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Para tener una idea inicial de cuál será el enfoque y las propuestas del nuevo gobierno en materia de política social un primer paso indispensable es analizar los documentos básicos de la Alianza por el Cambio y los pronunciamientos que el candidato Vicente Fox formuló durante su campaña. Pero también hay que tener presente que puede haber una distancia entre esos planteamientos -demasiado generales- y su traducción real en acciones y medidas concretas a partir de la toma de posesión como Presidente de la República.

De entrada, se puede decir que se trata de una propuesta ecléctica, donde aparecen elementos de continuidad con lo que se hace actualmente y al mismo tiempo se aprecian algunos cambios de énfasis, sobre todo en materia de combate a la pobreza, sin que ello implique un replanteamiento a fondo sobre las causas que originan la pobreza y sobre el papel de la política social.

Una limitante para entender la orientación central de la propuesta social es la ausencia de los cómos y el nivel de vaguedad de algunos planteamientos. Al analizar la propuesta económica también se aprecian de manera latente algunos riesgos de conflicto de objetivos con los propósitos sociales.

Aunque el segundo compromiso de la plataforma electoral de la Alianza se titula superación de la pobreza y justa distribución del ingreso, los escasos párrafos de este apartado se centran en el primer tema donde, por cierto, hay pocas novedades: se habla de políticas de bienestar que buscan "crear las condiciones para sacar de la situación de marginación y pobreza a millones de mexicanos". ¿Cuáles son esas condiciones? No son, como podría esperarse, el empleo y el ingreso bien remunerado o la creación de capacidades sino el acceso a servicios básicos como alimentación, salud, vivienda y educación. Y no es que estos elementos no sean indispensables en toda política social sino que no corresponden con el énfasis productivista que el candidato imprimió a sus propuestas o con la descalificación casi sistemática que hizo a las acciones compensatorias o asistenciales.

Entre las propuestas concretas se encuentra el énfasis en "un nuevo enfoque en el gasto social" que, en realidad, se reduce al acercamiento de los recursos a las familias evitando la intermediación burocrática, el cual tiene cuatro componentes: a) programas orientados a abatir la desnutrición a través de subsidios focalizados; b) acciones emergentes para indígenas, mujeres (¡), niños de la calle y discapacitados; c) estrategias para aumentar los ingresos de la población (no se dice en qué consisten), y d) mayor inversión en educación y capacitación en zonas marginadas.

Otros dos elementos son la descentralización de los recursos de combate a la pobreza para que sus presupuestos sean operados prioritariamente por los gobiernos municipales y la orientación del gasto y la inversión en infraestructura física hacia los servicios públicos que impactan el bienestar de las personas. En este apartado se mencionan los servicios de salud de calidad durante toda la vida, la revisión de las instituciones de vivienda, la reducción del déficit en la materia y esquemas que den certidumbre jurídica sobre la propiedad.

Como puede verse, se trata de los temas tradicionales de la agenda de la pobreza en los cuales predomina el enfoque de atención a las necesidades insatisfechas y la formación de capital humano. En este terreno se puede decir que no hay innovación, sólo cambios de énfasis en lo que hace a la declaración de un uso no electoral de los recursos y a la reducción de las trabas burocráticas.

En realidad, el "nuevo enfoque" para el desarrollo social se limita a la propuesta de combatir la pobreza mediante el esfuerzo productivo de los mexicanos. En concreto se anuncia la conversión de la actual Secretaría de Desarrollo Social en la Secretaría de Economía Social, lo que implica -se dice- transitar de los programas orientados a mantener la dependencia a los que buscan la generación de oportunidades de producción y empleo. Estos mecanismos ya existen a través, sobre todo, del Fondo Nacional de Empresas Sociales (Fonaes) de los cuales, por cierto, no se dice nada. También se habla de un cambio cuantitativo al proponer duplicar los recursos destinados a esta secretaría durante el sexenio 2000-2006. Esta meta habría que cruzarla con los objetivos y plazos de la reforma fiscal.

Una propuesta interesante es la creación de un gran sistema nacional de microcrédito y banca social "que permita a los excluidos transformarse en emprendedores". No queda claro cuáles serán los mecanismos de este sistema y qué tipo de empresas se promoverían (¿changarros?) pero, sin duda, es una medida que, si se toma en serio, podría enfrentar una carencia básica actual: el financiamiento al campo y, en particular, a los productores que no son sujetos de crédito por la banca comercial.

Aunque el candidato Fox planteó mayor congruencia entre política económica y política social, sin duda indispensable para detener el deterioro social, no queda claro cuáles serían los nexos eficientes entre ellas y qué mecanismos concretos de vinculación se requieren entre ambas políticas para reducir la pobreza. En este terreno vale la pena preguntarse cuáles serían las innovaciones necesarias en materia de crédito, salarios, empleo y ahorro.

Además, tanto en los discursos como en los documentos se tiende a ver a la pobreza como un problema aislado y a desvincularla del contexto económico y social que propicia su reproducción. Y esta limitación en el enfoque -que no se pregunta por los mecanismos desencadenantes de la pobreza y la exclusión- se traduce en propuestas insuficientes o limitadas que no inciden en lo que sucede en el sector no pobre de la economía.

¿Cuál sería la distribución de responsabilidades entre el sector público y el privado en materia de combate a la pobreza? Al parecer, el Estado seguirá aplicando los programas centrales en un esquema aparentemente más descentralizado que el actual, aunque en la propuesta siempre está presente la aspiración de una sociedad solidaria y se encuentran conceptos como "sentido del deber" y "el intercambio social". También se plantean instrumentos jurídicos y políticas públicas "donde las cargas y los beneficios sean distribuidos con criterios elementales de justicia". No queda claro qué quiere decir todo esto, pero en la lógica de la propuesta ello puede suponer mayor apertura a las instituciones de asistencia privada y el establecimiento de cuotas de recuperación para ciertos servicios, así como un mayor énfasis en el esfuerzo personal.

Foto: Antonio Nava/Ave

En la actualidad, el debate sobre política social se puede resumir en dos enfoques: el orientado a la construcción de ciudadanía social y el que se centra en mecanismos de sobrevivencia. Con los elementos incipientes de la propuesta social del Presidente electo se puede decir que ésta se acerca más al segundo enfoque, el conservador, pues hay una ausencia de los objetivos más amplios de promoción de la igualdad para centrarse casi exclusivamente en el combate a la pobreza y dentro de ésta, en las acciones productivas sin abandonar del todo las asistenciales.

Este carácter remedial de la política social refleja una concepción que otorga una confianza excesiva al crecimiento, a las iniciativas productivas y a la educación como mecanismos de movilidad e integración social.

Queda claro que no estamos frente a una visión amplia de la política social que reconozca su carácter anticipativo frente a las demandas futuras y su papel activo frente a la estrategia económica. No está todavía presente una visión de futuro que nos prepare para enfrentar las demandas de una población que seguirá creciendo al menos durante las próximas cuatro décadas con presiones cada vez más complejas sobre el empleo, el espacio urbano, la vivienda, los servicios y sobre las nuevas y cada vez más complejas necesidades de conocimiento e información, comunicación, adaptación, movilidad y entretenimiento que hoy se están delineando y que sobre todo definirán el modo de vida del siglo XXI.

Tampoco está presente una estrategia habilitadora que propicie el desarrollo de las capacidades necesarias para competir en los mercados de trabajo, o para crear nuevas opciones productivas y que sirva de soporte a la política económica y al incremento necesario en la productividad.

En suma, además de una mayor vinculación con el funcionamiento del mercado de trabajo, se requiere una concepción amplia de la política social para que en los próximos años logremos transitar exitosamente de una visión articulada alrededor del principio de "asistencia social", que se limita a procurar la sobrevivencia física de los grupos marginados -en este caso con énfasis en los microproyectos productivos- a otra que tenga por objetivo central la construcción de una auténtica "ciudadanía social" anclada en derechos y que incida en la reducción de la desigualdad. Veremos