Límites de las campañas
Joy Langston

I. Supongo y espero que algún día tendremos en México campañas y comicios normales, donde partidos relativamente serios y con principios programáticos sólidos presentarán sus candidatos y sus propuestas de gobierno para que los ciudadanos podamos votar libremente de acuerdo con nuestras preferencias. Las contiendas no durarán entonces sino dos o máximo tres meses, tiempo suficiente para que a través de los medios electrónicos y escritos los abanderados de cada partido expongan y debatan programas, ideales, medidas y compromisos, en el entendido de que sus oponentes no son traidores a la patria o enemigos irreconciliables de la democracia, sino adversarios legítimos en la lucha por el sufragio. El Instituto Federal Electoral será entonces una institución pequeña y poco onerosa, dirigida por eficientes profesionales dedicados no a salvar a la patria sino a encargarse exclusivamente de la magna tarea de organizar al ejército de voluntarios ciudadanos requeridos para la jornada electoral. Designados por partidos serios, respetuosos de la ley, tales consejeros no necesitarán ya de una burocracia permanente gigantesca sino, en todo caso, de un eficiente sistema para mantener al día el padrón electoral. Los escasos conflictos e impugnaciones podrán ser resueltos sin mayores sobresaltos por un tribunal acreditado, y al final los perdedores felicitarán a los ganadores, mientras éstos sabrán reconocer los méritos de sus contrincantes. Los medios ya no pretenderán ser protagonistas del proceso electoral como tampoco abusarán para hacer pingües negocios con la democracia, y se contentarán con informar puntual y equilibradamente el desarrollo del mismo, coadyuvando a promover el voto razonado y a resaltar la importancia de la participación cívica y denunciar cualquier intento de manipular o corromper la opinión pública mediante la utilización de recursos ilegítimos o ilegales.

Seguramente esta normalidad parecerá aburrida a los nostálgicos de la política heroica y estridente, y hasta es probable que la abstención aumente y que -de acuerdo con los candidatos y opciones presentadas- alcance cifras de 50%. A cambio de eso, la ciudadanía sabrá que la democracia no es una forma de vida ni mucho menos el acceso al paraíso, sino un procedimiento, el menos malo posible, para autorizar gobiernos y evitar que éstos se eternicen o hagan demasiado daño. Sabrá que lo que está en juego no es la redención de las almas, la salvación de la patria o la llegada del apocalipsis, sino el relevo de los encargados de cumplir tareas sin duda importantes pero acotadas institucionalmente. Sabrá, por ende, que en los comicios no gana el mejor sino el que tiene más votos, incluso es posible elegir a un personaje tan supersticioso y mediocre como Reagan o tan políticamente limitado como Zedillo sin que esto signifique el fin del mundo, aunque sí, ciertamente, determinados costos sociales e institucionales. Sabrá, en fin, por eso mismo, que la democracia implica responsabilidad, exigencia, capacidad de aprendizaje, pero no perfección, armonía o pureza, y que no se eligen magos, redentores, hombres providenciales, sino políticos con mayor o menor talento para ofrecer soluciones a problemas y conflictos que seguirán surgiendo y agobiando a la sociedad. Sabrá, en fin, que no hay tal cosa como "papá gobierno", ni tatas, pues sólo podremos elegir seres humanos prosaicos, y que la política no es panacea ni capacidad de resolver por decreto e instantáneamente todas las dificultades sociales, económicas y culturales, sino el difícil arte de coordinar esfuerzos, de buscar compromisos, de superar conflictos, de evitar la violencia, de consolidar instituciones. Que la política no es optar entre cielo e infierno, entre Bien supremo y Mal absoluto sino, casi siempre, entre males menores o mayores.

Naturalmente todo lo anterior requerirá superar el infantilismo generado por demasiados años de autoritarismo clientelar. También exigirá construir un verdadero Estado de derecho que, como su nombre lo indica, sea capaz de respetar y hacer respetar la legalidad y producir los bienes públicos básicos sin los cuales la ciudadanía difícilmente puede existir o ejercer su supuesta soberanía. Se necesitarán, además, partidos nuevos, comprometidos con la institucionalidad democrática y con su papel de formar, presentar y controlar una clase política que ya no identifique la autoridad y los cargos con fuentes de privilegios e impunidad, sino con el desempeño bien remunerado de tareas difíciles pero indispensables. Y, seguramente, será indispensable haber dejado atrás las insondables desigualdades e injusticias que desgarran y degradan a la sociedad mexicana actual, esta vergüenza abrumadora que hoy no sólo despoja de todo futuro esperanzador a millones de mexicanos, sino que además impide que incluso los privilegiados o quienes al menos gozamos de condiciones de vida adecuada, podamos sentirnos realmente orgullosos del país donde vivimos.

Alcanzar esos requisitos para que la democracia se consolide y normalice no puede ser, salvo para imaginaciones delirantes, el producto de los solos procesos electorales, por más transparentes, equitativos y confiables que éstos sean. Ni puede ser, mucho menos, la consecuencia ni inmediata ni mediata del triunfo de Fox o de Labastida o de Cárdenas. Ni las urnas ni los votos ni los candidatos hacen milagros, y los cambios sociales progresivos son el resultado de enormes y heterogéneos esfuerzos colectivos muy prolongados que, aunque pueden ser facilitados por determinadas iniciativas políticas, jamás se pueden ni se deben reducir a la obra de personajes carismáticos. De hecho, no sobra recordar que los recursos con los que cuentan los políticos son limitados, que pueden asignar dineros públicos; que pueden promover iniciativas legales; que pueden convocar esfuerzos colectivos en determinadas direcciones y pueden también despilfarrar y ofrecer pésimos ejemplos de corrupción, cinismo e impunidad. Pero nada de eso les da capacidad de superar por la sola fuerza de su voluntad los rezagos, los desafíos, los conflictos y las dificultades que abruman a las sociedades. Podrán entonces ofrecer "educación de calidad", o empleos para todos, o seguridad y combate a la corrupción, o justicia social, pero dada la complejidad y magnitud de los problemas en juego sólo el esfuerzo social continuado de varias generaciones permitirá lograr tales propósitos. Entre otras cosas, la democracia requiere, para consolidarse, que dejemos de atribuir cualidades extraordinarias o sobrenaturales a la política y a los políticos, que dejemos de verlos como superhombres, como causantes exclusivos de la existencia, de la solución o del agravamiento de los problemas sociales.

II. A la luz de estas consideraciones parece evidente que no hemos alcanzado todavía una cabal normalidad democrática o, si se quiere, una democracia consolidada. Las anomalías o la fragilidad de nuestra incipiente democracia no se relacionan ya, sin embargo, con las leyes e instituciones que rigen la competencia electoral (aunque lamentablemente no podemos descartar que algún consejero se quiera hacer el "niño héroe" y ponga en riesgo lo logrado en este terreno) sino con los saldos y herencias tanto de nuestro pasado autoritario como de una transición sumamente prolongada y accidentada, que para colmo se combinó con una modernización que, por decir lo menos, agudizó profundamente los rezagos y desigualdades que desde siempre han caracterizado al país, deteriorando gravemente la capacidad de las instituciones públicas. Por eso es que la estrategia oposicionista de presentar el proceso electoral de este año como una lucha por "transitar a la democracia" es teóricamente errónea y políticamente peligrosa, aun si rinde buenos frutos en términos de sufragios.

En los hechos, esa transición culminó ya, en lo que respecta a los procedimientos electorales, en 1996 con la reforma que otorgó plena autonomía al Instituto Federal Electoral y configuró al Tribunal Federal Electoral. A pesar de la negativa del PAN y del PRD para votar el nuevo Cofipe en su conjunto, sin considerar que éste hacía realidad la inmensa mayoría de sus demandas democratizadoras, lo cierto es que ese año terminó el ciclo de reformas abierto con la reforma de 1977. De ahí que en 1997 asistiéramos al estreno de un tejido institucional plenamente capaz de procesar con equidad y transparencia una competencia electoral que dio fin a la era de mayorías absolutas y aplastantes. Seguramente, como toda obra humana, el IFE y el Trife requerirán modificaciones ulteriores, pero nadie en su sano juicio puede negar que estas instituciones pusieron fin al control gubernamental sobre los comicios y, por ende, a la clave de bóveda del viejo sistema autoritario de partido casi único.

¿Por qué entonces no podemos afirmar que se arribó ya a una cabal normalidad democrática, como ha sugerido reiteradamente el presidente Zedillo? Según lo que dicen Fox, Cárdenas, Muñoz Ledo y, por supuesto, Camacho, porque no ha habido "alternancia" a nivel federal, porque sólo sacando al PRI de Los Pinos tendremos verdadera democracia. El problema con este diagnóstico es que identifica una forma de gobierno y unas reglas que por principio deben cobijar a todas las fuerzas políticamente relevantes, con el triunfo de una de ellas y con la derrota de las demás. Ahora bien, por más que el PRI nos parezca deleznable o corrupto, es imposible negar que se trata de una fuerza política nacional no sólo relevante sino decisiva para el futuro del país. De modo que ninguna "revolución" o "transición" democrática puede, en principio, sustentarse en la sola derrota de esa fuerza. Si la posibilidad de la alternancia es constitutiva de cualquier régimen democrático, no parece razonable sostener que, por un milagro de la naturaleza, la realización de la alternancia es la condición suficiente para transitar a la democracia. En todo caso había que decir, más bien, que esa alternancia habrá sido posible gracias a la transición ya realizada, a las reformas, leyes e instituciones tan difícilmente logradas.

Foto: Salvador Castellanos/Silva

En este horizonte, la anormalidad democrática que padecemos se relaciona, en primer lugar, con la falta de compromiso de los principales actores políticos con las instituciones y leyes que encarnan precisamente los avances democráticos conseguidos. Que Vicente Fox haya declarado que sólo aceptaría su derrota si Labastida le saca más de 10% de ventaja, es sólo la expresión más contundente de esta ausencia de compromiso con las reglas del juego democráticas negociadas y acordadas por los propios partidos. De modo que a la incertidumbre propia de la competencia democrática se agrega la incertidumbre sobre la actitud de los actores ante los resultados de esa competencia. La alta posibilidad de que los perdedores se nieguen a reconocer esos resultados, aunada a una distribución de votos que vuelve casi imposible que algún partido cuente con la mayoría absoluta en el Congreso o con más de 50% para el nuevo Presidente, sólo puede desembocar en un gobierno paradójicamente más deslegitimado que legitimado por el proceso electoral, y sometido a la necesidad de negociar no solamente apoyo para ciertas políticas públicas sino para poder ser reconocido como legítimo.

En este sentido, nuestra anormalidad democrática remite también al extraño fenómeno de que las urnas no generen la legitimación necesaria para que el nuevo gobierno asuma sus tareas sin que le sea cuestionado su origen democrático. Según parece, ello no sólo ocurriría en el caso de que el candidato priista se levantara con el triunfo por un margen escaso, sino también en el caso de que Fox lograra llevarse la victoria, lo que significaría retornar, a pesar de los avances legales e institucionales, y a pesar de la transparencia en el cómputo de los votos, a conflictos postelectorales tan desgastantes como estériles.

La larga historia de fraudes y negociaciones extralegales en los comicios explica en buena medida esta anomalía. Pero también hay que referirse a la naturaleza sui géneris del PRI para entender la desconfianza y los resentimientos múltiples en los cuales se funda. Por más que Labastida hable del "nuevo PRI", por más que haya pretendido deslindarse del pasado autoritario y corruptor de su partido, a nadie escapa que esa formación política sigue siendo, por su naturaleza misma, un obstáculo para la normalidad democrática deseada. Pese a que sus inéditas y enconadas preliminares parecieron sortearse con relativo éxito, el anuncio del nacimiento de un nuevo PRI sólo mostró la inmensa confusión que reina en los dirigentes reales o virtuales de esa organización. ¿En qué reside esa pretendida novedad? No en las personas, porque la mayoría aplastante de los candidatos tiene una trayectoria que se remonta, por lo menos, a la Presidencia de De la Madrid, si no es que a la de López Portillo o Echeverría. Tampoco en las reglas, pues que se sepa nadie ha propuesto el menor cambio estatutario. Ni siquiera en la retórica, pues el discurso contra la corrupción recuerda la renovación moral delamadridista, mientras que la retórica antisalinista ha sido una constante en este sexenio.

En realidad lo nuevo es el evidente deterioro de la vieja disciplina, que se manifiesta en la salida de connotados priistas en busca de mejores oportunidades en otros partidos, aunque esto también lleva ya su tiempo. Y sobre todo lo nuevo es que la mayor parte de los dirigentes priistas parecen haber asumido cabalmente todas las acusaciones opositoras contra su partido y sus gobiernos. El antipriismo se ha vuelto tan poderoso que los mejores argumentos de los candidatos del PRI contra sus adversarios es que representan al viejo PRI o negociaron con Salinas. Pese a los esfuerzos de Bartlett, el orgullo priista se ha evaporado y lo que predomina en las campañas del viejo partido casi único es la culpa o la vergüenza.

No obstante, no deja de sorprender por ello que Labastida tenga buenas posibilidades de ganar, aunque con margen sumamente escaso sobre Fox. Monsiváis, Castañeda y Gilly tendrían algún día que ir más allá de los lugares comunes sobre el fraude y la manipulación, para intentar explicarnos este fenómeno paradójico: cuando las propias cabezas del oficialismo parecen com partir la visión opositora sobre los últimos gobiernos y sobre la trayectoria de su partido, ¿cómo es posible que millones de mexicanos sigan confiando y votando por el PRI? ¿No sería que, retórica aparte, los grandes de la oposición, tanto Cárdenas como Fox, siguen representando esencialmente intereses y visiones clasemedieras y sólo el PRI, con todas sus miserias, alcanza a mal representar a esos millones de ciudadanos que no comparten ni pueden compartir las simplezas y boberías del antipriismo?

Foto: Raúl Ramírez Martínez

La anomalía que supone la naturaleza del PRI ha afectado también la naturaleza de los demás partidos, volviéndolos institucionalmente débiles y dependientes de figuras "carismáticas". El PAN, que hasta 1997 parecía contar con recursos y tradiciones capaces de asegurar su trayectoria como un partido relativamente normal, se vio repentinamente asaltado por el caudillismo insolente de Fox y sus amigos, sin que, al parecer, nadie pudiera o quisiera resistir dicho asalto. Asumió así un perfil estratégico perredista, esto es, francamente antipriista y antigobiernista, pero también un carácter de mero instrumento de la imagen machista, vengadora y camaleónica de su candidato prácticamente único: Vicente Fox. Nadie puede discutir que todo ello ha tenido un impresionante éxito que incluso puede llevar al triunfo electoral de este nuevo caudillo, pero el costo para Acción Nacional, para su identidad y sus tradiciones, parece igualmente indiscutible, volviendo realidad la vieja profecía lanzada por su ex presidente Felipe Calderón, de ganar el poder pero perder el partido.

Al ser rebasados en su propia estrategia por Fox y al establecer una de las alianzas más costosas de las cuales se tenga memoria con minipartidos impresentables, los dirigentes del PRD afrontan el riesgo de una crisis de enormes proporciones una vez pasadas las elecciones. Su caudillo, Cuauhtémoc Cárdenas, desgastado y cansado por reiteradas campañas y por un más que gris desempeño como jefe de gobierno de la ciudad de México, apenas puede ofrecerle una cantidad de votos que está lejos de los que se necesitarían para mantener un aparato tan voraz como ineficiente. Sólo la victoria de Andrés Manuel López Obrador en la capital permitiría al PRD sobrevivir a unas elecciones en las cuales su candidato presidencial no lograra jalar más de 15 o 20% de los votos.

Se trata, como puede verse, de partidos sumamente debilitados por sus estrategias recíprocas, de partidos que no se juegan solamente el acceso a cargos y curules sino su propio futuro como partidos políticos, como fuerzas cohesionadas, como referentes electorales. Así, la sobrevivencia del PRI parece depender de que no pierda la Presidencia, pues de lo contrario nadie sabría ni quiénes son los que lo dirigen ni cuáles son las reglas de su funcionamiento interno. La salida gradual ocurrida hasta ahora se podría convertir en verdadera desbandada. Un fracaso de la Alianza por el Cambio y de su candidato también generaría una crisis profunda en las filas de Acción Nacional, sobre todo si la terquedad ya demostrada por Fox pretende conducir al PAN a una confrontación postelectoral ilimitada. Y la fragilidad del PRD, sacudido ya por las tácticas "camaleónicas" del candidato de la Alianza por el Cambio, también se vería agravada seriamente por resultados electorales magros.

Sea entonces cual fuere el ganador, existe una incertidumbre anómala no sólo sobre la actitud que asumirán los perdedores, sino sobre su futuro como fuerzas organizadas políticamente. Esta anomalía, lo mismo que el carácter enconado irracionalmente de la contienda, en la medida en que todos apuestan a explotar fobias, rencores, miedos y supersticiones, pueden verse como el costo de una transición que, sin lugar ha dudas, ha permitido construir un entramado institucional y legal capaz de procesar adecuadamente los comicios, pero que no ha podido proporcionar, por la mezquindad y miopía de sus protagonistas, un horizonte compartido, acuerdos en lo fundamental y un mínimo de confianza pública para el nuevo pluralismo político del país. Por eso, nuestra democracia es una democracia sin normalidad, una democracia sin futuro compartible, una democracia triste.

III. En este contexto, parece indispensable plantear algunas exigencias mínimas, tanto para el ganador como para los perdedores. La primera tendría que ser el respeto absoluto por las leyes e instituciones encargadas de procesar y realizar el cómputo de los sufragios. Toda pretensión de desconocer los resultados oficiales o de promover conflictos y presiones extrainstitucionales debe ser denunciada como un atentado a los valores y principios democráticos. Lo cerrado de la contienda no debe ser pretexto para profundizar y capitalizar la desconfianza, poniendo en riesgo lo tan difícilmente logrado.

En segundo lugar, ganador y perdedores tendrían que estar dispuestos a discutir, negociar y acordar las reformas pertinentes para la construcción de un Estado de derecho propiamente dicho. Esto bajo el entendido de que la legitimidad electoral proporcionada por las urnas de ningún modo será suficiente para la realización de estas reformas, además se requerirán pactos incluyentes para dotar a las instituciones públicas de la fuerza y la autonomía necesarias para afrontar desafíos urgentes y difíciles. La reforma fiscal, la reforma de los cuerpos policiacos, la reforma del sistema de procuración de justicia, la reforma educativa, la reforma del propio sistema político, no son tareas que puedan realizarse sin el concurso de las principales fuerzas políticas. Sólo este concurso y los acuerdos posibles permitirán superar la desconfianza y el deterioro que hoy debilitan al Estado mexicano. Y sólo fortaleciendo políticamente al Estado, sólo otorgándole una autonomía indispensable frente a los intereses particulares que hoy amenazan con vaciarlo de todo sentido propiamente público y nacional, la sociedad mexicana podrá afrontar realmente los rezagos, las desigualdades, las injusticias y las deformidades que hoy le impiden convertirse en una sociedad decente, con una democracia normal