¿Qué nos dejan
las campañas?
Marco Levario Turcott

En medio de la polémica electoral hay un actor que ha pasado desapercibido a pesar de su importancia fundamental: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (este órgano ha generado confusión en partidos, incluso hace unos días el candidato Vicente Fox mostró una enorme ignorancia respecto de sus funciones). Este órgano está facultado por ley para resolver las impugnaciones electorales pero, sobre todo, será la instancia que declare Presidente electo al candidato que resulte ganador.

La discreción de los integrantes del IFE obedece a la sobriedad institucional que debe privar en el proceso. A pesar de haber resuelto, junto con las salas regionales, diez mil 551 denuncias, el Tribunal es un actor prácticamente desconocido.

Esto no significa que en los actuales comicios el Tribunal no tenga nada qué perder o nada qué ganar. Por el contrario, el TEPJF enfrentará una severa prueba que le concederá o no la credibilidad del electorado mexicano. Una confianza que, como ha señalado el consejero presidente del IFE, José Woldenberg, avanza en milímetros.

Probablemente este silencio en torno a un actor que ha resuelto nueve mil 235 demandas ciudadanas, 42 de candidatos y mil 274 de partidos políticos nacionales y estatales se explica por la debilidad del sistema judicial en el sistema presidencialista mexicano. En las democracias más desarrolladas, donde la división de poderes es algo más que un recurso retórico, las instituciones judiciales son consideradas un actor decisivo en la definición de las políticas públicas. Pero, en una cultura política que servía a los mandatos del Ejecutivo y no al Estado de derecho, el magistrado que veta una resolución presidencial resulta una figura extraña.

Ese entorno ha cambiado y a pocos días de las elecciones pareciera que no nos hemos dado cuenta que el tablero de juego y las reglas ya no son las mismas. Hay nuevos actores en escena y sabemos tan poco de ellos. Este trabajo es una aproximación al quehacer del Tribunal y a la trayectoria de sus miembros, un pequeño manual de instituciones democráticas en un entorno de acusaciones y descalificaciones banales.

La historia de las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la historia de la creación de mecanismos legales para contrarrestar prácticas fraudulentas como: el rasurado del patrón, la alteración del mismo o la dramática "caída del sistema".

El TEPJF tiene su antecedente inmediato en el Tribunal Federal Electoral que, por ley era la máxima autoridad en materia electoral. Ese órgano, que nació en el clima de las impugnaciones y cuestionamientos a los comicios de 1988, estaba facultado para recibir los recursos de apelación por parte de los ciudadanos para combatir actos y resoluciones del Registro Federal de Electores relativos a la no expedición de la credencial para votar con fotografía o la inclusión o exclusión de la lista nominal de electores.

Ante la inconformidad de los partidos políticos por las resoluciones de los tribunales estatales se facultó al TEPJF para servir como segunda instancia en los recursos de inconformidad emitidos en elecciones de diputados y senadores y para impugnar las resoluciones del Consejo General del IFE. Asimismo, dirimía los conflictos laborales surgidos entre el IFE y sus empleados.

La reforma electoral de 1995-1996 dio nacimiento a una nueva institución, con mayores facultades y cuyos actores gozaban de la legitimidad de origen de no haber sido designados por el Poder Ejecutivo, sino de haber participado en un concurso público, a partir del cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró las ternas que finalmente fueron ratificadas por el Senado.

Foto: Gregorio Arteaga

Como resultado de la reforma electoral, se definió que el TEPJF estaría integrado por una Sala Superior y cinco regionales. En la Sala Superior participarían siete magistrados, quienes deberían reunir los mismos requisitos exigidos para ser ministro de la SCJN. En tanto, las salas regionales estarían integradas por tres magistrados, que reunirían los mismos requisitos exigidos para ser magistrados de Circuito. Las salas regionales están ubicadas en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Distrito Federal y Toluca. Las salas regionales son transitorias, debido a que sólo funcionan durante el año del Proceso Electoral Federal.

En conclusión, el TEPJF está facultado para:

a) Revisar la legalidad de actos y resoluciones del IFE.

b) Revisar los recursos de apelación, juicios de inconformidad y de reconsideración, para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones del IFE.

c) Instrumentar juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, para garantizar su derecho a votar, ser votado y asociarse para pacíficamente participar en los asuntos políticos del país.

d) Realizar juicios de revisión constitucional electoral, para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones de las autoridades locales en los procesos electorales de los estados.

e) Finalmente, dirime conflictos laborales entre el IFE y sus empleados.

Esta es la ingeniería política que construyeron los partidos con representación en la Cámara: PRI, PAN, PRD y PT. Este es el marco institucional, con él los magistrados calificarán la elección presidencial a más tardar el 6 de septiembre, así como las elecciones que permitirán la integración del Poder Legislativo, el relevo de cinco gubernaturas y la conformación de congresos y alcaldías en diez estados.

El presidente de la Sala Superior del TEPJF es el magistrado José Luis de la Peza, quien es abogado por la Escuela de Derecho, miembro de la Barra Mexicana de Abogados, del Colegio de Abogados y de la Academia Mexicana Jurisprudencial y Legislación. De la Peza se ha desempeñado como magistrado numerario del Tribunal de lo Contencioso Electoral y presidente de la sala central del Tribunal Federal Electoral. Paralelamente a su labor de jurista, De la Peza ha realizado numerosos escritos y actividad docente sobre materia electoral.

Foto: Jorge Claro/Contraluz

Los magistrados del TEPJF son: Leonel Castillo González, Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, José de Jesús Orozco Henríquez y Mauro Miguel Reyes Zapata.

Leonel Castillo González obtuvo el título de licenciado por la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, cursó la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Castillo fungió como presidente del Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también laboró como miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal. Como De la Peza, Castillo González laboró en el Tribunal Federal Electoral, donde se desempeñó como magistrado de circuito y magistrado suplente de la sala de segunda instancia del Trife.

Eloy Fuentes Cerda es egresado de la licenciatura en Derecho de la UNAM, fue secretario de la tercera sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito, donde después fue nombrado magistrado. También laboró como juez.

Alfonsina Berta Navarro Hidalgo es profesora normalista por la Normal de Jalisco y después obtuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Berta Navarro es la primera mujer que ocupó el cargo de juez de distrito y, posteriormente, fue ascendida a magistrada de circuito. Desde hace tres décadas labora en el Poder Judicial de la Federación. Navarro también es la única mujer en el máximo órgano de justicia electoral.

Fernando Ojesto Martínez Porcayo, doctor en Derecho, egresado de la UNAM y de la Escuela de Ciencias Económicas y Políticas de Londres. Fue magistrado supernumerario del Tribunal de lo Contencioso Electoral, magistrado propietario del Trife y director del Centro de Capacitación Judicial Electoral.

José de Jesús Orozco Henríquez es abogado egresado de la UNAM, obtuvo el grado de maestro de Derecho Comparado por la Universidad de California; ha participado en más de 80 actos académicos nacionales e internacionales sobre derecho electoral, teoría del Derecho y Derecho Comparado.

Se ha desempeñado como magistrado propietario de la sala central del Trife. También ha ocupado diversos cargos dentro de la UNAM, como director general de Asuntos Jurídicos, director general de estudios de legislación universitaria y secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Mauro Miguel Reyes Zapata obtuvo la licenciatura en derecho en la Universidad Autónoma de Puebla, donde fue profesor honorario. Participa en el Poder Judicial desde hace 25 años, ingresó como secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Después fungió como juez de distrito y magistrado de circuito