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memoria Silencio cómplice
Pablo Hiriart
Alguna vez escribió Héctor Aguilar Camín, que los presidentes suelen ponerse una meta muy precisa cuando son candidatos, pero al final del sexenio terminan en un lugar muy distante de aquel que se habían propuesto. En el caso del gobierno que concluye su meta más anunciada fue el establecimiento de un pleno Estado de derecho, y la carencia de éste será precisamente su mayor debilidad a la hora de hacer un balance. Durante casi todo el sexenio hemos tenido episodios bochornosos de los cuales avergonzarnos en el ámbito federal, que lograron crear una todavía mayor incredulidad hacia el aparato de procuración de justicia. Ese ignorar la ley y las obligaciones de un gobierno para con el Estado de derecho de parte del gobierno -concretamente de sus instituciones encargadas de la procuración de justicia- ha transminado el campo de competencia federal y con toda su carga de impunidad y abuso de poder se adueñó de las instancias locales, como es el caso de la ciudad de México. Uno de los efectos más perniciosos de esta nueva cultura de la impunidad absoluta es el desencanto social expresado en indiferencia: mientras no me toque a mí ser víctima de la ilegalidad con que se comportan las autoridades, me hago de la vista gorda y me limito a mascullar mis imprecaciones. Esa parece ser la actitud asumida por buena parte de la sociedad, especialmente de los medios de comunicación después de desayunar, comer y cenar con aberraciones judiciales que nos han anestesiado la capacidad de protesta. Quizá el caso más reciente y emblemático de este fenómeno ha sido el citatorio en contra del periodista Sergio Sarmiento para que explique ante el Ministerio Público cómo fue que realizó una entrevista al ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Lo primero que salta a la vista es la pregunta: ¿qué tienen que ver Sergio Sarmiento y Carlos Salinas en el asesinato del conductor de televisión, Francisco Stanley? Hasta el momento no se ha proporcionado ni el más mínimo indicio de que por ahí pudiera haber una hebra que condujera a dilucidar ese manoseado caso. Lo que sí parece evidente es que a la incompetencia del procurador Samuel del Villar y su equipo de trabajo le urge crear una cortina de humo para opacar el hecho de que las averiguaciones no han ido a ningún lado más que a tener en la cárcel a gente a quienes no se les ha podido probar su participación en el crimen. Ya la Comisión de Derechos Humanos del DF ha pormenorizado las irregularidades cometidas en el proceso, y puntualmente explicó que la edecán Paola Durante se encuentra detenida sin razón alguna para estarlo. En respuesta, la Procuraduría del DF abrió un proceso judicial contra personal de la Comisión de Derechos Humanos que se atrevió a cuestionar su trabajo. La ilegalidad, pues, se impuso por la fuerza y ante el relativo silencio de los medios de comunicación y la indiferencia de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. El siguiente paso ha sido el acoso al periodista Sarmiento por esa entrevista realizada al ex Presidente. ¿De cuándo acá se cita a comparecencia judicial para que un periodista explique una de sus entrevistas? ¿Las organizaciones no gubernamentales dedicadas a derechos humanos habrían callado de la forma como lo hacen si el citado no hubiera sido de un medio afín al suyo y el entrevistado un comandante del EPR? Es que con el episodio de Sarmiento no sólo se desnuda la ilegalidad e impunidad de las autoridades, sino que se pone al descubierto la muy poca solvencia moral de organizaciones no gubernamentales supuestamente comprometidas con las libertades y los derechos de los ciudadanos. Y por último en ese caso, la Procuraduría del DF dio a conocer los motivos del citatorio a Sarmiento: una respuesta del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, que la propia PGJDF se encargó de enviar a algunos medios de comunicación. Eso es ilegal. En México las investigaciones son secretas, lo mismo que las declaraciones ministeriales. Pero nadie dice nada Pablo Hiriart es director general del periódico Crónica. |
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