"No es ético que Fox y Cárdenas condicionen la aceptación de los resultados electorales" Foto: Alfredo Estrella/Ave

En las elecciones de 1988 hicieron crisis los sistemas de partido hegemónico y electoral. La salida a esa crisis fue la sucesión de reformas electorales que culminaron en 1996.

Para que fueran legítimas y eliminaran el clima de sospecha y los riesgos de violencia, el sistema electoral vigente fue definido por el consenso de los cuatro partidos políticos que en 1996 estaban representados en el Congreso de la Unión.

La legitimidad de este sistema se funda en la eliminación de todos los privilegios que favorecían al PRI y la ruptura de todo canal de recursos públicos hacia ese partido.

Para muchos priistas, el gobierno cedió casi en todo y fue complaciente. La oposición, por su parte, conocía y utilizó su capacidad, única en la historia, de legitimar o no la reforma electoral.

El retiro del PRD de las negociaciones porque Roberto Madrazo no renunció a la gubernatura de Tabasco, y el éxito del PAN en el litigio por el ayuntamiento de Huejotzingo son las muestras más evidentes del uso de ese poder de presión.

El gobierno cedió más de lo que muchos priistas hubieran querido, pero no por capricho, sino porque era la única vía hacia una reforma electoral por consenso y éste era indispensable para legitimar esa reforma. Para el PRI y para el binomio PRI-gobierno fue el costo de una larga historia de manipulación de las elecciones.

En las dos cámaras legislativas, las reformas constitucionales se aprobaron por unanimidad y todos los congresos estatales las ratificaron. No fue el caso de las reformas al Cofipe, por un desencuentro de última hora, pero ello no le resta legitimidad a las reformas legales.

El hecho es que las leyes, instituciones y procedimientos electorales surgidos de la reforma satisfacieron a todos los actores políticos, con excepción de una parte considerable del priismo, y fueron reconocidos tanto por la sociedad como por la opinión pública mundial como avances considerables de la democracia electoral.

Hoy el voto es secreto y libre; las alianzas por el Cambio y por México han dicho que tendrán representantes en todas las casillas del país; el sistema de cómputo es impenetrable y los consejeros del IFE con derecho a voz y voto son insospechables de parcialidad priista.

Por eso cuando Vicente Fox condiciona la aceptación de su derrota a que Labastida obtenga una ventaja superior al 10% o a que no haya fraude, descalifica a ese sistema que fue modelado en gran medida por el PAN.

Cuando Cuauhtémoc Cárdenas propone una segunda vuelta si las elecciones no son transparentes o "existe la duda mayoritaria" ignora que el PRD negoció con ventaja la reforma electoral y que ésta es vigente, como lo demuestran el enorme caudal de recursos públicos de que dispone para su campaña o su acceso a los medios de comunicación.

No es justo ni ético que Fox y Cárdenas condicionen la aceptación de los resultados electorales porque con ello descalifican y siembran la duda sobre una legislación y unas instituciones que no sólo fueron adoptadas por la fuerza política de sus partidos, sino que son evidentemente democráticas.

La ley dice que el IFE organiza las elecciones y cuenta los votos y que el Tribunal Electoral declara ganador al candidato presidencial que tenga mayoría. Garantiza, entonces, que el futuro Presidente de la República no será quien imponga el gobierno, pero tampoco el que imponga un grupo de presión como los "amigos de Fox" o un partido tumultuario como el PRD.

Es posible que cuando esté circulando este número de etcétera, las alianzas que proponen a Fox y a Cárdenas, así como Camacho y Porfirio hayan firmado o estén negociando la firma de un pacto para una segunda vuelta. Esa fórmula unificaría a Fox y Cárdenas en su repudio a un eventual triunfo de Labastida.

Es probable, pero también ilegal, inmoral e irresponsable pues sería el detonante de un conflicto post-electoral que nadie sabe hasta dónde podría arrastrarnos a todos