¿Es posible la
derrota del PRI?
Guadalupe Pacheco Méndez

Alerta roja
Carmen Aristegui

Por qué votar por él
Dulce María Sauri Riancho

Un año en campaña
Joy Langston

El prisionero
Yuriria Sierra

Gane quien gane, las elecciones del próximo 2 de julio constituirán un parteaguas en la vida política del México contemporáneo. Tres cuestiones explican la trascendencia del suceso en puerta. En primer lugar, por la propia obsolescencia de un régimen que, a partir del segundo lustro de los años 30, sustentó su hegemonía política en los tres rasgos que delinearon su carácter seudodemocrático: el presidencialismo, el corporativismo y el partido de Estado. En segundo lugar, porque el país ha cambiado radicalmente en las últimas décadas gracias, sobre todo, a la emergencia del movimiento contestatario de 1968, a las sucesivas reformas electorales, al fortalecimiento y triunfo electoral (en estados y municipios) de los partidos políticos de oposición, a la emergencia y combatividad mostrada por los movimientos sociales y al esfuerzo de los medios de información por conseguir una creciente autonomía y una mayor capacidad crítica frente al poder del Estado. El cambio de circunstancias ha sido tan notable que, no obstante la continuidad en ciertos vicios y lacras propios del sistema político mexicano, sería insensato negar que el país ha vivido en los últimos tiempos un lento y difícil (con demasiados vaivenes) tránsito hacia una estructura política más democrática y competitiva. En este paso adelante no puede soslayarse el papel nodal que han desempeñado el actual Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial y los organismos de observación de los sufragios. En tercer lugar, debe subrayarse que por primera vez en más de 70 años es posible que ocurra un triunfo, plenamente legalizado y legitimado por las actuales instancias electorales, de un candidato al Poder Ejecutivo que no pertenece a las filas del PRI.

Este es, sin duda, el contexto donde deben ubicarse los retos políticos que enfrenta hoy Francisco Labastida, candidato del partido que ha gobernado a México desde 1929. Se trata, ciertamente, de un espacio y un tiempo históricos en los cuales la victoria electoral no sólo no está garantizada sino que, para colmo, la propia condición de ser el aspirante priista a la Presidencia parece acarrearle al sinaloense más desventajas que puntos en su favor. En otras palabras, lo que antes representaba un pasaporte infalible al triunfo electoral, ahora puede significar un temible handicap. Puestos en una balanza, quizá a la postre acaben pesando más los estigmas que lleva consigo Labastida por ser el candidato del PRI que el valor de sus propios méritos personales o las facilidades y ventajas que aún le proporciona el aparato gubernamental puesto a su disposición.

Entre los aspectos que se contabilizan en provecho de Labastida, mismos que todavía lo mantienen como el candidato a vencer, cabe referirse a cuestiones tan diversas como: a) los buenos resultados macroeconómicos conseguidos por el gobierno zedillista, sobre todo en los rubros de crecimiento económico, control de la inflación, equilibrio de las finanzas públicas y aumento de las reservas monetarias (éxitos que pierden parte de su efectividad al ser analizados a trasluz de asuntos como el fuerte déficit comercial, la enorme deuda del Fobaproa, la dependencia excesiva de los ingresos petroleros, la sobrevaluación del peso y los magros recursos que ingresan a la Federación vía impuestos); b) la existencia de avances democráticos significativos, producto de negociaciones con los partidos políticos y de las movilizaciones de las ONGs, como la reforma electoral de 1996 (origen del actual IFE), la existencia de una Cámara de Diputados donde la oposición formó mayoría a partir de las elecciones de 1997, los discretos pasos hacia la consolidación de un Poder Judicial más autónomo respecto del Ejecutivo, y el respeto en lo general a las libertades de sufragio, expresión y manifestación de los ciudadanos; c) los intentos encaminados a superar la añeja tradición del dedazo directo e inapelable del Presidente en favor de su sucesor, mediante una elección interna para escoger el candidato a la silla presidencial por parte del PRI (experiencia más democrática pero no del todo satisfactoria, dadas las muchas evidencias que inclinaron la cargada priista en respaldo del favorito de Zedillo: Francisco Labastida), así como el reciente fortalecimiento de los comités estatales y de los candidatos regionales que, a la hora de la designación de candidatos del partido, ha modificado la imposición vertical de los órganos centrales; d) finalmente está la personalidad del propio candidato, un individuo austero, de amplia experiencia en el servicio público, con carácter (sin la grisura de Miguel de la Madrid pero sin la megalomanía de Echeverría, López Portillo y Salinas), que no pertenece propiamente al clan tecnocrático, y que en un principio apeló atinadamente a la necesidad de construir un "nuevo PRI", entendido éste como un partido alejado de las corruptelas salinistas, distanciado de las prácticas antidemocráticas y corporativas, divorciado de las prebendas gubernamentales y cuyo futuro inmediato dependía de convencer a la población y a la generación emergente de políticos jóvenes de que realmente se estaba dando una mutación hacia un instituto político moderno, independiente del gobierno, competitivo en sí mismo, y con un proyecto de nación de cara al ineludible proceso de globalización económica.

Y entre los asuntos que navegan en contra de un posible triunfo electoral de Labastida, sobresalen los siguientes: 1) el hartazgo de la mayoría de la población, representada principalmente por los votantes de mayor escolaridad, frente a la asfixiante hegemonía priista de más de siete décadas (debe recordarse que el voto antiPRI se expresó masivamente en 1988, pero en esa época no era posible revertir legalmente los sesgados cómputos oficiales); 2) la caracterización política, en el imaginario social de buena parte de la población, de que el PRI sigue siendo el mismo de siempre y, por lo tanto, sinónimo de impunidad, corrupción, prepotencia, antidemocracia, clientelismo, etcétera; 3) la situación de miseria extrema, alto índice de desempleo y marginación social que padecen las grandes mayorías del país, así como la escasa movilidad social de las clases medias que no han visto reflejados en sus ingresos los éxitos macroeconómicos; todo esto, hay que agregar, ha corrido paralelo a la creciente concentración de la riqueza en manos de una plutocracia que actúa en connivencia con la clase política gobernante; 4) por último, ante un panorama signado por el ascenso de Fox y el descenso de Labastida en las más recientes encuestas, el equipo de asesores del sinaloense incurrió en varios errores muy costosos. Particularmente contraproducente ha resultado la decisión de soslayar la sugestiva propuesta de un "nuevo PRI" y optar por el auxilio de políticos desprestigiados y bajo sospecha por sus presuntas o reales ligas con el narcotráfico y el salinismo o identificados con la esclerosada maquinaria priista y sus peores lacras, tales como Bartlett, Manlio Fabio Beltrones, Roque Villanueva, Federico Ortiz Arana, Hank González, etcétera. (¿De dónde sale el dinero para pagarle a tanto ex funcionario de alto nivel, incorporados hoy a la campaña labastidista?) Igualmente resultan de suyo incongruentes con el proyecto de construir un "nuevo PRI" tácticas tan arcaicas como la compra y coacción del voto mediante los programas sociales de Progresa, el uso de los presupuestos públicos y la convocatoria reciente hecha a funcionarios priistas con el fin de conseguir adhesiones políticas de cara a las elecciones (una práctica criticable en la cual incurren también los gobiernos del PRD y el PAN) y el recurso de la difamación y la guerra sucia desde la misma Secretaría de Gobernación en contra de opositores políticos, como sucedió con el affaire Labra-Muñoz Ledo.

Foto: Salvador Castellanos/Silva

Además de los grandes retos que enfrenta Labastida por ser el candidato de un partido enquistado por demasiado tiempo en el poder, igualmente tiene que arrostrar los desafíos y la competencia real que en esta coyuntura electoral del 2000 representan los distintos candidatos opositores. El riesgo más perceptible toma cuerpo en la figura de Vicente Fox, candidato del PAN y del Partido Verde (¿era necesario aliarse con una fuerza política tan desprestigiada, que utiliza la bandera ecologista para insuflarle vida al negocio familiar?). Se trata, sin duda, de un hombre ambicioso, carismático, aguerrido, que lleva varios años en una inusitada campaña política en pos de la silla presidencial. A la fecha, no hay dudas, ha conseguido pasos importantes en ese camino: creó una estructura propia y masiva denominada "Amigos de Fox", consiguió imponer su candidatura al aparato panista, y ha logrado capitalizar en su favor a buena parte del heterogéneo electorado antipriista (como Cárdenas en 1988). No obstante evidentes defectos: su limitada formación cultural, su carácter impulsivo y su proclividad a los desplantes populacheros, Fox enarbola hoy la más atractiva de las banderas: la posibilidad y la necesidad de la alternancia política, elemento indispensable de todo sistema democrático. Por sus excesos y contradicciones, cabe preguntarse si es el hombre adecuado para tan importante encomienda política (el fantasma de un caudillismo a lo Fujimori o a lo Chávez acentúan el interrogante); pero también es cierto que gracias a su propuesta de formar un gobierno de transición, que sea incluyente y plural, su candidatura está siendo apoyada incluso por intelectuales de izquierda que, aunque no comparten su ideología conservadora, le han concedido el beneficio de la duda y han apostado a su triunfo como un medio para terminar de tajo con el viejo sistema y dar paso a un régimen plenamente democrático. Más allá del penoso oportunismo político, la cargada para sumarse en apoyo del que se advierte con posibilidades de triunfo, serán los electores indecisos y no el voto duro los que determinarán quién será el triunfador el 2 de julio.

Respecto de Cuahutémoc Cárdenas deben puntualizarse dos cuestiones: 1) que aunque ha repuntado en la intención de voto según las últimas encuestas, sus costosos errores políticos (la mediocridad de su gestión en el gobierno del DF, la falta de renovación y modernización de su proyecto ideológico-político, y su perfil caudillista patente en la forma como subordina al aparato partidario en la imposición de candidatos) lo sitúan fuera de cualquier posibilidad de triunfo, y 2) que a pesar de la importante contribución legada por Cárdenas y el PRD al proceso de transición democrática del país, hoy se encuentran muy distantes de representar la imagen de una izquierda moderna, debido a la crisis institucional del PRD que no ha sabido crear una opción partidaria homogénea, al margen del clientelismo, los fraudes internos, el oportunismo político y la intolerancia (esta actitud de pureza y de maniqueísmo ideológicos: acusar al PRI y al PAN de ser lo malo y lo mismo, a sabiendas que el PRD intentó una gran alianza con los panistas, y siendo un hecho que varios de los líderes perredistas militaron en el PRI durante los peores años del populismo y el autoritarismo priistas). Sería una siniestra paradoja que, dada la repartición de los votos de la oposición, el PRD terminara (aliado con partidos de dudosa reputación como el PT, con organizaciones sin representatividad real y con los herederos del sinarquismo) contribuyendo a la victoria de Francisco Labastida.

De los otros candidatos restantes, Muñoz Ledo, Camacho y Rincón Gallardo, destaca este último, sobre todo después de su sorpresivo éxito en el debate de abril. Varios factores contribuyen a explicar ese vertiginoso ascenso del Partido Democracia Social como una opción política atractiva para el electorado: 1) el planteamiento de que la centro izquierda mexicana debe aglutinarse en torno de un proyecto de nación identificado plenamente con la socialdemocracia; 2) la reivindicación explícita de las demandas sociopolíticas tanto de las minorías como de los movimientos sociales alternativos, con objeto de darle cauce político-electoral a una fracción enorme de los votantes que actualmente no se sienten representados por los partidos tradicionales (desde esta perspectiva, concerniente al discurso que apela a la expresión alternativa y tolerante de los ciudadanos, la candidata ideal del PDS era Patricia Mercado); 3) prescindiendo de los ataques políticos a este partido por su supuesto origen espurio, cosa difícil de probar dada la trayectoria ética y de lucha de Rincón Gallardo, quizá su postulado más sugestivo sea la tesis de que la actual transición política no tiene por qué dirimirse en estas elecciones del 2000. En efecto, para este nuevo instituto político lo más significativo es consolidar una opción partidaria nacional de centro izquierda, la cual se constituya, por un lado, como una alternativa política a mediano plazo y, por otro, como un contrapeso efectivo frente a la hegemonía priista o ante el eventual triunfo de la plataforma conservadora.

Tal como puede colegirse, son muchos y muy diversos los desafíos que tiene ante sí Francisco Labastida y la clase política gobernante. Ahora bien, ocurra la alternancia o no este 2 de julio, lo que resulta conveniente enfatizar es la urgencia de consolidar una nueva cultura política en el país cuyos ejes sean: por una parte, aprender a ganar y a perder elecciones respetando siempre la normatividad democrática y, por la otra, emprender una labor conjunta de moralización y secularización del quehacer político como presupuesto esencial para construir una convivencia ciudadana más libre y civilizada