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La alternancia en la elección presidencial revive para muchos la esperanza de una pléyade de reformas que la economía y la sociedad mexicanas no pueden, tras lustros de impulso liberalizador, postergar sin más. De entre todas estas reformas, probablemente, una es emblemática de las dificultades que conlleva lograr consensos significativos y aún más, negociaciones de peso entre diversas fuerzas políticas del sistema de partidos. Se trata de reformas largamente anunciadas y con un peso específico distinto para el devenir nacional. En efecto, la reforma laboral es ejemplo de cambios institucionales anunciados más de una vez y puestos a esperar mejor oportunidad, tanto en el ámbito de la regulación laboral (costos) como en el ámbito político (democratización sindical).

En particular, la reforma laboral asomó al horizonte político, por lo menos, desde inicios de los años 90. Pero la reforma del régimen laboral se ha quedado simplemente como un proyecto en el cual todos los grupos relevantes -tanto organismos empresariales como trabajadores organizados- han anunciado sus posturas y en el que siempre se ha planteado una geometría de propuestas simplemente irreconciliables en las dimensiones conocidas de la política mexicana.

La pregunta importante en el actual contexto de la llegada de un Presidente emergido del PAN es si la reforma laboral bajo la visión de este partido podría avanzar en la formación de consensos y eventualmente llegar a aprobarse. Lo más probable es que dicha reforma no tome precedencia sobre otras que son prioritarias en la agenda nacional (léase reforma fiscal y reforma de la industria eléctrica). Sin embargo, ésta no es la única razón. Como se advierte, el terreno político de una reforma laboral ha estado prácticamente minado desde sus inicios.

La paradoja es que la reforma que presentara el PAN hace años no es en realidad poco apetecible para este partido e incluso para el PRD, cuyo proyecto de reforma converge en distintos puntos con la panista. Lo difícil es la posibilidad de lograr ya no sólo consensos mínimos sino un terreno de negociación entre los grandes sectores económicos del país, empresarios y trabajadores. La reforma del PAN presenta elementos interesantes como la creación de jueces de lo social en sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje, que formarían parte del Poder Judicial. Entre otras propuestas, la reforma laboral del PAN propuso durante esta administración que las huelgas y los paros serían derechos de trabajadores y empresas, respectivamente. Junto con ello, se propuso una duración máxima de la jornada semanal de 40 horas, aunque empleadores y empleados podrían fijar la distribución anual, semanal o mensual de dicha cantidad de trabajo. En ningún caso, conjuntamente, la jornada diaria excedería las nueve horas. Se crearía, finalmente, una comisión integrada por obreros, empresarios y gobierno, que fijaría el porcentaje de utilidades a repartirse a los trabajadores.

Al parecer, la reforma del PAN no contó con apoyo de sindicatos y empresas, a pesar de que su espíritu ha buscado no vulnerar la capacidad económica de las empresas y posibilitar a la vez la generación de empleos y la cooperación entre las partes de la relación laboral. No se percibe en esta etapa de formación de un futuro gobierno foxista, que el PAN esté particularmente preocupado por lanzar su proyecto al juego del consenso y la negociación. Todo indica que, simplemente, la propuesta ya conocida del PAN no logra plantear temas que pudieran negociarse entre empresas y sindicatos. Los primeros siguen buscando una desregulación que posibilite la baja de costos laborales pero los segundos no están dispuestos a abandonar toda clase de "conquistas históricas".

Con todo, será crucial la actitud que el sindicalismo tanto del Congreso del Trabajo como de la Unión Nacional de Trabajadores desarrolle hacia un gobierno reformista de Vicente Fox. Además, hay ciertas convergencias con la propuesta que elaboró el PRD, entre cuyos planteamientos está la creación de un registro nacional de sindicatos que transparente el surgimiento y existencia de éstos.

¿Qué tipo de posturas adoptaría el PRI ante una avanzada por la reforma laboral durante la siguiente administración? ¿Cuál podría ser el replanteamiento de la relación movimiento obrero-PRI de modo que la tradicional alianza corporativa cambiara sus prioridades? Es muy pronto aún para saber lo que el futuro mediato reserva en la materia, sobre todo cuando otras reformas como la eléctrica pasan por los intereses sindicales. En el mejor de los casos, habrá que esperar