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Antes de que sea tarde
Jaime Pontones

Foto: Emilio Velázquez/Crónica

Desde su instauración mediante la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles de diciembre de 1975, el Premio Nacional de Periodismo e Información ha estado sujeto a la polémica. Hay quienes lo han aceptado con plena satisfacción y también quienes lo han rechazado. A algunos periodistas recibir el premio los ha colocado en un problema existencial: "¿Cómo voy a recibir un premio del gobierno al que critico?", pero varios de ellos la han resuelto animados por el componente económico, actualmente de 150 mil pesos. Como Marco Lara Klahr, uno de los galardonados este año, quien entrevistado por su periódico El Universal (30/V/00) consideró que "un aspecto importante de esta parafernalia es el estímulo económico", aunque "queda siempre, de alguna manera, la duda ante el hecho de ser premiado por un gobierno donde hay corrupción y autoritarismo".

Desde que se instituyó este premio, pero de manera más evidente de dos décadas a la fecha, existe en el gremio periodístico una corriente, a la que se adscribe parte considerable de los profesionales de la información, que sostiene la postura de que los periodistas deben ser premiados "por sus pares", no por el gobierno. Y es que ciertamente produce reticencia el hecho de que el Consejo de Premiación del certamen, según lo marca la ley, esté presidido por el secretario de Gobernación y tenga como uno de sus miembros a "un representante del procurador general de la República". Los cuestionamientos a este premio han sido muchos, pero quizá el Presidente no los conocía debido a que no pertenece al gremio o sus asesores no se lo hicieron notar. En lo personal -explicó durante la ceremonia efectuada en Los Pinos donde se entregó el premio correspondiente a este año- él estaba consciente de que "hay una cierta incongruencia" en el hecho de que el gobierno otorgue reconocimientos a periodistas. Es necesario que exista, dijo el mandatario, "una clara separación entre lo que debe ser el gobierno y lo que son, deben ser los medios de comunicación en un régimen democrático". Zedillo ha estado convencido de esto aun antes de ser Presidente, pero no lo había hecho público porque no quería "que se tomara como una descortesía por parte del gobierno a los periodistas". Pero ocurrió que durante la ceremonia del Premio Nacional de Periodismo 1999-2000, Luis Javier Solana, a nombre del jurado calificador, expuso algunas de las críticas que respecto del certamen se han expresado en el gremio desde hace varios lustros y propuso que en adelante se "ciudadanice". Rápidamente, Zedillo le tomó la palabra y anunció que el Premio Nacional se "desgobiernizará", es decir, que el Consejo de Premiación ya no estará presidido por el secretario de Gobernación ni integrado por funcionarios del régimen. El monto en efectivo seguirá siendo aportado con recursos del Estado, pero ya no será el gobierno quien convoque al concurso y lo organice.

Dentro de algunas semanas, cuando comience el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, el presidente Zedillo enviará una iniciativa de decreto para reformar la ley de 1975 y cambiar los términos en que el Premio Nacional de Periodismo se entregará en los próximos años. Habrá que ver los términos de la iniciativa para medir el calibre histórico de la medida anunciada el 7 de junio.

No sabe qué hacer

Foto: Contraluz

Aunque parezca increíble, el candidato del PRI, Francisco Labastida, no sabe qué haría su gobierno con los medios propiedad del Estado en caso de ser elegido Presidente el 2 de julio. Así lo manifestó el miércoles de la semana pasada durante el "examen" sobre varios temas a que fue sometido en Radio Red y donde la experta Fátima Fernández Chriestlieb fue sinodal para el tema de comunicación.

Resulta que la plataforma electoral a partir de la cual Labastida impulsa su candidatura incluye la siguiente "propuesta": "Considerar la necesidad de reconstruir el sistema de comunicación social del Estado, ajustado a los nuevos tiempos y a sus necesidades". La frase, como puede apreciarse, es confusa, oscura. ¿Actualmente el sistema de comunicación social del Estado está destruido y hay que reconstruirlo? ¿"Ajustar" ese sistema a los nuevos tiempos y necesidades significa que el Estado va a vender o "desincorporar" medios o, por el contrario, va crear nuevos? Fátima Fernández preguntó a Labastida acerca del significado de la propuesta y ni el candidato del PRI pudo aclarar el galimatías: "Eso tendríamos que preguntarle a quien lo redactó -respondió Labastida-, yo también tengo la misma duda". Y ante el azoro de los asistentes en la cabina de Radio Red, el candidato tricolor trató de componer la situación: "En realidad, esta plataforma electoral es la que elaboró el partido antes inclusive de que yo fuera candidato". Conclusión: que el Cofipe sea reformado y se exima a los partidos de la obligación de registrar ante el IFE sus plataformas electorales, pues, por lo que se ve, no sirven para nada.

Microondas

Star Media y la agencia Detrás de la Noticia, que dirige Ricardo Rocha, firmaron un convenio para que esta última provea de productos periodísticos a ese portal de Internet, considerado el más poderoso de América Latina... La Agencia Infored, que preside José Gutiérrez Vivó, inauguró el 6 de junio sus nuevas instalaciones. En ellas se incluyen estudios y equipo de transmisión para las estaciones de AM 1320 khz y 1560 khz que pasaron a ser propiedad de Infored según el acuerdo firmado entre ésta y Grupo Radio Centro en 1998. Dejarán de ser La Consentida y Radio Variedades para asumir el formato de "radio hablada"