ideas en campaña
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Francisco A. Eissa Barroso

con el candidato
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Marco Levario Turcott

Subordinados a la elección presidencial, los partidos políticos en el interior del país ejercen a su manera el subsuelo de recursos políticos que han heredado de su tradición. Una de estas tradiciones es en la que el PRI ha conectado orgánicamente su despliegue electoral a los distintos programas sociales del gobierno federal. Elevado a la calidad de mito emanado del priismo, la utilización de la política social como capitalizadora de votos para el tricolor es uno de los grandes temas en el cierre de la contienda electoral. Además de que permite asomarse a uno de los mecanismo más complejos de operatividad política y sobre el cual se desarrolla toda una lógica de control y centralización de los gobiernos estatales, dejando ver la profunda dependencia que aún guardan éstos respecto del poder federal, y la manera como esta lógica coincide con regímenes autoritarios.

Con Carlos Salinas la política de asistencia social experimentó una profunda transformación: del paternalismo gubernamental que naturalizaba la presencia del PRI en el poder se pasó a la depuración de los programas sociales como fuente inagotable del capital electoral del PRI. Salinas previó la necesidad de hacer explícita y aparentemente legítima esta herencia de los gobiernos federales al tricolor y al nuevo presidencialismo: la alfombra política de la asistencia social pasó de ser una certeza populista delimitada por formas de "consenso" propias de un gobierno unívoco y autoritario, a configurar toda una plataforma de efectividad electoral controlada por una retórica gubernamental que iba desde el mismo trato paternalista y clientelar de la sociedad, hasta el empleo desmedido del autoelogio, secundado por un gabinete colmado de lealtades incuestionables o con poco juego político, y por gobernadores dispuestos a movilizar todo su capital político en favor de la elección presidencial -características propias de gobiernos autoritarios que enfrentan serias dificultades ante la emergencia de imperativos democráticos.

Esta transformación anunciaba dos situaciones de fondo: por un lado, que el PRI tenía que asimilar políticamente el "susto" del 88 y la llegada de la oposición a gobiernos estatales, lo que le haría reforzar la vinculación entre el tricolor y el gobierno federal mediante la puesta en marcha de una estrategia en política social. Segundo, que la supuesta apertura política del gobierno se encontraba dispuesta a negociar todo menos el proyecto económico, el cual dependía fundamentalmente de la necesidad de un respaldo popular, masificado simbólica y políticamente por los programas sociales. Salinas con Solidaridad y Zedillo con Progresa, seguramente pasarán a la historia por ser los dos últimos presidentes amurallados en la fortaleza de una política social entendida como patrimonio presidencial y capital electoral del PRI.

Si es difícil la demostración jurídica de la impunidad con que se manejan los apoyos sociales, debido entre otras cosas a toda una lógica depurada del ocultamiento y el condicionamiento, nadie con un mínimo conocimiento del interior del país podría asegurar la inexistencia del contubernio entre el gobierno federal, el PRI y la coacción ilegal del voto, embalsamado por el uso electoral de la política social. Así, la gran tradición priista-gubernamental en el uso de los programas sociales, más que ser una certeza jurídicamente verificable -como lo quiere hacer ver la líder nacional del tricolor, Dulce María Sauri, al argumentar que si existe el acarreo, la coacción del voto y el condicionamiento de los recursos a cambio del respaldo electoral, es necesario probarlo jurídicamente-, significa la conformación de toda una estructura política con la que el PRI ha respondido a la apertura democrática de los últimos años.

Si la prueba jurídica del uso electoral del Progresa en esta campaña presidencial es silenciada por la efectividad de los operadores políticos su certeza es, sobre todo, histórica y emblemática: ¿quién podría seriamente sostener que en esta campaña el PRI no ha ejercido esta tradición política? Basta darse una vuelta por los estados gobernados por el tricolor, por los encabezados de los periódicos estatales oficialistas, por la simbólica del poder público en el interior del país -en estados como Michoacán, Tamaulipas, Yucatán y Campeche, entre otros-, muchos de los eslogans de campaña coinciden con los eslogans de obra pública de gobernadores priistas