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textos Amarres chilenos
Luis Peraza Parga
Permítanme dos pinceladas sobre el ya histórico asunto de la extradición de Augusto Pinochet. No nos detendremos en los siguientes puntos: la discusión sobre si el auto de extradición del juez español Garzón era jurídicamente correcto, la postura radicalmente contraria de la Fiscalía General del Estado español que opina que no existió delito de genocidio, el enorme recorte de la justicia británica sobre los delitos por los que se le podría extraditar a España (torturas o conspiración para torturas cometidas después del 8 de diciembre de 1988), la posible obsesión de Garzón de no apearse del negro sobre blanco, lo que le ha llevado al exclusivo honor de ser portada en la revista Time; el efecto positivísimo de que ningún dictador se sienta seguro después de abandonar la jefatura del Estado, lo que también puede llevar a que nunca la dejen. Sin embargo, sí quisiera resaltar la vertiente práctica y desconocida: ° El artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reguladora de la competencia de la jurisdicción española para conocer hechos cometidos fuera del territorio nacional, no contempla los delitos a los que quedó reducido por los tribunales ingleses. ° En caso de haberse producido la extradición a España y que se le hubiese juzgado, no hay que olvidar que el artículo 196 y 197 del vigente Reglamento Penitenciario establece que los penados mayores de 70 años gozarán del beneficio de la libertad provisional y que los extranjeros podrán disfrutar de esta situación en su país de residencia. ° Otro inconveniente práctico es que el sumario era una causa general contra la represión en Iberoamérica; la llamada "Operación Cóndor" nos hubiera enfrentado a un juicio 20 veces más complejo que el de la colza (aceite de cocina tóxico que envenenó a cientos de personas en España en los 80), con miles de testigos y una duración de al menos 20 años. La pregunta es: ¿merecía la pena todo esto? La respuesta, que convierto en pregunta como buen gallego: ¿no somos la patria del genial creador del Quijote? Pues ejerzamos de quijotes... Desgraciadamente, las supuestas razones humanitarias (era un espectáculo verle levantarse sin dificultad y sin ayuda al pisar suelo chileno) y el compadreo entre Estados nos han privado de juzgarlo (esperemos que el juez chileno lo siente al menos en el banquillo). Sin embargo, hemos avanzado en la concientización internacional de la necesidad de sacar adelante el Tribunal Penal Internacional (son imperiosas 60 ratificaciones que actualmente están lejos de alcanzarse) y de la globalización de la protección de los derechos humanos con un único sentido: que los dictadores ya no se sientan seguros en ninguna parte del mundo por la fuerza revolucionaria de los derechos humanos que no conoce fronteras. Chile sigue sufriendo en la actualidad el maquiavélico plan desarrollado por el dictador y sus asesores para -mediante numerosas normas legales perfectamente coordinadas entre sí- lograr prorrogar los criterios de la dictadura, condicionando la actividad de los subsiguientes gobiernos democráticos. Son los llamados enclaves autoritarios. Algunos de éstos tienen su origen en la vigente Constitución de la dictadura de 1980 y otros son fruto de cuando Pinochet se mantuvo en el poder desde que perdió el plebiscito del 5 de octubre de 1988 hasta que fue reemplazado por el primer gobierno de la democracia. Los tres más importantes "amarres autoritarios" son: El sistema binominal electoral: que otorga una fortísima representación a la primera minoría opositora, presumiblemente pinochetista, que se puede resumir en que 63% del electorado elige a un parlamentario y 33% elige otro, distorsionando el sistema de representación (la mayoría debe doblar a la primera minoría para llevarse a los dos parlamentarios en disputa). Los senadores designados: de los actuales 49 senadores, dos son vitalicios (Pinochet y Frei en virtud de ex presidentes, durante seis años, de la República), 38 elegidos democráticamente y nueve designados por los siguientes órganos provenientes del régimen dictatorial: tres designados por la Corte Suprema de Justicia (reorganizada por el antiguo régimen que permitió cubrir siete vacantes de un total de 17): dos por el Presidente de la República y cuatro por el Consejo de Seguridad Nacional (órgano compuesto en más de la mitad por uniformados). Estos senadores unidos a los elegidos democráticamente por la derecha, conforman un bloque que impide reformar estructuras vigentes del régimen militar y que, añadidos al siguiente amarre, hacen imposible cualquier intento de reforma importante de la Constitución. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en un reciente informe-recomendación (18 de enero de 2000) que esta forma de acceso al Senado al margen de la voluntad popular usurpa una parte muy significativa de la voluntad popular y pone en peligro la plena vigencia de los derechos políticos de los ciudadanos. Por consiguiente recomienda la disolución de este enclave. Estas conclusiones han sido silenciadas por la clase política chilena quizá para no abrir de par en par la "caja de Pandora". La necesidad del apoyo del 65% de los senadores para reformar la Constitución vigente de la dictadura. También quisiera destacar la Ley de Amnistía de1978 (la etapa más dura del terrorismo de Estado fue de 1973 a1978) que el Poder Judicial chileno ha aplicado como impedimento no sólo para condenar sino también para investigar (en contra de la opinión de la CIDH) crímenes y delitos de origen político hasta esa fecha. Añadir que se han traspasado todos los archivos de los precipitadamente disueltos (por los militares) cuerpos de seguridad del Estado al ejército con los cuales se ha impedido una actividad fiscalizadora. Finalmente comento el heredado Tribunal Constitucional de la dictadura compuesto por siete miembros elegidos por los mismos órganos que designan a los senadores dándose una última renovación parcial de tres miembros propinochetistas en 1989. La solución que propongo es recuperar el "espíritu del 88", donde 16 partidos políticos, renunciando a sus diferentes ideologías, conformaron el Frente por el No para expulsar del poder a un dictador que quería legitimarse en las urnas. Lo lograron. Ahora deben hacer lo mismo de cara a las próximas elecciones parlamentarias de diciembre de 2001 para desechar de manera definitiva los restos de ese pasado oprobioso que encadenan la democracia chilena Luis Peraza Parga es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. |
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