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textos Chile intenta resolver su pasado
Paulo Hidalgo
Luego de prácticamente 11 meses de arduo trabajo, la Mesa de Diálogo(1) -conformada por todas las ramas de las Fuerzas Armadas, representantes de las iglesias y abogados vinculados a los derechos humanos, personalidades del mundo de la cultura y la ciencia- arribó a un documento final. Se trata de una apretada síntesis de acuerdos y constataciones de cuatro páginas que plasman una salida posible y viable destinada a aclarar el destino de los detenidos desaparecidos, que según las estimaciones son mil 35 personas. El acuerdo es un verdadero hito histórico, de la mayor trascendencia para la democracia chilena que por fin asume el asunto como tema nacional. Ya veremos los resultados, pero se puede decir que el país está en la senda de resolver los temas del pasado. El presidente Ricardo Lagos recibió los acuerdos en el Palacio de Gobierno, que congregó a todas las fuerzas políticas; todas las ramas de las Fuerzas Armadas, iglesias y personalidades de todos los ámbitos de la vida nacional. El documento establece ciertos criterios y acuerdos sustantivos. Primero, se deduce la inexistencia de cualquier atisbo de un punto final. Es decir, no se fija un plazo perentorio para la investigación para luego proceder al cierre de los casos, aunque no se encuentren los restos de los detenidos desaparecidos o las circunstancias de su desaparición. Hay un mandato imperativo por resolver positivamente el tema sin que se fije en la investigación de tribunales un plazo predeterminado. Este ha sido una de las piedras de toque de los proyectos de ley anteriores que han sido tajantemente rechazados por la coalición de gobierno. Por otro lado, esta vez existe un acuerdo solemne de parte de las propias Fuerzas Armadas de recabar la información a través de sus propios conductos. Como el objetivo primordial es saber qué ocurrió con los detenidos desaparecidos se establece el mecanismo del secreto profesional como una forma de resguardo evidente de las Fuerzas Armadas que, en su percepción, evite una caza de brujas o una hipotética "salida de fila" de personeros del ejército que efectivamente cuenten con información. En este sentido, los tribunales no contarán con testigos calificados directos de los hechos y tendrán que reconstruir, sobre la base de la información disponible, la identidad de los potenciales responsables. Ello atendiendo a si los hechos ocurrieron antes de 1978 cuando se aplicaría la amnistía o después de esa fecha donde tal decisión jurídica no opera. En cualquier caso, los tribunales podrán actuar sin ningún bloqueo. Aquí está la discusión jurídica sobre si estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad y, por tanto, son inamnistiables. Es competencia de los tribunales de justicia. Se debe destacar el amplio acuerdo y el clima propicio que se ha generado en la sociedad chilena para llevar adelante los acuerdos de la Mesa. Si bien hubo un clima similar cuando se realizó la entrega formal del Informe Rettig al presidente Alwyin(2) en 1992, ello se vio afectado por el asesinato del senador Jaime Guzmán de la derecha más pinochetista que crispó los ánimos y las motivaciones, en aquel entonces, por avanzar en la clarificación de los temas pendientes. Se espera una posición antagónica de los familiares de los detenidos desaparecidos y sus agrupaciones. Sin duda, aquí hay factores emotivos de gran envergadura que se deben respetar y sólo por la vía de la argumentación y la comprensión del dolor se podrán apaciguar en algún grado los sentimientos de frustración que ellos puedan expresar. De igual modo, es esperable una oposición muy radical, como ya se ha visto en la prensa, de parte del PC que monopoliza el tema de los derechos humanos. Lo fundamental es que en coyunturas cruciales de esta naturaleza nunca es posible esperar soluciones óptimas o ideales donde se esperaría la rendición o derrota de una parte y el triunfo tout court de otra. El tema de los derechos humanos es de toda la sociedad chilena y se ha logrado lo mejor posible, dentro de un marco de restricciones, que ha permitido cautelar y buscar qué ocurrió con los detenidos desaparecidos. Constataremos si este acuerdo consigue el cierre de un ciclo histórico logrado por el presidente Lagos que pertenece al sector de la centro izquierda de la Concertación. Es decir, aquel sector que fue directamente partícipe de la experiencia de la Unidad Popular, fue perseguido, encarcelado y hostigado y que hoy se erige, junto con toda la Concertación, como protagonista del cierre de una época tan llena de sufrimiento y dolor. Junto a todos los actores artífices de este histórico acuerdo es digno de destacar el papel fundamental que jugó la abogada Pamela Pereira perteneciente al Partido Socialista, hija de un detenido desaparecido quien tiene impecables credenciales morales y jurídicas. Otro de los sentidos de este histórico acuerdo es la gran relevancia de la doctrina de los derechos humanos, instalada como uno de los ejes primordiales de nuestra democracia, para que nunca más, como lo dijo el Presidente, se repitan conductas reñidas con los derechos más elementales del ser humano, el derecho a la vida. A partir del 13 de junio, Chile retoma aquel hilo conductor de ser un país digno y respetado por la solidez de su democracia e instituciones. En este cuadro, la figura de Pinochet ha pasado claramente a un segundo plano. La Corte de Apelaciones ya falló su desafuero como senador y se espera una apelación ante la Corte Suprema. Esa instancia puede confirmar el desafuero y someter a proceso al anciano general y/o solicitar que se le practiquen exámenes médicos y decretar que por problemas de salud no procedería su procesamiento. Esto es lo más probable. En todo caso, el solo hecho de que Pinochet haya sido desaforado constituye una sanción moral de envergadura. Ya como una figura que ha recibido una sanción de este tenor, no hay duda de que Pinochet dejará la vida pública y se retirará. Quizá lo destacable es que si en un momento se pensaba que el general seguiría cumpliendo un papel político en el Senado y se erguía, según sus partidarios, como aquel que había reconstruido a Chile, casi ya plasmado en un libro de tapas del mejor cuero y letras doradas, ahora su retiro, para sus partidarios, es penoso puesto que todo el orbe lo ha condenado y en Chile su desafuero simbólicamente demostró su verdadera participación en crímenes atroces. El ya pertenece a un oscuro pasado que el país quiere superar de manera general. Hoy, en un mundo tan diferente, lejano de aquellos avatares de la guerra fría, Pinochet fue el último de su estirpe que creyó a pie juntillas que peleaba contra el enemigo interno del marxismo, un mundo espectral ya por largo tiempo en retirada
Notas 1 Esta instancia fue creada por el ministro de Defensa del gobierno de Frei, Edmundo Pérez Yoma, en agosto de1999. 2 Se trató del enorme esfuerzo de abogados y organismos vinculados a los derechos humanos por recabar toda la información disponible sobre los asesinatos y desapariciones que se verificaron durante el régimen militar que se plasmó en el Informe Rettig, entregado solemnemente en una emotiva ceremonia al entonces presidente Aylwin, quien con lágrimas en los ojos pidió perdón al país.
Paulo Hidalgo es sociólogo, profesor del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. |
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