Si gana Fox
Yuriria Sierra

En la larguísima noche que unirá al 2 y al 3 de julio, muy probablemente el hasta entonces candidato Labastida y su más cercano equipo de colaboradores estarán esperando con ansiedad y angustia los resultados preliminares de la elección presidencial. Atrás habrán quedado largos meses de campaña, de declaraciones a los medios, de entrevistas, de reuniones con cientos de grupos de priistas de todo el país, de preparativos y correcciones, de lamentos y celebraciones fugaces, de atención de las encuestas, de guerra verbal contra las oposiciones, de los pequeños y grandes escándalos contra miembros destacados del PRI. Con el flujo de los primeros resultados, las sospechas y los escenarios preelectorales se confirmarán: una pequeñísima ventaja favorece al candidato del PRI, y muchos triunfos de las oposiciones en varios distritos y estados de la República irán coloreando el mapa político que surgirá a la mañana siguiente del 2 de julio. En esas condiciones, con todo y el ajetreo postelectoral que seguramente se desarrollará entre el 3 y el 16 de julio, en un escenario habitado por tensiones, acusaciones de fraude, de revisión y hasta anulación de comicios en distritos y casillas específicas, se comenzará a forjar el programa de gobierno que pondrá en marcha la nueva élite gubernamental y política nacional, elegida democráticamente en los comicios más reñidos y cerrados de toda la historia electoral del país.

Perfilado como uno de los dos candidatos que pueden, realistamente, ganar la contienda presidencial de este año, Francisco Labastida puede ser el primer Presidente priista del siglo XXI con el que ese partido, el PRI, añadiría un Presidente más (el número 12) a su larga colección de triunfos en 66 años. Sin embargo, a diferencia de, por lo menos, diez de ellos (desde Lázaro Cárdenas hasta Carlos Salinas), Labastida se enfrenta a la posibilidad real de alcanzar el triunfo no solamente de manera más que apretada sobre Vicente Fox (tal vez con uno o dos puntos porcentuales de diferencia), pero corriendo el gran riesgo de perder dramáticamente la mayoría en la Cámara de Diputados, aunque (a menos que suceda un desastre en los próximos dos meses) no en la Cámara de Senadores. Ello colocaría nuevamente en escena el fenómeno de los gobiernos divididos que aquejan a las democracias que suelen funcionar en sistemas multipartidistas, así sean, como el caso del México postransicional, de un multipartidismo moderado.

En estas circunstancias, la capacidad de gobernación (governance) del equipo de Labastida enfrentará dos cuestiones básicas, a la par de urgentes e importantes: primero, llegar a un entendimiento político con la oposición para garantizar una razonable fluidez de las decisiones fundamentales de gobierno en su primer año de gestión; y, dos, impulsar una nuevo ciclo de reformas institucionales en el Congreso que permitan conciliar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. El primero se relaciona ver con un acuerdo inicial básico que permita formular una agenda específica para la siguiente generación de reformas institucionales que tendrán que ser discutidas y aprobadas en las dos cámaras. Sin embargo, dada la aspereza y el clima de encono que parece haberse consolidado en la turbulenta temporada preelectoral, esos acuerdos serán muy difíciles de alcanzar. La segunda posibilidad, dependiente casi totalmente de la posibilidad de un acuerdo o pacto inicial básico entre las tres grandes fuerzas políticas nacionales, tiene un sentido estratégico para construir una perspectiva de futuro a las acciones del gobierno y a los intercambios políticos entre los partidos, lo que permitiría consolidar la legitimidad y eficacia de la pluralidad política.

Hay aquí, antes y después de la elección, un clima de incertidumbre que puede generar todo tipo de comportamientos postelectorales, que hace muy difícil prever que sucederá en las primeras semanas y meses del nuevo gobierno. La beligerancia del foxismo y la descalificación del cuauhtemismo generarán, muy probablemente, algo parecido a la ingobernabilidad, esa pesadilla de todo gobierno elegido democráticamente. Sin embargo, es también posible esperar, si los resultados son claros aunque reñidos, un cierto umbral de civilidad política que permita al equipo de operación política de Labastida y, por supuesto, a Labastida mismo, cierto margen de maniobra para construir un acuerdo político postelectoral que garantice una gobernabilidad "normalizada" y señale rutas de acuerdo para la reforma institucional, que incluirá, muy probablemente, nuevas reformas constitucionales.

Entre estos extremos existen varios escenarios posibles, que se configurarán de acuerdo con las interacciones políticas y el ajuste mutuo entre los actores políticos de la postelección. La fuerza de los votos de cada agrupación será la variable estratégica para los cálculos políticos y la elaboración de posibles combinaciones. Las agrupaciones que conforman las dos alianzas que compiten electoralmente -"por México" y la de "por el Cambio"-, con Cárdenas y Fox a la cabeza, respectivamente, tendrán que decidir sobre un dilema: denunciar un gigantesco fraude electoral para descalificar el proceso, o aceptar los resultados impugnando distritos e inclusive algunos estados específicos. El primero parece una decisión improbable dado el enorme costo que tendría para las oposiciones un enfrentamiento con el árbitro electoral, el IFE, al que hasta antes de las elecciones habían reconocido como un árbitro imparcial, honesto y confiable. La segunda posibilidad incluye la consideración de los resultados que tendrán los comicios en las elecciones locales del DF y otras entidades del país, donde un carro completo priista resultaría altamente sospechoso para el PAN y el PRD.

Foto: Contraluz

La referencia histórica ineludible para que el PAN y el PRD (y sus respectivos aliados) tomen alguna decisión en uno u otro sentido es la experiencia de 1988. Ahí, con el ascenso electoral del Frente Democrático Nacional encabezado por Cárdenas, el PAN elaboró una estrategia de oposición funcional en el régimen político, una estrategia explicable, entre otras cosas, por el maximalismo del FDN y su candidato, que descalificaron todo el proceso electoral y que durante todo el sexenio salinista, una vez convertidos en PRD, utilizaron como reclamo para crearse una identidad política propia. Los saldos de esas dos trayectorias políticas, a mediados de los años 90, fueron muy claros: el PAN se convirtió como el gran "partido-bisagra" de la transición política mexicana, lo que le permitió consolidarse como el segundo partido más importante del país y como una opción confiable para muchas franjas de las clases medias y populares de la sociedad mexicana. Ello le trajo triunfos en varios estados y municipios del país. El PRD, por su parte, atrapado entre la necesidad de crecer electoralmente como partido, y el discurso maximalista del neocardenismo alimentado por su feroz antipriismo, pagó una factura altísima: baja credibilidad electoral y sistemática exclusión de muchas grandes decisiones políticas y elecciones locales. Para aquellos que creían, a principios de los 90, que la transición política mexicana tenía cara de Cuauhtémoc, al final de la década tuvieron que reconocer que el neocardenismo había lanzado una apuesta desmesurada y a fin de cuentas fallida por el derrumbe del sistema.

La centralidad que adquirió la dimensión electoral en la transición política mexicana obliga a los actores a disputar la legitimidad de sus reclamos y propuestas. Si ya en las elecciones presidenciales de 1994 y las elecciones federales de 1997 la alta conflictividad postelectoral típica del periodo del salinismo se había desvanecido -en buen medida como producto de las reformas político electorales de 1994 y 1996, que terminaron en la "ciudadanización" del IFE-, existen buenas razones para pensar que la elección de este año terminará exitosamente, dados los enormes candados que ha construido el IFE para asegurar confiabilidad y transparencia en el proceso electoral, y la atención de los partidos y muchos organismos nacionales e internacionales sobre los comicios. Sin embargo, dado el cerrado equilibrio que se perfila entre las candidaturas del PAN y el PRI, el triunfo de cualquiera de ellos convertirá a la arena postelectoral en un club de pelea, donde cada voto en cada distrito y en cada entidad federativa será analizado con lupa por los partidos y el IFE, lo que implicará poner en marcha la enorme maquinaria postelectoral del IFE, que incluye, de manera central, el Tribunal Federal Electoral.

Si el PRI gana la Presidencia de la República, la posibilidad de crear una gran alianza oposicionista postelectoral entre el PAN y el PRD, junto con muchos de sus partidos, asociaciones y organizaciones coaligadas, será una apuesta del perredismo, el petismo y partidos como el PCD de Camacho. Para el PAN y el foxismo, la tentación de crear parte de una suerte de movimiento que se verá a sí mismo como "antirreeleccionista" será muy grande, pero se verá limitada, o contenida por la posibilidad de que, efectivamente, el PAN y la oposición logren una mayoría legítima y reconocida en la Cámara de Diputados. Frente a esta posibilidad, el PRI invocará la legitimidad de los comicios y de sus resultados, basado en la defensa del IFE, y con la posibilidad de aliarse con organizaciones como el PARM y, probablemente, el PDS, para argumentar la legalidad de los resultados electorales reconocidos por el árbitro electoral.

Paralelamente, el equipo de Labastida tendrá que trabajar en dos frentes claves: por un lado, intentando formular un acuerdo político nacional con las principales fuerzas de oposición y, por otro, consolidar la separación entre el Estado y el PRI, fuente principal de acusaciones, reclamos y sospechas por parte de las oposiciones. En ambos frentes la situación es, vistas ex-ante de la elección presidencial, verdaderamente complicada. Lo primero exige voluntad política y capacidad institucional para garantizar la inclusión de los intereses políticos de las oposiciones, como condición para asegurar un margen mínimo de maniobra del gobierno labastidista. Lo segundo implica un reajuste de las relaciones entre el PRI y el gobierno, que asegure un nuevo arreglo entre el partido hegemónico y la élite gubernamental, que pasa por una revisión de su enmohecido corporativismo y la "ciudadanización" del partido fundado por Plutarco Elías Calles en 1929.

El desarrollo de esta estrategia bifronte implicará un conjunto de tensiones potencialmente corrosivas para el gobierno labastidista y para su partido. El principal costo político del proceso estará centrado en la posible disminución de la capacidad electoral del PRI en los comicios estatales y en las elecciones federales del 2003. Pero el principal beneficio puede ser la operación eficaz de instrumentos de gobierno que permitan incrementar a Labastida y al PRI legitimidad y prestigio electoral por la vía del desempeño gubernamental.

Pero más allá de los escenarios políticos primarios de la postelección, Labastida y sus asesores y futuros miembros del gabinete encontrarán una agenda cargadísima de cuestiones que implican tematización, formulación de prioridades y acciones concretas, políticas públicas y decisiones políticas y de política. Algunas se relacionan con la economía y las finanzas, otras con las cuestiones sociales clave de su campaña y temas circulares de la sociedad mexicana (pobreza, educación, salud, empleo y vivienda), y otras más con el diseño de nuevas reformas y estrategias de política exterior y de política interna que impriman un sentido de futuro a su gobierno. ¿Qué es lo que se puede esperar de ello?

Por supuesto, la plataforma electoral es la antesala del programa de gobierno que propondrá Labastida. Aunque ningún candidato en el mundo está obligado a aplicar puntualmente su programa, ni existen mecanismos institucionales para que los partidos que triunfan cumplan efectivamente sus promesas de campaña, la plataforma electoral es un referente importante para perfilar el futuro desempeño de un hipotético gobierno labastidista. Aquí, integración económica y globalización, democracia política y consolidación del sistema electoral, ataque a la pobreza y sustentabilidad, incremento a los recursos destinados a la educación, vivienda y salud, junto con la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, así como el incremento de los esfuerzos por sanear los cuerpos de seguridad y la procuración de justicia como medios para abatir los altos índices de delincuencia, seguramente formarán parte medular de los objetivos de gobierno del ahora candidato del PRI.

Sin embargo, las cuestiones "calientes" consumirán seguramente la atención y los recursos del nuevo gobierno. Y existen por lo menos tres grandes "racimos" de cuestiones que deberán ser enfrentadas en los primeros meses de manera ineludible por el gabinete, el Congreso y el PoderJudicial. Por un lado, la que se refiere a la estabilidad económica en un contexto internacional sacudido cíclicamente por recesiones, crisis y volatilidad financiera. Por otro, la cuestión política, específicamente la referida a la conformación de un Congreso opositor y la cuestión de las relaciones con los estados y municipios. Y finalmente, pero no al último, la cuestión social, signada trágicamente por dos asuntos de la mayor importancia para el gobierno: la inseguridad y la pobreza.

Chiapas y la UNAM, gobierno del DF y Cámara de Diputados, narcotráfico y aparato de justicia son ya las cuestiones pendientes y urgentes que tendrá que afrontar inmediatamente el nuevo gobierno. Pero existen muchas preguntas a las que el labastidismo deberá colocar ágilmente respuestas e hipótesis: ¿cómo diseñar políticas contra la pobreza con la enorme debilidad extractiva del Estado? ¿Qué condiciones políticas son necesarias para construir una gobernabilidad democrática? ¿Qué nuevo tipo de acuerdo con los sectores productivos es mínimamente necesario para que las reformas de mercado sean compatibles con la búsqueda de la equidad y el combate a la desigualdad y la pobreza? ¿Cómo llegar a un acuerdo con la oposición para garantizar legitimidad y eficacia en la toma de decisiones? La manera como el nuevo gobierno aborde estas cuestiones perfilará, con certeza, la forma como puede imaginarse un futuro menos sombrío que el que arroja, aquí y ahora, un escenario plagado de las polarizaciones, ambigüedades e ilusiones que genera todo proceso electoral, al calor del extraño coro formado por los cantos de las sirenas y los tambores de guerra preelectorales