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memoria Chimalhuacán
Pablo Hiriart
Cuando ocurrió la matanza de Aguas Blancas en 1995, las cosas no se quedaron sólo en sancionar a los policías que se excedieron en el ejercicio de sus funciones. De inmediato se formó una Comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la CNDH, entonces encabezada por Jorge Madrazo Cuéllar, realizó la mejor y más completa investigación hecha en este sexenio. Es cierto que hubo elementos escenográficos que hicieron aún más aborrecible la consumación de esa matanza, como el hecho de que hayan sido policías uniformados los que dispararon para acribillar a 17 campesinos que, si bien algunos llevaban machetes, nunca los usaron. En Chimalhuacán, sin embargo, la historia no es muy diferente en el fondo, aunque la escenografía hiciera menos espectacular la muerte de los colonos. Pero lo que vimos el viernes 18 no fue un enfrentamiento entre dos grupos de priistas armados, sino la matanza perpetrada contra hombres y mujeres consumada por parte de un contingente pertrechado con armas de grueso calibre que las pudieron introducir en el edificio del ayuntamiento con la complicidad de la policía, por lo menos. Esa misma policía que vio a los contingentes asesinos prepararse para su ataque desde el día anterior, fue la que miró impasible cómo los contingentes de "La Loba" asesinaban a los simpatizantes del nuevo alcalde democráticamente electo por los habitantes del municipio de Chimalhuacán. La masacre fue realizada ante la vista de la autoridad que tenía la obligación de actuar para impedirla, y no lo hizo. Si seguimos el relato hecho por los diarios de los sucesos, podemos concluir que la policía prestó protección a los asesinos, al permitir su ingreso armado al ayuntamiento y al dejarlos consumar sus crímenes al día siguiente. ¿Cuál es la diferencia de fondo con Aguas Blancas? La gran diferencia parece ser la actitud del gobierno federal. ¿Por qué en este caso no se creó una fiscalía especial para investigar los hechos? ¿Por qué la PGR no atrajo el caso? ¿Cuál es la razón por la cual el gobierno federal no asumió su papel para investigar las complicidades y contubernios posibles entre las autoridades del Estado de México y la cacique de Chimalhuacán? ¿Por qué no se investiga la razón por la cual se libró la orden de aprehensión contra "La Loba" dos días después de la matanza? ¿Esta vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación no evalúa importante intervenir cuando la tardanza para detener a una de las personas señaladas como autora intelectual de los crímenes les incumbe directamente por tratarse de un asunto del Poder Judicial? Hasta el lunes, es decir, casi cuatro días después de la matanza, nada de lo anterior había ocurrido y el gobierno no había emitido ninguna recomendación al respecto, ni siquiera para atraer aquellos delitos de carácter federal, como es el uso de armas largas en el ataque. A veces da la impresión de que el gobierno federal sólo quiere ser gobierno para las cosas buenas: hablar de los logros macroeconómicos o festejar que ganó la oposición y las elecciones fueron tranquilas, pero estos hechos de sangre -que son crímenes políticos- han permanecido al margen de su interés. La diferencia de Chimalhuacán con Aguas Blancas es la actitud del gobierno frente al problema. ¿Por qué? No lo sabemos, pero las diferencias en el tratamiento son evidentes, como notables son también los distintos grados de interés en esclarecer un caso de dimensiones criminales enormes y repugnantes. El hubiera no existe, por eso comparamos Chimalhuacán con Aguas Blancas. Pero dejamos a la imaginación responder a la pregunta de qué habría pasado si en la recuperación de la Universidad Nacional un par de jóvenes del CGH hubieran muerto por su propia imprudencia o de la policía. ¿Tendría el gobierno la misma pasividad que la mostrada ante los sucesos del viernes en Chimalhuacán? ¿O hubieran actuado con la celeridad y voluntad que puso en Aguas Blancas? Pablo Hiriart es director general del periódico Crónica. |
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