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Nubes y balas
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Julián Andrade Jardí

En medio de los cierres de campaña que dieron lugar para que cada cual dijera que ya ganó, por lo menos, cada uno de los principales candidatos hizo afirmaciones en relación con lo que espera de los resultados del 2 de julio. Rodeados y aturdidos por discursos, promesas, propuestas, encuestas y demás, los ciudadanos vamos a decidir no solamente la Presidencia de la República, sino también la composición del Poder Legislativo en sus dos cámaras.

Demasiado tiempo de campañas y una sobresaturación de lo que ellas depositaron entre la ciudadanía nos llevan al día de la jornada electoral sin la claridad de los tiempos idos, cuando de antemano se sabía el nombre del ganador. Hoy es más que evidente que la incertidumbre respecto del resultado se ha instalado en la democracia mexicana. Eso es precisamente una condición democrática y ahora tenemos que aprender a convivir con esa duda respecto de quiénes van a ganar.

Se han recorrido décadas de reformas político-electorales, se han construido acuerdos y se han firmado compromisos entre los principales actores y, hoy por hoy, se tienen autoridades autónomas y "ciudadanizadas", como se les reconoce actualmente, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral, que tienen por soporte las leyes de la materia y los acuerdos previos entre el gobierno y todos los partidos que tenían existencia en el Poder Legislativo en 1996. Las instituciones electorales y quienes las dirigen son producto de la ley y los acuerdos políticos a los que llegaron los sujetos principales de la política mexicana.

Además, esas instituciones electorales han entregado buenos resultados. Tan es así que llevamos hasta ahora varias elecciones de carácter federal que no han ameritado impugnaciones de gran trascendencia. Los ciudadanos creen en ellas y han acudido a votar de manera nutrida en diversas ocasiones.

Pero si bien es cierto que la incertidumbre respecto de quién se llevará el triunfo es una condición democrática, no lo es que esa característica se extienda hacia un tema vital para después del 2 de julio y que es el de la gobernabilidad. Aquí, en este difícil tema, está la clave de nuestro futuro político. Y aquí, en esta materia, la responsabilidad de candidatos y partidos y coaliciones es fundamental.

Tenemos que subrayar que la referencia de las leyes es obligada para todos pero, en primer lugar, para los principales sujetos de la contienda electoral. Con eso deberían tener especial cuidado nuestros dirigentes políticos. No debieran siquiera imaginar cómo poner en cuestión leyes, instituciones y autoridades, que sus propios partidos políticos elaboraron y eligieron en el Congreso de la Unión. Eso sí puede ser peligroso para después del día de la elección y podría, en caso de suceder, poner en tela de juicio toda una construcción jurídica e institucional que ha representado avances verdaderamente significativos y consensados.

Por eso tampoco sobra sumar voces en favor de la sensatez. Desde los partidos políticos, pasando por las organizaciones sociales y los medios de comunicación, resulta importante multiplicar las opiniones que convocan a respetar las leyes, las reglas y las instituciones electorales encargadas de organizar las elecciones y también de calificarlas.

La pasión invertida en las elecciones debe dar lugar a la razón en cuanto haya que definir las actitudes y posiciones ante los resultados. México no inicia ni termina su ruta democrática el 2 de julio. De hecho, los mexicanos llevamos ya varias décadas procesando de diversas maneras las reformas político-electorales de manera casi permanente. En esa vocación reformista de la sociedad y el Estado se han combinado talentos, intereses comunes, proyectos convergentes, elementos clave para la estabilidad política y económica. Verdaderos recursos, todos ellos para asegurarle futuro a la vida y al desarrollo del país.

Por eso y más es necesario insistir que no es válido que por intereses particulares se ponga en duda un resultado que exprese la voluntad popular en las urnas. Si alguien habla, ha hablado o hablará de fraude deberá, inequívocamente, presentar las pruebas ante las autoridades competentes y, por supuesto, atenerse a sus decisiones que, por ley, son la última palabra.

Esto último, el respeto y apego de la ley, es lo que va a estar en juego. En particular, el estatuto jurídico en materia electoral ha sido producto del acuerdo interpartidario. En el Congreso de la Unión, en su momento, se aprobaron las reformas que hoy organizan y califican las elecciones y también a las autoridades que encabezan a las instituciones encargadas de la materia electoral. Eso y más estará en juego y la pregunta obligada en este caso es la de si estarán, nuestros principales dirigentes políticos nacionales, en la capacidad y posibilidad de dar un paso consistente en la perspectiva del establecimiento cabal del Estado de derecho. Por lo pronto, habrá que votar el domingo 2 de julio y ojalá y lo hagamos la mayoría de quienes podemos ejercer ese derecho