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Este angustioso y urgente llamado lanzó a la opinión pública Miguel Angel Yunes Linares, no en su calidad de coordinador de Asesores del secretario de Gobernación, sino como un ciudadano más. En entrevistas concedidas a varios medios de radio y televisión entre el 8 y el 10 de agosto, Yunes pidió que alguien ponga freno al procurador General de Justicia del Distrito Federal, Samuel del Villar, al considerar que en lugar de actuar con rectitud y al servicio de la sociedad ha utilizado su cargo para atemorizar y perseguir a gente inocente con fines políticos.

Yunes Linares presentó una denuncia en la Procuraduría capitalina contra Del Villar por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de ejercicio indebido del servicio público, revelación de secretos, difamación y calumnias, entre otros. Explicó que el procurador filtró información falsa a la prensa sobre su presunta responsabilidad en hechos delictivos.

Pero éste es solamente el eslabón de una larga cadena de acusaciones que generalmente han terminado en fracasos ante los tribunales para la propia PGJDF.

También a principios de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública denunció el acoso y persecución de que ha sido objeto el director jurídico de la propia SSP, Juan Ramos López, por parte de funcionarios de la Procuraduría capitalina.

Y es que desde noviembre pasado, la SSP presentó una denuncia por desvío de recursos de la policía auxiliar, misma que no ha recibido respuesta de la PGJDF. A decir del propio Ramos López, existen serias irregularidades por parte de la Procuraduría del DF en la integración de la averiguación previa correspondiente, al grado de haber permitido incluso "una posible maquinación en favor de los presuntos responsables".

Es largo el recuento de los casos más relevantes que habrán de quedar a la consideración de quienes vivimos en la capital mexicana, pero también por las nuevas autoridades del gobierno capitalino debido a lo que han implicado para la imagen de una institución encargada de procurar justicia; el recuento va desde la persecución de jueces, funcionarios y periodistas hasta el desafío a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En los albores de su administración, Samuel del Villar desenvainó su espada contra 20 ex funcionarios de la anterior administración y directivos de las empresas IBM y Ericsson, a quienes acusó de haber desviado millonarios recursos en compraventa de equipo de cómputo y radiocomunicación. Los magistrados que atendieron ambos casos decidieron que éstos eran asuntos de competencia federal y que no había elementos para procesar a los acusados. Del Villar amenazó entonces con acusar penalmente a los magistrados, hecho que dejó pendiente.

Cuauhtémoc Gutiérrez, ex diputado local priista, fue acusado por el procurador capitalino por haber invadido un predio en Iztapalapa. Con lujo de violencia el inculpado fue llevado al Reclusorio Oriente donde a la postre obtuvo libertad bajo fianza y, más tarde, la absolución de los cargos en su contra.

A finales de marzo pasado, la Procuraduría capitalina presentó a la Cámara de Diputados la solicitud de procedencia con remoción de fuero constitucional y separación de cargo contra Oscar Espinosa Villarreal. Se iniciaba así uno de los casos más escandalosos en los que ha intervenido Samuel del Villar, quien asegura que el ex funcionario incurrió en el delito de peculado por el desvío de 420 millones de pesos cuando era regente capitalino.

Espinosa Villarreal renunció a la Secretaría de Turismo con el fin de preparar su defensa. El proceso apenas comienza.

El caso Espinosa encuentra sus orígenes en investigaciones iniciadas desde 1998, año en que la PGJDF acusó a Manuel Merino, uno de los principales colaboradores del ex regente, por la supuesta desviación de al menos 82 millones de pesos. Pero cuando la Procuraduría obtuvo la orden de aprehensión contra Merino, éste ya estaba prófugo.

El dedo índice del procurador capitalino apuntó también a funcionarios de menor rango como Fernando Peña Garavito, a quien metió a la cárcel por la compra de un equipo para expedir licencias de manejo, al que consideró inservible. Hoy, Peña Garavito está libre y ese equipo sigue operando.

Ciertamente, Del Villar no se amedrenta ante el puesto que desempeña aquel a quien acusa. Tal es el caso de la juez Claudia Campuzano, a quien persiguió durante dos años después del desafortunado calificativo que empleó para justificar su decisión de liberar al "Chucky", peligroso delincuente a quien definió como "moderno Robin Hood". A pesar de que Campuzano fue cesada de manera temporal y consignada penalmente, un juez federal la declaró inocente.

Por cierto, también perdió en los tribunales el caso de Alfonso González, "El Chucky", al no poder comprobar que fue él quien asesinó al estadounidense Peter John Zárate.

Aún no nos reponíamos por el brutal asesinato de Paco Stanley ocurrido la mañana del 7 de junio de 1999, cuando días después se da a conocer la captura de Mario Rodríguez Bezares, amigo y compañero de Stanley, a quien se le señaló como posible autor intelectual del homicidio. Derivado de esta investigación está el caso de Paola Durante, acusada de participar en la planificación del crimen.

Después de una exhaustiva investigación, la Comisión de Derechos Humanos del DF emitió una recomendación en la que pide al juez que ordene la libertad de Paola por falta de pruebas. La PGJDF argumentó la falta de competencia de dicha comisión en el caso y acusó penalmente a uno de sus visitadores.

El principal testigo de la fiscalía, Luis Gabriel Valencia López, reconoció públicamente haber declarado bajo presión de los funcionarios de la Procuraduría y negó cualquier acusación contra los implicados en el homicidio de Stanley a quienes incluso ofreció disculpas. Así, sin testigos ni pruebas, se espera el fallo del juez de la causa, Rafael Santa Ana Solano, para noviembre próximo.

También derivado de este caso surgió el enfrentamiento con TV Azteca, particularmente con la conductora Lilly Téllez y su equipo de seguridad.

Habrá quien piense que el procurador capitalino ha actuado de buena fe en el ejercicio de sus funciones, pero estos y otros muchos casos sin resolución favorable evidencian la falta de tino que tuvo al designar a su equipo de trabajo, incapaz de integrar y realizar debidamente averiguaciones, investigaciones y consignaciones. Un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana revela que 99.9% de los delitos cometidos en la ciudad de México permanecen impunes.

La procuración de justicia no consiste en lanzar acusaciones a diestra y siniestra sino en actuar jurídicamente para que dichas acusaciones tengan un sustento; quien delinque debe ser castigado pero sin perder sus derechos constitucionales y quien demuestre legalmente su inocencia, no puede ser objeto de persecución. Este es un asunto que habrá de reflexionar el titular del próximo gobierno del DF