Conforme se desató el auge por los negocios en línea en el país, diversos sectores relacionados con Internet promovieron la puesta en marcha de un marco regulatorio sobre el comercio electrónico (CE). A esta iniciativa promovida por la bancada panista se le dio luz verde hace más de tres meses en la Cámara de Diputados, y a fines de mayo se aprobó en la de Senadores.

Todo hacía suponer que esta ley se estancaría en la Cámara alta. Se pensaba que en el marco de un reñido proceso electoral por la Presidencia, dicha iniciativa se aprobaría hasta después de que pasara el proceso electoral. Sin embargo, si bien ha sido bueno la aprobación de esta ley, también se debe decir que no es para celebrarse como se hizo. No sé si sería el proceso electoral el que influyó en que su aprobación se diera de forma precipitada, o si fue el precario conocimiento que los legisladores de ambas cámaras tienen en la materia, pero lo real es que en un tema tan delicado no hubo reflexión alguna, se aprobó por unanimidad algo que debería ser objeto de una mayor y profunda discusión. Tampoco se dieron cuenta que dicha ley tiene consideraciones obsoletas. A fines de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y en agosto entrará en vigencia.

Fiel al viento que sopla a escala internacional en materia de legislación sobre CE, en México se readecuaron las leyes y códigos existentes más que crear una ley específica para el comercio en línea, con lo que se modificaron algunos artículos de otros códigos y se adaptaron a las necesidades de los negocios en línea. Los códigos y leyes reformados abarcaron el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código de Comercio y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Es sabido que el país más avanzado en materia de CE es Estados Unidos, donde ha predominado la idea de que por el momento no es conveniente poner ninguna taxativa a su desarrollo, que la única forma de incentivarlo es precisamente evitando su entorpecimiento con medidas legislativas. Con este fin el Congreso estadounidense aprobó en fechas pasadas una moratoria de cinco años para gravar el CE, aunque eso no ha impedido que las autoridades de California quieran echar a andar una ley al respecto.

Un caso diferente ha sido el de Europa, donde el Parlamento Europeo aprobó una iniciativa a escala de los 15 países que conforman la UE, en la cual se han contemplado medidas diametralmente opuestas a las estadounidenses y en las cuales se indica el interés de que la recaudación fiscal no se vea afectada, en particular que el Impuesto al Valor Agregado se haga efectivo en las transacciones en línea. El conjunto de reglas aprobado por el Parlamento Europeo tiene el objetivo de dar paso a un nuevo y práctico marco legal. La finalidad de una medida pragmática como ésta, es que en 18 meses todos los países de esa región estén homogeneizados bajo un mismo marco regulatorio. A pesar del cuestionamiento y las taxativas que pone en alguno de sus apartados, estas reglas aprobadas por ese Parlamento tienen el objetivo no explícito de sentar las bases para que dicha región pueda hacer frente a la denominada nueva economía.

Más allá de estos dos escenarios opuestos que se presentan a escala internacional, lo que debe uno preguntarse es si en un país como México no era mejor madurar un poco más la idea. Hoy, por lo pronto, hay que atenerse a lo que pueda suceder; pero cuando se presenten algunos delitos tipificados en las recientes reformas, las autoridades correspondientes seguramente se sumirán en un mar de confusiones y los atropellos estarán a la orden del día. Todavía no contamos con jueces, abogados, ministerios públicos, magistrados, policías, etcétera, que sepan de estos fenómenos y las implicaciones de las transacciones en línea