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Las conductas de los partidos políticos y sus candidatos a partir de que inicie la afluencia de los primeros resultados y tendencias de la votación presidencial la noche del 2 de julio puede acabar definiendo la calidad de la elección. Una autoproclama de triunfo fuera de lugar, ya sea porque no se tengan elementos suficientes para respaldar el dicho o porque se trate de una declaración voluntarista que raye en la falsedad, iría a contracorriente de todos los esfuerzos en pos de la transparencia en el procedimiento electoral que se han hecho en los últimos años. Por el contrario, la mesura, respetar a la autoridad electoral y saber esperar datos fiables, fidedignos, sería la actitud más prudente sobre todo en un escenario de votación muy cerrada.

A esta elección presidencial se llega con intenciones de voto sumamente cercanas, como indican las encuestas serias, al mismo tiempo que se han dado condiciones de la competencia significativamente más equilibradas que en el pasado (piénsese en el financiamiento público que reciben los tres principales candidatos, casi similar y superior a los 100 millones de dólares para cada uno; o tómense en cuenta los espacios que se han destinado en los principales medios de comunicación electrónica a la transmisión de mensajes y actos de campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, Vicente Fox y Francisco Labastida).

Además, está el conjunto de candados y medidas de seguridad que se han ideado, algunos hasta la redundancia, para garantizar el respeto al voto. Por ejemplo, la aprobación del padrón y de la lista nominal (el documento que finalmente se utilizará el 2 de julio en las 113 mil 704 casillas que se ha proyectado instalar) una vez que se hubieron realizado pruebas de consistencia por las comisiones de vigilancia existentes a nivel nacional, de los estados y en los 300 distritos en los cuales se divide la geografía electoral del país. Se tiene todo el proceso de selección y capacitación de funcionarios de casilla, que también fue supervisado distrito a distrito por cada partido con el fin de garantizar que quienes instalen la casilla comprueben la validez de la credencial para votar y el ciudadano sea el mismo que aparece en la foto de la lista nominal, reciban los votos y hagan el escrutinio y cómputo sean efectivamente vecinos del elector; las características de todo el material electoral, como las boletas con sellos de agua y medidas de seguridad que evitan su reproducción apócrifa, las urnas donde se depositarán los votos -transparentes, con una ranura de tres milímetros para que sea imposible depositar más de una papeleta a la vez-, y el líquido indeleble fabricado por el Instituto Politécnico Nacional y supervisado por la Universidad Autónoma Metropolitana, que se aplicará al dedo pulgar derecho de todo elector.

Entre los partidos parece haber el suficiente consenso en asumir que el llamado "ratón loco", los "tacos" de boletas, los "carruseles", la "rasurada" al padrón o la suplantación de votantes son prácticas que ya están en el museo gracias a las acciones para atajarlos que las mismas fuerzas políticas han concebido. En cambio, hay preocupación por la posibilidad de que se dé la compra y coacción del voto para alterar el resultado. Al respecto cabe decir que la probabilidad de que a través de esos mecanismos se pueda definir al ganador de la elección presidencial es prácticamente nula: se trata de delitos electorales que pueden fácilmente ser detectados (ganar un punto porcentual por la vía de la compra del voto, por ejemplo, implicaría sobornar a casi medio millón de personas, erogar cantidades extraordinarias de dinero que no pueden salir de los recursos públicos otorgados a los competidores -50 millones si, pongamos el caso, a cada elector potencial se le quiere comprar el sufragio a 100 pesos-, y hacerlo todo en secreto confiando en que esos cientos de miles de ciudadanos cumplan con su parte del contrato -votar por determinado partido y candidato- aun cuando no existe ninguna posibilidad de comprobación por parte del comprador).

Entonces, están dadas las garantías para que dentro de dos semanas de las urnas salga el Presidente que más adhesiones legítimas despertó. Pero quizá algunos de nuestros políticos aún no hayan alcanzado la madurez que suele reclamar Felipe González (que llegó a La Moncloa tras perder en una ocasión previa unas elecciones y se marchó de ella luego de una derrota de dos puntos porcentuales de diferencia): "Aceptar que uno puede perder es un acto exigible antes y después de las elecciones... eso es lo que define un sistema democrático maduro y a unos demócratas maduros".

En consonancia con la necesidad que la noche del 2 de julio fluya información comprobable y de buena fuente sobre las tendencias electorales, el Instituto Federal Electoral ha designado a las empresas Berúmen, Gallup y al Grupo de Economistas Asociados para realizar conteos rápidos sujetos a una metodología aprobada por un Comité Técnico formado por cinco especialistas en la materia. Esa noche, por tanto, además de los conteos y los resultados de encuestas a pie de urna que hagan las empresas televisoras, por ejemplo, desde el IFE se darán a conocer los datos de sus conteos rápidos y del Programa de Resultados Electorales Preliminares, y se creará así un contexto de contención y prudencia a todos los candidatos.

De un conteo rápido, que es un ejercicio de proyección estadística a partir de muestras representativas, pueden desprenderse para la elección presidencial en un país con casi 60 millones de votantes tendencias irreversibles cuando el margen de diferencia supere los tres puntos porcentuales. En caso contrario, lo que se sabrá a ciencia cierta es que no puede hablarse de un ganador hasta no tomar en cuenta los resultados del PREP esa misma noche, cuando ya haya llegado el grueso de las casillas. Se necesitarán, entonces, unas horas más de paciencia que a cambio darán una dosis mayor de certidumbre