por los caminos de sancho
López Obrador
sin idea del DF
Renward García Medrano

en campaña
Faltas de ortografía
Jaime Ramírez Garrido

barandal
Entre el 2 y el 3 de julio
Ciro Murayama

Labastida, Cárdenas y Fox Foto: Alfredo Estrella/Ave

Si se quiere pensar en la posibilidad real del deterioro institucional, particularmente en materia electoral, basta con mirar hacia Venezuela y Perú. Si lo que se desea es imaginar la posibilidad de hacer un recorrido en reversa de nuestro reciente desarrollo político, hay que observar lo que ha pasado en esos dos países latinoamericanos.

No es broma ni tampoco este argumento tiene que ver con las promociones del miedo que algunos, consciente e inconscientemente, proyectan cuando faltan menos de 30 días para las elecciones del 2 de julio. Se trata de dos casos verificables. Se pueden documentar y, por eso mismo, debemos llamar la atención.

En momentos en los que algunos de los principales actores de la contienda electoral elevan la voz y el tono de sus afirmaciones se vuelve agresivo, cuando solamente faltan alrededor de 30 días, lo menos que habría que pretender es, precisamente, que las cosas salgan lo mejor posible. Y esto es lo que, hasta ahora, no se logra ver en la mayoría de las actitudes, los dichos y los gestos de los principales contendientes.

Por eso y más, resulta necesario que quienes tienen posibilidades reales de influir en el curso de las campañas hagan hasta lo imposible por retomar un cauce democrático que, en cualquier condición, debe empezar por respetar la ley y sus mandatos. Esa es la referencia principal para todos y de ello no debería existir ninguna duda, particularmente en el terreno electoral.

Entre quienes tienen esas posibilidades, los medios de comunicación podrían ser los privilegiados del momento. Sin embargo, existen suficientes datos como para poner en duda por lo menos su disposición para hacerlo. En varios casos, lo que se logra intuir, y en otros hasta demostrar, es que hay compromisos reales con algún candidato a sus soportes sociales y políticos y, en otros, una vocación irrenunciable por la confrontación y, como se dice comúnmente, por el amarre de navajas.

En el centro de lo que está pasando con la situación política general y electoral en Venezuela y Perú con Fujimori y Chávez, se encuentra la posibilidad del retorno al pasado. Los dos casos son ejemplo de que se puede retroceder cualquier proceso democratizador, que el regreso a etapas supuestamente superadas en definitiva, es posible. Y si se revisa el panorama internacional, más allá de nuestra región, casos similares o en peor situación, se podrán encontrar en suficiente número.

Por eso hay que seguir insistiendo en la necesidad y la posibilidad de que los principales actores del proceso electoral en curso y, también de la política nacional, asuman las responsabilidades que a cada cual les corresponde. Es mejor contribuir a la previsión y al señalamiento de posibles focos rojos, antes que a la lamentable situación de los hechos consumados.

Ejemplos sobran para llamar la atención. Lo que no sabemos es si para los actores principales, en particular para candidatos y partidos, sucede lo mismo. El respeto a la norma, el apego y cumplimiento de la ley es, entre otras cuestiones, lo que nos identifica o deja de hacerlo, con la democracia. Los estatutos jurídicos existen para normar la vida de la sociedad y no está -o mejor dicho, no debería estar- sujeta a negociación alguna. El Estado de derecho es algo que, por múltiples razones, ha quedado en cuestión en nuestro país. De esto nos quejamos a diario y también cotidianamente nunca falta que los dirigentes políticos, en el marco de la pluralidad real, se comprometan con él.

Pero el hecho es que la lucha por lograr un verdadero Estado de derecho sólido y eficaz sigue siendo de una actualidad incuestionable. No basta con que se diga a diario que se tienen compromisos claros con la ley, sino que es indispensable que tales afirmaciones se conviertan en parte de la vida cotidiana.

Hoy, a un mes del 2 de julio, lo que más está haciendo falta es un compromiso explícito con la ley, con los estatutos jurídicos que nos rigen. Los primeros en hacer lo deberían ser los principales actores del proceso electoral en curso. En concreto, se trata de que los gobiernos, los partidos políticos y los candidatos hagan explícitos sus compromisos.

La preocupación compartida por muchos, expresada generalmente a través de los medios masivos, no es otra que aquélla que apunta a la gobernabilidad y, antes, a la aceptación de los resultados.

En un país donde se han dado procesos tangibles de debilitamiento de instituciones básicas y claves del desarrollo nacional convocar a compromisos entre los actores políticos principales y de cara a la sociedad, es todo lo que se quiera menos una aventura irresponsable, particularmente por los momentos que está atravesando. Y esto es precisamente lo que está haciendo falta independientemente de las modalidades que pueda adquirir su expresión política. En este caso, como en tantos otros, para pedirle o exigirle a la sociedad, primero habrá que darle. Los principales tienen la palabra