, así como la posterior visita que realizó a Sudamérica, explican suficientemente este fenómeno. Pero aunque de México era posible esperar muchas más noticias de interés, ninguna, sin embargo, tan explosiva para ambos países como la detención de Ricardo Miguel Cavallo, director del Renave, quien en realidad sería Miguel Angel Cavallo, un capitán de corbeta que integró el tenebroso Grupo de Tareas núm. 3, encargado de llevar a cabo la represión ilegal durante la pasada dictadura argentina. La ejemplar nota que José Vales preparó para el diario Reforma dando la primicia que desembocó en la captura del ex oficial de la armada argentina ha abierto un complejo expediente en el que lo primero y más inquietante que salta a la vista es que México no sólo recibió con los brazos abiertos a quienes huyeron de la dictadura sino, por lo pronto, años después, permitió el asentamiento legal de uno (confiemos en que no haya más) de los que durante este oscuro periodo de Argentina se dedicaron a perseguir, torturar y ejecutar a miles de ciudadanos. Descuido, traición a la buena fe, error involuntario, lo que haya sido no justifica que de pronto nos encontremos con que el Renave está en manos de un delincuente, pero sobre todo de un practicante del terrorismo de Estado, ése que se instrumenta precisamente con información confidencial como la que concentra el Registro Nacional de Vehículos. No es que Sérpico -como se le conocía en el ambiente de las mazmorras militares a Miguel Angel Cavallo- se haya dedicado por casualidad a este tipo de actividades empresariales que llegó a desarrollar tan exitosamente en México y otros países latinoamericanos hasta el momento de su detención. En realidad, su vocación es anterior a la fundación de Talsud, la firma que lo respaldaba (¿o respalda?), y la comparte con muchos otros colegas que han podido, tal y como apunta Miguel Bonasso, "reciclarse en empresarios de la seguridad, la informática y la identidad...", para seguir siendo "los dueños de los secretos de los ciudadanos". Porque no es un asunto menor, el mismo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, ha señalado que este caso "obliga a las autoridades mexicanas a realizar una acción urgente a fin de resguardar la información que la empresa del Renave tiene en su poder". Al mismo tiempo, creo, obliga a reflexionar sobre aquellos servicios y actividades que el Estado debería tener estrictamente bajo control. Hay demasiada información privada detrás de cada matrícula vehicular como para dejarlo en manos de empresas como el Renave (que pueden tener como director a un ex represor que entre otras cosas es buscado por robar autos). Argentina y la justicia global Además de revivir en las víctimas el recuerdo de los años de terror y la profunda indignación por la impunidad de que han gozado los militares que lo hicieron posible, el caso Cavallo -como antes el del mayor retirado, Jorge Olivera, detenido en Italia hace apenas unas semanas- ha atizado el debate en torno de la pretensión del juez español Baltazar Garzón de juzgar en su país a éste y otros 200 militares acusados de genocidio. El gobierno argentino se ha atenido en todos los casos a un principio de territorialidad que fue el mismo con el cual apoyó al gobierno chileno en su reclamo para que Augusto Pinochet no fuera juzgado en el extranjero. Ahora ese mismo argumento está en boga ante la detención del ex militar Jorge Olivera en Italia, y aunque todo apunta para que el caso Cavallo sea tratado de la misma forma, quizá las particularidades y el contexto en que el caso se ha presentado propicien un desenlace muy diferente del previsto por este argumento de soberanía judicial. Es lógico que Olivera y Cavallo deseen volver a su país, así fuera simplemente para no salir más de él. Por eso sus casos advierten al mundo del hecho de que la Ley de Punto Final dejaría impunes sus crímenes si son devueltos a Argentina. Eso puede suceder, y aunque muy tímidamente aún, eso esperan algunos que suceda. No obstante, puestos a comparar, hay que tener presente que acaso a Pinochet lo salvó de la extradición no sólo su fingida senilidad, sino su condición de dictador en jefe, es decir, el peso real que todavía tiene (admitámoslo) su aborrecible figura en Chile. Pero, ¿es ese el caso de Olivera en Italia y de Cavallo en México? No. Sin embargo, poner a cualquiera de ellos en manos del juez Garzón sentaría un importante precedente que marcaría la relación futura de la justicia global con el gobierno argentino, sus fuerzas armadas y las organizaciones de derechos humanos que exigen castigo para los responsables de numerosas atrocidades. Por lo pronto, en México ya están en marcha los primeros pasos para la extradición de Cavallo a España. Debido a la fluidez con que han venido trabajando los dos gobiernos en los últimos tiempos, al ex militar argentino le deben quedar pocas dudas acerca de la voluntad del gobierno mexicano para que este procedimiento se concrete. Algunas declaraciones aisladas del presidente Fernando de la Rúa, quien en breve visitará México, no permiten suponer que la posición argentina (con la tesis de la territorialidad en la administración de la justicia) haya variado. El analista argentino Oscar Raúl Cardoso ha dicho que la realidad está rebasando las previsiones del actual gobierno en este tema. Lo cierto es que a su llegada a México en los primeros días de septiembre, De la Rúa encontrará a su compatriota todavía preso y en vías de ser extraditado a España. Si ésta se produce, sería la primera vez que al juez Garzón se le cumple su deseo de procesar a un ex militar sudamericano en España; sería el inicio de una etapa que no pudo comenzar con el castigo a Augusto Pinochet. Habría llegado otra faceta de la globalización, aquella que anula fronteras y soberanías para castigar los crímenes cometidos contra la humanidad. Por una vez, quizá... Ariel González Jiménez es periodista. Actualmente radica en Argentina. |
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