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En los últimos años, en diversos países tanto federales como unitarios y tanto parlamentarios como presidenciales han surgido iniciativas para reformar el funcionamiento y las características de las cámaras altas, en algunos casos como parte de un proceso de reforma política integral del sistema de gobierno y en otros, con el propósito de coadyuvar al fortalecimiento de la autonomía de regiones y provincias.

La utilidad de los senados es significativamente mayor en los Estados federales, pues es en esta institución donde mejor se ven representados los intereses específicos de las entidades que integran a una federación, y en los regímenes presidenciales, donde la presencia de una Cámara alta ayuda a atemperar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, que de otra manera podrían llegar a polarizarse demasiado. Asimismo, se considera que una "segunda vista" a la legislación aprobada en la Cámara baja siempre es útil como filtro que corrija eventuales errores y precipitaciones.

Por su puesto, la reforma de la Cámara alta es indispensable en México, pues, contra lo que muchos piensan, el Senado puede llegar a ser una pieza clave del sistema político, sobre todo en lo que concierne a tres renglones fundamentales en la vida pública nacional: procurar un óptimo funcionamiento del sistema federal, participar en el diseño de estrategias efectivas para nuestras relaciones exteriores y contribuir en el perfeccionamiento de nuestro sistema de justicia.

Debemos estar conscientes de la importancia política de la Cámara alta y del papel que ésta puede jugar en la consolidación de un régimen democrático en México. La reforma al Senado es uno de los temas axiales de la reforma del Estado, aplazada por la irresponsabilidad e indiferencia mostrada en los últimos años por los principales partidos políticos del país. Es por ello que resulta urgente empezar a considerar ideas que conviertan al Senado en un órgano superior de Estado capaz de trabajar en forma eficaz en favor de la gobernabilidad del país, y que corrijan algunos errores que se han cometido en el pasado reciente y han atentado contra el carácter eminentemente federal que debe tener la Cámara alta. En efecto, la reforma aprobada en 1996 está propiciando una preocupante tendencia a reducir la importancia de las facultades exclusivas del Senado, el cual, de seguir así, puede limitarse a ser una especie de "Cámara de Diputados compacta" que únicamente redunde el trabajo legislativo.

Es inaplazable reforzar las facultades exclusivas del Senado de la República, y devolvérsele a plenitud su carácter federal. Algunas ideas de reforma pueden muy bien ser las siguientes:

La Cámara alta mexicana padeció por décadas de un acusado fenómeno de sobrerrepresentación, en virtud a que hasta 1994 sus mecanismos de integración excluyeron cualquier forma de proporcionalidad. Bajo el esquema de partido hegemónico y de ausencia de verdadera competitividad electoral en el que los mexicanos vivimos por décadas, esta fórmula de integración permitió al PRI conservar el monopolio de la representación en la Cámara alta hasta 1988, año en el cual ingresaron al Senado cuatro legisladores de Frente Democrático Nacional.

La forma de integración de la Cámara de Senadores fue modificada como resultado de la reforma electoral de 1993. Entonces el número de senadores se duplicó, pasando de 64 a 128, con cuatro legisladores por entidad en vez de los dos tradicionales. Aunque la nueva fórmula representó un avance respecto del antiguo mecanismo en términos de una mayor concurrencia de los partidos de oposición, es importante subrayar que este sistema de conceder tres senadores por entidad al partido más votado y uno a la primera minoría dejaba todavía mucho que desear en lo concerniente a una auténtica representación proporcional.

Más tarde, como resultado de la reforma política de 1996, la fórmula de conformación del Senado volvió a ser modificada. El número total de senadores quedó en 128, pero se redujo de tres a dos el número de legisladores a elegir en cada estado por la primera mayoría, quedando uno para la segunda. Es decir, ahora tenemos que cada estado está representado en la Cámara alta por tres legisladores, lo que hace un total de 96. Para elegir a los 32 senadores restantes se estableció un sistema en el que cada partido presenta una lista nacional única de candidatos que compiten por los escaños mediante una fórmula proporcional.

Si bien con el nuevo sistema es relativamente más justa la repartición de escaños en términos proporcionales, con ello se ha afectado la lógica de representación federal que debe ser esencia de la Cámara alta.

Es imprescindible encontrar fórmulas adecuadas para la conformación del Senado, con el objetivo de garantizar el carácter plural de esta Cámara y evitar a toda costa una sobrerrepresentación demasiado pronunciada en favor de un partido político, pero sin que se atente por ello contra su carácter eminentemente federal. De todas las opciones con las cuales contamos para la reforma del mecanismo de integración de la Cámara alta, consideramos que la más adecuada sería la de cociente electoral con restos mayores, en virtud de que se trata de la fórmula más versátil (permite el mayor número de combinaciones de representación), tolera rangos de sobrerrepresentación mínimos y goza de cierto arraigo en México, puesto que ya ha sido utilizada en nuestro país para la asignación de escaños en la Cámara de Diputados por la vía proporcional.

De aplicarse el sistema de cociente electoral con restos mayores para la integración del Senado, sería indispensable considerar a cada entidad federativa como una circunscripción plurinominal, cada una con cuatro escaños, de tal forma que el total de senadores quedaría como ahora, 128 legisladores, pero desaparecería cualquier listado nacional, de tal suerte que se mantendría una representación paritaria por cada estado y se respetaría la lógica de representación federal que inspiró la creación de la Cámara alta.

Por último, consideramos sumamente conveniente que se haga posible la reelección inmediata de los senadores, con el propósito de profesionalizar la labor legislativa.

La Cámara alta debe consagrarse a impulsar un sistema federal que promueva la soberanía de los estados y la libertad de los municipios, al mismo tiempo que incremente la cohesión nacional, la estabilidad política y el desarrollo equilibrado del país. Es por ello que proponemos elevar a rango constitucional, mediante una reforma al artículo 76 de la Carta Magna, que el Senado deberá servir esencialmente como la Cámara donde las entidades federativas sean eficazmente representadas ante la Federación, y actúe de manera sistemática como un agente articulador de los gobiernos regionales y locales en el marco de un pacto nacional auténticamente federalista.

El Senado debe ser una instancia federal que asegure integridad territorial, cohesión social y desarrollo equitativo y que se empeñe en afrontar con éxito aquellos problemas públicos y sociales que se extienden por todo el territorio y rebasan las fronteras y recursos de los gobiernos locales.

El Senado debe coadyuvar en la tarea de reordenar a la República según su naturaleza federalista. Servir como instrumento que resguarde y regule las soberanías y autonomías de los diversos órdenes de gobierno, a la vez que participa en la construcción de relaciones de concurrencia, cooperación y división de la tarea pública.

Otra reforma indispensable para acentuar el carácter federalista del Senado es hacer que la aprobación del presupuesto deje de ser atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, de manera que el Senado de la República, en su carácter de representación de las entidades federativas, intervenga de forma decisiva en la determinación del monto de las participaciones fiscales que corresponden a los estados.

3. El Senado deberá sancionar de manera efectiva la política exterior

El escenario mundial que se perfila hacia el siglo XXI como resultado del fin de la guerra fría y la consecuente constitución de un mundo económica, política y culturalmente globalizado, nos obliga a cuestionar a fondo nuestras concepciones tradicionales de política exterior, con el objetivo de arraigar una perspectiva estratégica estructurada y viable que sirva a los propósitos de fortalecer nuestra posición en el concierto internacional sin perder de vista principios fundamentales que le otorguen a nuestra posición en el mundo plausibilidad ética. Para ello, debe quedar claro en primera instancia que las prioridades internacionales de nuestro país son, esencialmente: garantizar la protección de nuestros derechos inalienables y la de nuestros conciudadanos en el extranjero, la promoción de nuestro desarrollo económico y pugnar por evitar un orden internacional de carácter hegemónico.

Los asuntos concernientes a la creciente cooperación e interdependencia entre México y el resto del mundo deben ser axiales en cualquier propuesta para la elaboración de una nueva política exterior.

El Senado debe participar activamente en lograr un rediseño estratégico de nuestra política exterior, cosa que, hasta la fecha, no ha podido cumplir de forma convincente a pesar de existir un mandato constitucional expreso. Durante décadas la cancillería ha gozado de casi total impunidad frente al Poder Legislativo. Esta situación no puede prevalecer. Es urgente reformar el párrafo 1 del artículo 76 para reforzar el papel del Senado en la determinación y diseño de nuestra política exterior, estableciendo como obligatoria la práctica de mantener vínculos de comunicación y consulta permanentes entre el Senado y la Secretaría de Relaciones Exteriores. La idea es convertir en la práctica a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en una especie de "cancillería en la sombra" que efectúe un seguimiento puntual del desarrollo de nuestras relaciones ante el mundo.

Asimismo, proponemos que la designación del secretario de Relaciones Exteriores sea ratificada de manera exclusiva por el Senado de la República.

La reforma al Poder Judicial se ha convertido en uno de los temas centrales de la discusión de reforma del Estado. La función jurisdiccional en nuestra época se encuentra sujeta a una profunda revisión en virtud de su creciente complejidad. Concebida de manera tradicional como una actividad puramente técnica de resolución de conflictos jurídicos, se ha transformado en uno de los servicios públicos esenciales del Estado contemporáneo. Un amplio conjunto de factores sociales, económicos y culturales ha penetrado en una función que también tiene sentido político.

Más allá de la voluntad política necesaria para la plena vigencia del Estado democrático de derecho es imprescindible revisar los instrumentos públicos encargados de hacer cumplir la ley. Estimamos que es urgente un rediseño constitucional para garantizar la plena independencia del Poder Judicial, la autonomía de la fiscalía y los mecanismos de colaboración de estas instancias con el Ejecutivo. A la vez, los órganos encargados de velar por los derechos de los ciudadanos deben dejar de ser percibidos como algo remoto y extraño. La justicia debe dejar de ser la maraña burocrática que actualmente es.

El Senado deberá participar en este proceso de saneamiento y fortalecimiento de nuestro sistema de justicia. Proponemos que la Cámara alta tenga la facultad de ratificar el nombramiento del titular de una eventual Secretaría de Justicia. Asimismo, es urgente perfeccionar los mecanismos de ratificación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, muchas veces sujetas en la actualidad a la improvisación y a las determinaciones tomadas "al vapor".

También ha llegado la hora de erigir en México un tribunal constitucional que tenga la facultad de ser el máximo intérprete de constitucionalidad de los actos de la autoridad pública, que establezca doctrina en materia de legalidad, resuelva controversias sobre competencias y se constituya como órgano supremo dentro de la estructura del Poder Judicial de la Federación. Los jueces que integren dicho tribunal deberán ser ratificados por el Senado.

Si en la actual temporada electoral nuestra clase política se dedicara más a la presentación de propuestas e ideas plausibles para encontrar mecanismos que fortalezcan a nuestro régimen democrático y superar los ingentes problemas económicos y sociales que afectan a las mayorías y mucho menos a entrar en el terreno de las descalificaciones, los insultos y las mentiras, es obvio que el nivel de nuestra vida política sería mayor. Las descalificaciones calumniosas, las verdades a medias y los discursos grandilocuentes nada aportan al sano desarrollo de nuestra incipiente democracia