por los caminos de sancho
Madrazo
Renward García Medrano

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Quién fue
Jorge Medina Viedas

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Reconciliación
Rafael Cordera Campos

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Triunfos, derrotas
y democracia
Federico Rosas Barrera

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El voto no basta
Gastón García Miranda

La democracia genera problemas propios, ésos que están cancelados o no pueden emerger en regímenes autoritarios que prescinden de la existencia y el reflejo de la pluralidad, de la alternancia y de los equilibrios en el poder.

En el caso mexicano, si se llega a convenir que vivimos en democracia -a los ojos de la mayoría puede percibirse que ese sistema nos lo dieron las elecciones del 2 de julio y sus resultados; aunque desde otra perspectiva es factible defender con suficiencia y abundancia de elementos que fue al revés: justamente la presencia previa de reglas del juego electoral propias de la democracia hizo posible la alternancia-, por delante tenemos que hacernos cargo, y sobre todo los partidos políticos con asientos en el Congreso, del tema de la gobernabilidad también en código democrático.

La gobernabilidad, a la luz de los resultados de la elección, tendrá que ser pactada y no podrá ejercerse sólo con la voluntad presidencial y de su partido. Eso fue lo que mandaron, con su voto, los ciudadanos al no otorgar a Acción Nacional y su alianza la mayoría en las cámaras. La aprobación del presupuesto, por ejemplo, ya no será el resultado de un planchazo por parte del partido a cargo del Poder Ejecutivo, sino que habrá de pasar por el acuerdo con, al menos, otra de las dos principales fuerzas político-electorales existentes.

Se tiene, así, que por la vía de los sufragios hoy estamos más cerca que en algún otro momento de hacer efectiva la división de poderes que el constituyente concibió. Pero, al mismo tiempo, están dadas las condiciones para que puedan darse empantanamientos, fruto de las desavenencias entre el Presidente y los legisladores de los dos partidos de oposición más importantes, frente a los cuales no hay antídotos efectivos en las leyes vigentes.

A fuerza de votos depositados en las urnas durante los últimos años, México tiene un mapa de la representación política poblado de colores distintos, no sólo en el Congreso sino también en las entidades federativas, que nos evidencia una amplia cadena de candados, de equilibrios y de restricción a los gobernantes, que sólo los pactos entre los partidos políticos pueden hacer productivos.

Paradójicamente, tras unas campañas enconadas, luego de una votación presidencial que casi se volvió plebiscitaria, después de un agudo distanciamiento entre los partidos que llegaron como oposición y también entre el PRI y el PAN, el camino a recorrer es el de los acuerdos, el de los pactos, el de la convivencia cercana e incluso estrecha entre las distintas bancadas que desde septiembre habitarán las cámaras. Por supuesto, los antecedentes del trato entre los adversarios políticos no dejan mucho terreno para practicar un futurismo optimista, pero ahí están las condiciones para hacer, ni más ni menos, que política.

Ya veremos hasta dónde nuestra clase política más tradicional y también la nueva que ha emergido en un curso de enfrentamiento desbocado con los rivales es capaz de estar a la altura de la misión que sus votantes le han encomendado: gobernar acordando, sin ejercer mayorías relativas y menos aun absolutas, sin golpes de timón decididos unilateralmente, reconociendo que el otro es representante de intereses legítimos.

Hacer de la necesidad virtud, reza el dicho. Parece oportuno, por tanto, que se empiecen a explorar vías para, por ejemplo, evitar que nos quedemos sin Presupuesto de Egresos e Ingresos de la Federación, y algunos de esos mecanismos ya estuvieron sugeridos en las plataformas electorales de al menos dos partidos políticos, si bien estos puntos fueron poco o nada destacados durante la contienda proselitista. De igual forma, en el Senado la desaparición de una mayoría que acompañe al Presidente plantea la necesidad de encontrar y legislar rutas para superar trabas en asuntos que hasta hoy se aprobaron sin el requisito de convencer a los legisladores de partidos ajenos al Ejecutivo federal. Y desde hace tiempo se ha sugerido la pertinencia de que el gabinete mismo sea sujeto a aprobación por parte del Congreso para generar así una relación de reciprocidad y corresponsabilidad entre los dos poderes. Lo mismo podría apuntarse respecto de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por parte del Legislativo para abrir espacio a la búsqueda de metas comunes, en materia de programación de presupuestos, que no estén sujetas sólo a la coyuntura económica de un año determinado ni a las veleidades ocasionales que presenciamos en épocas de posadas cuando esas discusiones tienen lugar.

En suma, esta especie de encrucijada que vivirán el Presidente, legisladores y partidos es la que nos ha dado el fin de la transición. Por eso se abre, por necesidad, una nueva agenda para la política mexicana una vez que el tema electoral ha dado de sí y ya no puede ser coartada para posponer la atención y resolución de las asignaturas que México, como sociedad polarizada en lo económico, arrastra desde hace siglos y de aquellos que su complejidad social y su inmadura pero vertiginosa modernidad le van prodigando