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Para la elección del 2 de julio ganó la idea de que era necesario un cambio. El problema es que, con excepción de que se trataba de sacar al PRI de Los Pinos, nadie nos dijo nunca qué debía cambiar exactamente y por qué razones. Y los primeros esbozos de lo que será ese "cambio" van apareciendo poco a poco, y algunos de manera desafortunada. Resulta que el narcotráfico, en boca de Francisco Javier Molina (miembro del equipo de Vicente Fox en los rubros de seguridad y justicia), no será más un asunto de seguridad nacional sino sólo policial, como si una declaración verbal pudiera cambiar la esencia de un fenómeno tan grave. Calificar al narcotráfico en México como un problema de esa naturaleza refleja en realidad una profunda ignorancia con respecto del fenómeno en sí y a la forma específica que ha adquirido en México. En efecto, hace patente una confusión entre los medios para combatirlo (uno de los cuales es el policiaco) y los efectos negativos que ocasiona (debilidad e impotencia del Estado). Es como decir que todo incendio será un problema de agua, olvidando las causas que lo originaron.

El tráfico de estupefacientes es una actividad prohibida por el Estado. Por eso es lucrativa pues hay demanda dispuesta a pagar altos precios por un producto cuyos escasos proveedores aceptan asumir el alto riesgo de esa actividad y cosechar a cambio grandes beneficios. Su persistencia es un reto a la autoridad del Estado y todos los días pone a prueba su capacidad para aplicar la ley, es decir, impedir el tráfico ilícito, su crecimiento, y castigar a quien participe en ello. Ahora bien, el narcotráfico genera enormes recursos y quienes se benefician de él buscan con éstos neutralizar y contrarrestar los intentos estatales de prohibirlo. Algunos de los efectos más peligrosos son el soborno y la penetración de las autoridades, la existencia de una fuerza coercitiva paralela a la estatal y descontrol sobre cierta porción del territorio y la población involucrada en el tráfico de estupefacientes. El resultado es la impotencia estatal para imponer su autoridad sobre una actividad prohibida. El problema se agrava cuanto mayores sean los recursos de la mafia narcotraficante para debilitar y neutralizar al Estado. Cuando el principal encargado de esa lucha ha llegado a estar coludido como fue el caso en México del general Gutiérrez Rebollo hace unos años, la debilidad del Estado y sus instituciones es enorme, es decir, que el Estado es incapaz, ya no se diga de lograr sino de intentar llevar a cabo sus propios objetivos.

En una guerra internacional, civil o ante una guerrilla (como en cualquier problema de seguridad nacional) el Estado ve amenazada su existencia y su viabilidad como autoridad, y el narcotráfico supone el mismo peligro. Las mafias del narco son grupos que crean un espacio con sus propias reglas y a veces con mayor capacidad de imponerse que las estatales sobre partes del territorio y porciones de la sociedad. En otras palabras, el narcotráfico es un problema de seguridad nacional. Uno de los medios para combatirlo es el brazo coercitivo del Estado, es decir, la policía o el ejército, y podrá debatirse sobre cuál de los dos es el mejor instrumento. Pero hay otros medios igual de importantes a la hora de combatir la corrupción y vigilar las instituciones directamente involucradas en la lucha contra el narcotráfico, como el buen funcionamiento de nuestro sistema constitucional y del Poder Judicial, y la supervisión de los medios de comunicación y de la sociedad en general sobre las autoridades. Y es que para que el narcotráfico retroceda es necesario hacerlo no sólo peligroso, costoso y difícil, sino también sistemáticamente rechazado por la sociedad y dentro del Estado. Hay quien va más lejos y agrega que la pobreza y la desigualdad son un factor importante que incentiva el desarrollo del narcotráfico como actividad alternativa de subsistencia y enriquecimiento. En esa perspectiva, la solución a tales causas adquiere una envergadura aún mayor. Lo cierto es que lo "policiaco" es solamente un instrumento necesario pero no suficiente para combatir al narcotráfico.

El segundo problema que supone definir al narco como asunto únicamente policial se relaciona con el incremento exponencial del consumo de drogas en México. Hasta hace poco era difícil catalogar a México como mercado de consumo. Los actuales ritmos de crecimiento, sin embargo, apuntan a que en los cinco o diez años por venir el asunto se volverá un problema mayor de salud pública como lo es en Estados Unidos.

Una de las muchas razones que explican ese fenómeno es la propia existencia del narcotráfico, pues está comprobado que allí donde pasa o se produce la droga es fácil que se desarrolle el consumo. México no es, ni será, una excepción. Hasta ahora, instituciones como la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) y organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) han señalado la necesidad de asumir el consumo de drogas ilícitas como uno de los fenómenos vinculados y retroalimentados por el narcotráfico. El nuevo gobierno, de seguir por este camino, se dirige a paso firme hacia la incompetencia que le dictan la ignorancia y esa necesidad absurda de "cambiar" sin rumbo claro