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del presidente Fox
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Enfoque conservador
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sería rechazada
Gerardo Estrada

Minifaldas
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Pasado el tiempo del confeti y de los brindis, de imaginarios ataúdes y nacimientos políticos, es tiempo de pensar en las posibilidades y escenarios de la consolidación de la democracia mexicana. ¿Cómo se vislumbra el futuro político del país luego de los resultados de las elecciones federales del 2 de julio? ¿De qué manera la presidencia de Fox puede contribuir, o no, a la consolidación del entramado democrático de la sociedad mexicana? ¿Cuáles son o pueden ser las opciones de la nueva oposición política frente al también nuevo oficialismo político que representa el PAN y Fox? Sin duda, no hay respuestas prontas y fáciles a esas cuestiones, y la futurología desde hace tiempo goza de una pésima reputación entre los politólogos y los sociólogos. Sin embargo, es posible dibujar algunas cuestiones que probablemente influirán en la manera como el nuevo oficialismo y oposicionismo construirán los juegos políticos en un régimen que ahora comienza a ser reconocido por todos sus actores como plenamente democrático.

Quizá el mayor desafío del presidente electo, Vicente Fox, y del panismo, es dar otra vuelta de tuerca constitucional e institucional a las estructuras de la joven democracia mexicana. Es decir, se requiere fortalecer o reformar varias de las instituciones que han hecho posible la estabilidad política del régimen en las últimas décadas, y que confieren a las interacciones políticas de la sociedad certezas y confianza. El presidencialismo mexicano redujo aceleradamente en los últimos años, los del zedillismo, sus facultades metaconstitucionales e informales (lo que significó un debilitamiento del tradicional hiperpresidencialismo), al mismo tiempo que el monopartidismo se convertía en un multipartidismo moderado. Hoy, la Presidencia se parece más a lo que dice la Constitución política, y la división de poderes tiende más al equilibrio que a la subordinación. Consolidar al IFE como órgano de Estado, reformar el funcionamiento del Congreso y del Poder Judicial, y establecer nuevos arreglos entre la Federación y los estados, y entre éstos con los municipios son parte de las cuestiones indispensables que es necesario incluir en una agenda de gobierno que aspire a la consolidación democrática del país.

La experiencia que Fox adquirió como gobernador de Guanajuato es una experiencia que ningún Presidente de la República de los últimos 40 años ha tenido (Adolfo Ruiz Cortines fue el último Presidente que previamente fue gobernador de un estado, Veracruz; posteriormente, desde López Mateos hasta Zedillo, los presidentes salieron directamente del gabinete presidencial). Sin duda, es esto un haber importante de Fox y el PAN, pues significa no sólo una experiencia de gobierno, sino también una experiencia de gobierno con pluralidad política. El estilo gerencial de gobernar con un Congreso multipartidista es la apuesta que parece perfilarse en el futuro político del país bajo la etapa que comenzará en diciembre. ¿Cuál es el riesgo de esta fórmula de conducción política? Uno, digamos "teórico", es que la obsesiva búsqueda de resultados que implica el gerencialismo político (con toda su parafernalia de "excelencia" y "calidad" de la gestión pública) frecuentemente implica una tensión con la exigencia de tomar acuerdos políticos necesarios con el Congreso y con los grupos que intervienen en las distintas arenas políticas (politics) de las políticas (policies). Un ejemplo de lo que pueden provocar estas tensiones es lo que ha sucedido en Jalisco -bajo la experiencia del gobierno panista encabezado por Alberto Cárdenas- que en un par de ocasiones se ha enfrentado al Congreso local por tomar decisiones sin el consentimiento previo de este órgano, lo que ha llevado a sendos juicios de controversia constitucional presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El otro riesgo, "práctico", del estilo gerencial de conducción política es el de llevar al campo de la gobernabilidad las tensiones entre la Presidencia, el Congreso y la sociedad. Hoy que la amenaza de la ingobernabilidad se presenta públicamente como la posibilidad de que dos o más partidos no se pongan de acuerdo para tomar una decisión, es necesario recordar que la gobernabilidad no significa el conflicto real o potencial entre los principales actores políticos, sino la incapacidad del sistema político en su conjunto para atender las demandas de la sociedad. Hoy que la palabra "ingobernabilidad" se usa como chantaje o amenaza para impedir, o bloquear el ejercicio de un gobierno elegido democráticamente hay que enfatizar que ingobernabilidad significa que la democracia puede "sobrecargarse" por demandas sociales largamente incumplidas, y es responsabilidad de los actores políticos, los partidos, establecer las reglas para traducir y tramitar esas demandas al gobierno.

Otro de los desafíos para consolidar democráticamente al régimen político de la postransición es el de generar una cultura de la responsabilidad pública, una cultura cívica, que implique el respeto de la ley y la autocontención de los comportamientos privados en el cumplimiento de las funciones públicas de los ciudadanos, de los políticos y de los funcionarios. Hay aquí uno de los desafíos que jamás lograron resolver consistentemente los gobiernos priistas: la doble vida, o las "vidas paralelas" legal y real de los ciudadanos y sus representantes, electos y no. Toda democracia se basa en el respeto de la ley y las instituciones, componentes básicos de la esfera pública de toda sociedad compleja y plural. Sin embargo, en condiciones de bárbara desigualdad y pobreza como las que existen en México desde hace décadas, y con la ausencia de hábitos cívicos y políticos de respeto a las normas colectivamente establecidas (que van desde el pago de impuestos al cumplimiento del reglamento de tránsito) existen más incentivos para la acción directa basada en la movilización y el bloqueo no legales, que incentivos para la búsqueda del acuerdo y el consenso basado en la ley. En su campaña, Fox mismo hizo declaraciones preocupantes que se orientaban más a incrementar el poder de resolución del viejo presidencialismo que al cumplimiento escrupuloso de la ley (los 15 minutos con Marcos o el 10% de ventaja que le exigía a Labastida para reconocer su triunfo electoral son sólo parte de una colección de postales que habría que extraer de sus abundantes declaraciones de campaña).

Ni ciudadanos imaginarios ni políticos virtuosos son la clave de la relación entre la sociedad política y la sociedad civil de toda democracia, una relación prácticamente ausente en la historia política mexicana. Ciudadanos y políticos, funcionarios y empresarios, no pueden descansar sus expectativas y certezas en la buena voluntad de sus representantes o en la roussouniana bondad que irradia "el pueblo" o, para decirlo en el lenguaje políticamente correcto de la época, "la sociedad civil". Un ciudadano, un voto, todos bajo el imperio de la ley, componen las piezas maestras de un largo y gigantesco proceso de cambio institucional que es indispensable para que la democracia, flor exótica por estos jardines mexicanos, se consolide y se enraice más allá de la próxima elección federal.

Otra de las cuestiones estratégicas de la democracia mexicana es el funcionamiento del presidencialismo en el contexto de un sistema multipartidista. Según la experiencia histórica y la evidencia empírica, las dificultades de funcionamiento eficaz de un régimen democrático presidencialista se incrementan cuando aumenta el número de partidos, y es óptima cuando existe un bipartidismo sólido. El caso mexicano ha mostrado algunas dificultades en el caso de que el partido gobernante no cuente con dominio (mayoría calificada) en el Congreso: a nivel local en 11 entidades donde a lo largo de la década de los 90 ocurrieron experiencias de alternancia política que se manifestaron en el fenómeno de los "gobiernos divididos", y a nivel federal a partir de las elecciones intermedias de 1997. La lenta consolidación de un tripartidismo práctico en el contexto de un multipartidismo teórico a lo largo de los años de la transición plantea su complejidad en la era de la postransición: el partido del Presidente tenderá cada vez más a la necesidad de establecer acuerdos políticos con los otros partidos, y el presidente mismo (ya lo demostró Zedillo y seguramente lo tendrá que hacer Fox) deberá negociar directamente con los partidos representados en el Congreso para encontrar fórmulas de solución a múltiples problemas de política y de diseño y ejecución de políticas públicas. Aquí, como en muchos otros campos, el futuro político del país se antoja terriblemente interesante: ¿cómo gobernará el presidente Fox frente a un Congreso que no domina, que incluye a las dos cámaras? ¿Cómo se convertirá la coalición electoral que llevó a Fox al poder en una coalición gobernante? ¿Cuál será la relación entre el PRI y el PRD ahora que son "compañeros de oposición"?

En cualquier caso, el nuevo ajedrez político mexicano construido a lo largo de la transición y confirmado con la alternancia política, significa realineamientos y conflictos, reformulación de expectativas e intereses, que requieren de una suerte de inside job del régimen democrático. Un trabajo interior que tiene en el Presidente electo y en el cual se despide uno de los puntos de apoyo o debilidad más importantes para su configuración democrática en los próximos años, pero que requieren de imaginación, constancia y persistencia de los partidos y de sus congresistas para incrementar la eficacia y legitimidad de las instituciones para tramitar las muchas cosas que la democracia no puede resolver por sí misma. La nueva geografía política postelectoral del país refleja también un incremento de la diferenciación y la diversidad, y en la caja negra de la política democrática deberán procesarse, con Fox y el PAN como los responsables legítimos de su custodia y mantenimiento, los nuevos recursos e instrumentos que se derivan del mandato ciudadano del 2 de julio de cambiar para que todo pueda seguir cambiando