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No se trató ni podría haber sido un acto masivo; tampoco fue una conferencia de prensa de ésas que levantan revuelo cuando el líder del PCD advierte de una más de sus denuncias contra el régimen. En esta ocasión, no asistimos a un recorrido suyo por calles de la ciudad de México o algún estado de la República. Pero tal vez por todo eso que no fue, valió la pena el acto que nos convocó el 17 de mayo en una vieja y fresca casona de por allá de la Del Valle.

Son las 12 del día y los representantes de los medios de comunicación ya están instalados. Somos 28 y apenas cabemos. Llegan puntuales Sergio Aguayo y Manuel Camacho Solís junto con los representantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Habla Juan Antonio Vega, director de la fracción de los cristianos para la abolición de la tortura. "Sin derechos humanos, no hay democracia", dice. Y advierte que en esa materia es imprescindible asegurar los derechos a la verdad y a la seguridad, a un juicio justo, a la equidad social, a la información y a la rendición de cuentas, así como el derecho a defender los derechos humanos. Vega considera que todo eso es de "fácil compromiso para traducirse en políticas concretas o en una discusión amplia porque (señala para quien no se había fijado) no somos poseedores de la verdad en materia de derechos humanos". Enseguida propone ampliar la protección de toda persona privada de su libertad; reestructurar al Ministerio Público y lograr mejores condiciones salariales y de capacitación a sus integrantes e incluir los contenidos y los instrumentos internacionales en materia de justicia aceptados por nuestro país; establecer controles de los ciudadanos en materia de seguridad pública y fijar límites a la jurisdicción militar.

De pronto, entra una joven periodista que no parece advertir que llegó tarde, incluso su actitud es como si ella misma fuera el centro del acto. (Así como distrajo a este cronista ocurrió lo mismo con los demás, quienes aprovecharon para saludarse uno con otro menos al que estaba dormitando.) La muchacha se para a media sala, contonea el cuerpo y saluda a los colegas, camina hacia el lado extremo para saludar al director de comunicación social del PCD y luego se sienta cruzando la pierna y descansando ahí la libreta para comenzar los apuntes. Es Mayra Aguirre, reportera de El Universal. Todo eso mientras habla la coordinadora de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos en Chihuahua, Altagracia Villarreal. Gracias a la grabadora, este cronista pudo recuperar textual los instantes robados.

Villarreal aborda el derecho a la reparación del daño y al de la readaptación social. Habla de la necesidad de reformar la ley del sistema penitenciario para, entre otras cosas, restituir a la víctima mediante la reparación del daño material y moral. La justicia, afirma, ha de entenderse como una restitución y no como un castigo. Además, dice, debe considerarse que la prisión es el lugar para restituir la dignidad de quien delinque y para eso debe restablecerse la inmediatez de la garantía de la libertad caucional, desechando cualquier criterio discrecional para su otorgamiento, particularmente el concepto de peligrosidad social. Cree que se debe promover la conmutación de penas a partir de criterios que garanticen la igualdad de oportunidad a los presos y pensar en otras penas para disminuir la sobreexplotación en las cárceles y garantizar a las personas privadas de su libertad los derechos a la educación, a la salud y al trabajo, entre otros.

Se refiere luego a los derechos de los indígenas, critica al gobierno por ignorar los "Acuerdos de San Andrés". Habla en nombre de los indígenas: "Ellos quieren ser nuevos sujetos sociales y jurídicos (...) Entonces, hay que fortalecer la autonomía municipal y contemplar otras formas de organización política (...) para que participen en el gobierno, mediante representaciones libremente elegidas o de usos y costumbres o por las vías que los pueblos quieran".

Otra joven coloca su cámara fotográfica en la nuca de Manuel Camacho, la acerca a su mejilla y a su nariz, la acerca mucho, casi podría jurar que toca el rostro del candidato; la duda es por qué Camacho ni suda ni se inmuta. Atiende a Edgar Cortés, presidente del Centro de Derechos Humanos Luis Miguel Agustín Pro Juárez de la ciudad de México, quien comenta que la militarización "ha venido creciendo en el país". Propone la eliminación del fuero de guerra para que los militares involucrados en la violación de derechos humanos sean investigados y juzgados en tribunales civiles. Enseguida se refiere a los defensores de los derechos humanos y del hostigamiento y amenazas de que, afirma, son objeto.

Habla de nuevo Juan Antonio Vega, le gusta estar en el micrófono y se extiende varios minutos para expresar su satisfacción porque el jefe de las Fuerzas Armadas afirmó que sus integrantes podrán ejercer libremente el derecho del voto. Al fin entrega a Manuel Camacho la agenda que proponen.

Los periodistas se desesperan. ¡Foto, foto, foto!, grita uno, háganse más pa` ca, dice otro encaramado en la cámara de video, ajustan sus asientos los demás. Clic, clic y más clic. Habla Sergio Aguayo. Elogia a los integrantes de "Todos los derechos para todos" e informa que los miembros del partido elaboraron un programa que recoge todos los puntos expuestos por ese organismo.

Casi diez minutos después, toca el turno a Manuel Camacho. Y es más de lo mismo: elogia a sus visitantes y les dice que encuentra "todas las coincidencias" para hacer la "gran reforma judicial que México necesita". Debe acabarse con los fueros, señala como ejemplo y afirma que la lucha por los derechos humanos significa perseguir un nuevo orden político. Es el más breve. Pero acaso también el más perspicaz porque cuando ya se estaban levantando todos advierte que ahí están para recibir los cuestionamientos que sea.

Toma la palabra aquella muchachona que llegó tarde. Mayra Aguirre pregunta a Camacho cuáles serían las violaciones de derechos humanos más persistentes. El candidato habla de retenes y detenciones fuera de la ley y pone como ejemplo a Acteal y Aguas Blancas y luego asegura que el gobierno carece de una estrategia para lograr la paz. Le preguntan sobre la propuesta de Francisco Labastida de establecer cadena perpetua a secuestradores, homicidas y violadores. Contesta primero Edgar Cortés. Afirma que en los hechos el gobierno no ha avanzado en el abatimiento de la inseguridad y dice que la propuesta del candidato del PRI refleja un desconocimiento del problema.

Otra vez Camacho: "El combate a la inseguridad no debe hacerse ni con más armas ni con más policías". La impunidad viene de las complicidades del régimen, dice. Al referirse a la propuesta de Labastida afirma que esa es "una especie de calmante o de amenaza, dependiendo de para quién vaya dirigido". Minutos más tarde participa un reportero de Crónica, Mauricio Juárez: "El nuevo orden económico al que se refiere se podrá establecer a partir de un cambio de régimen (...)" pero es insuficiente porque...

Entonces escuché de nuevo la grabación; no me había perdido la propuesta del nuevo orden económico. Manuel Camacho respondió como pudo a una no pregunta mediante lugares comunes, advirtiendo que la mejora en las condiciones de vida de los habitantes es importante como un factor de la lucha contra la delincuencia.

Termina el acto. Para Ripley, Camacho sonríe. Y saluda al cronista que platica con el director de comunicación social, David Gaxiola, quien le asegura que su candidato no declinará en favor de Fox. Llega Mayra Aguirre para pedirle a Gaxiola una copia de todos los documentos y el nombre y el cargo preciso de las personas que asistieron. Le dice también que no podrá entrevistar a Camacho porque el fotógrafo no llegó. Se suman más reporteros para pedirle información o un boletín. Amable, Gaxiola se disculpa con ellos y ellos se van enojados. "Yo no registré lo que dijeron", se queja uno en voz baja y sale de la casa

Marco Levario Turcott es subdirector de etcétera.
Correo: mlevario@etcetera.com.mx