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la granja el revés de la trama personal
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memoria Ahora, ajustar los excesos
Pablo Hiriart
Hace unos días Porfirio Muñoz Ledo declaró ante los medios que la transición democrática en México iba a durar todavía unos tres o cuatro años más. Y Muñoz Ledo es el responsable de los trabajos para la transición, nombrado directamente por Vicente Fox Quesada.
Luego de la sorpresa por tan categórica afirmación, vino la pregunta: ¿cómo que tres o cuatro años más para culminar la transición? Con las elecciones del 2 de julio se abrieron muchos temas: si va a morir o no el PRI, si el PAN debe tener o no un papel preponderante en el gabinete de Fox, si la Presidencia debe estar cerca o lejos del partido que lo llevó al poder.
Todo eso está sujeto a debate y a los comentarios de la opinión pública y habrá tiempo para resolver las dudas o reflexionar sobre ellas. Pero lo que ha quedado perfectamente claro es que nuestra transición democrática ya terminó, y terminó bien.
El cambio de un sistema de partido prácticamente único a la plena democracia política no ha traído la debacle económica como sucedió en la ex Unión Soviética ni culminó con la desintegración del Estado nacional como ocurrió en la ex Yugoslavia.
El próximo 1 de diciembre asumirá la Presidencia el militante de un partido contrario al que deja la silla presidencial. Lograr esa alternancia con la limpieza que se expresó en las urnas el 2 de julio fue obra de muchos años de trabajo por perfeccionar las leyes electorales y el régimen de partidos. La transición democrática se fue haciendo con el concurso de las fuerzas políticas en un clima razonablemente pacífico. Se pasó de la sobrerrepresentación del PRI a un sistema mixto de mayorías y representación proporcional, reconocimiento a partidos que estaban en la ilegalidad, otorgando subsidio público a ellos y también se dio la ciudadanización y profesionalización del IFE.
Ahora se deben perfeccionar aquellas partes de nuestro sistema democrático que el 2 de julio mostraron sus debilidades. La más notable de ellas es el costo: mil millones de dólares al erario público. Un alto porcentaje la pagó en organización de las elecciones y para fabricar candados que le dieran seguridad a los partidos de que no iban a ser víctimas de un fraude.
Pero hubo otra parte de ese enorme pastel presupuestal que fue a dar a las arcas de los partidos para sus gastos de propaganda. Esa es una materia de discusión: no puede ser que un país con tantas carencias en materia de salud y de alimentación como el nuestro se dé el lujo de gastarse mil millones de dólares en hacer las elecciones más caras del mundo.
Ya no hay pretextos: tenemos un IFE confiable, un padrón bien hecho, credenciales con fotografía, y los votos se cuentan gane quien gane: se acabó la transición, ya somos un país democrático y hay que cerrar la llave del dinero; además darle racionalidad y justicia al gasto electoral.
Una parte del dinero de los contribuyentes fue a parar a los partidos que la sociedad no conoce, que no se jugaron el registro en las elecciones y recibieron 26 millones de pesos cada uno en este proceso. Al conservar el registro gracias a sus alianzas electorales, el gobierno los financiará con recursos públicos.
Quizá los casos más notorios de estos partidos que no se notan son el Partido Alianza Social y Partido Sociedad Nacionalista. Fueron en alianza con el PRD y gracias a la votación de ese partido amarraron registro, financiamiento público, y curules en la Cámara de Diputados. Al Partido Sociedad Nacionalista le correspondieron tres diputaciones, que serán para el presidente de ese partido, para su señora esposa y para su hija.
En cambio, el Partido Democracia Social, que se jugó el registro en las urnas con un candidato, Gilberto Rincón Gallardo, y perdió todo, no obstante representar una corriente de pensamiento de izquierda moderna. Ellos no estarán en San Lázaro, donde sí prosperarán partidos que son verdaderos negocios familiares.
Ya somos democráticos, pero no podemos hacer de la transición un proceso eterno y desordenado. Ahora, corresponde ajustar los excesos y revisar las injusticias Pablo Hiriart es director general del periódico Crónica.
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